RAFAEL GROOSCORS CABALLERO, LAS CONDICIONES , CASO ELECCIONES EN VENEZUELA

   

     La última caprichosa decisión del CNE, la “paridad de género”, para someter a los participantes en la próxima contienda electoral del 6 de Diciembre y elegir el nuevo “Parlamento” venezolano, excede, en mucho, la comprobación de que la ciudadanía y la voluntad popular soberanas, en nuestro país, vienen siendo burladas y humilladas, cruelmente, por quienes ocupan los cargos de dirección de las más importantes instituciones del Estado. Determinar el sexo como cualidad básica para ser candidato a Diputado, no sólo es absurdo, ridículo e injusto --¿y el tercer sexo?--  sino que viola principios claramente definidos en la Constitución vigente, en cuanto a las cualidades exigibles a quienes aspiren a ser legítimos representantes del pueblo. Pero esto es lo último en una ya larga cadena de imposiciones que el gobierno, en cualquiera de los llamados “poderes públicos”, le ha colocado sobre los hombros a la dignidad popular y a la democracia, envileciendo su esencia y anulando los resultados y consecuencias de su participación.

         No nos cansaremos de repetir, con obstinación, que desde 2004, a los efectos del “famoso” Referéndum Revocatorio, el régimen se preparó para ganar todas las contiendas y para no entregar jamás el Poder. La contratación, sin licitación, del sistema automatizado “Smartmatic” y las capta-huellas, simultáneamente con la “elaboración” de un nuevo registro de electores (REP), fueron decisiones que anclaron el fraude, desde el principio, a los fines de la eternización en el Poder del grupo gobernante, sin que, en ningún momento, la “oposición” de turno protestara, como se merecía, tal violación de la naturaleza y esencia de la democracia, tal cual la proclama la Constitución de 1999. (Constitución que, por lo demás, surge de una consulta popular, no prevista en el orden legal de entonces, para propiciar un “proceso constituyente”, al que respondió afirmativamente apenas el 27% del electorado). Casi por arte de magia, de finales del 2003 a comienzos del 2004, “aparecieron”, en menos de seis meses, unos Dos Millones de “nuevos” electores, lo que constituía un “incremento” de mucho más del 15% de la data registrada para entonces, ¡en menos de un año!. La “oposición”, desde luego, hizo una “auditoría” a esta sobrepoblación de electores, aplicando el método de muestreo, prácticamente dirigida por las propias autoridades del CNE y llegó a la conclusión de que el hecho más bien destacaba el “crecimiento del espíritu de participación ciudadana” en los procesos electorales venezolanos. Un abogado amigo, miembro de la Consultoría Jurídica del CNE para entonces, --nombre que no revelamos para evitar injustas represalias--  nos confirmó que de una investigación interna, realizada por el mismo cuerpo sobre las pruebas filiatorias de los cedulados, se había encontrado que hay casi Tres millones de venezolanos, inscriptos en el REP y portadores de Cédula de Identidad, no estaban respaldadas ni por Partidas de Nacimiento, ni Actas de Naturalización, ni ningún otro tipo de documento que determinese su legalidad ciudadana. Posteriormente, cuando se generalizó el sistema de las capta-huellas y otros adminículos complementarios para garantizar, según el CNE, “un elector, un voto”, el propio tribunal electoral reconoció que en el REP hay, por lo menos, Millón y Medio de inscriptos cuyas huellas dactilares no aparecen registradas. ¿Se puede confiar en un sistema con debilidades tan acusadas en su fundamentación? ¿Podemos aceptar, sin sombra de dudas, que somos más de Veinte Millones los venezolanos aptos para votar en las próximas elecciones de diciembre, sin sospechar siquiera el “acompañamiento” de otros millones de almas “virtuales”, inexistentes? Si en los últimos Diez años, según el INE, la población general del país ha crecido en un 15%, ¿podemos entender como “lógico” que en el mismo período la conformación del REP haya crecido en casi un 65%?  No, amigo. Esa data electoral tiene, forzosamente, que ser revisada, elector por elector, más allá que auditada mediante fórmulas proporcionales, acordes con las técnicas convencionales. Elector por elector, en su propio lugar de residencia, sin que contra ello se alegue la obligación de preservar su intimidad. O somos una sociedad de ciudadanos y nos respetamos en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales o somos una manada de siervos, inútiles, a la orden del jefe de la tribu. Esta es la primera condición que debemos exigir para creer que nuestro sistema electoral garantiza un mínimo de transparencia y respetar los resultados de una jornada cualquiera, mediante su utilización.

         Pero hay más. El propio CNE, en su línea de Rectores, de acuerdo con la ley y con la lógica de la esencia democrática e igualmente para garantizar esa transparencia, debe estar integrado por profesionales a quienes no pueda acusárseles de parcialidad hacia una de las partes en conflicto. Son ya demasiadas las pruebas que señalan a, por lo menos, cuatro de las Rectoras como afines al régimen en el Poder y hasta registradas alguna vez como afiliadas al partido de gobierno. Esta realidad desnaturaliza el mandato al respecto de la correspondiente ley y sólo podría ser subsanado si los grupos de “oposición”, unidos o no, exigen una representación paritaria en ese Rectorado y una revisión al efecto, de todo el componente de funcionarios del máximo tribunal electoral. Esta es otra condición “sine qua non”. ¿Cómo están compuestas las delegaciones del CNE en cada uno de los Estados y de los Distritos Electorales? ¿Hay o no hay presencia parcializada de funcionarios, en número decisorio, a favor de una de las causas litigantes que procuran, a través del voto, el favor del Soberano?

         Sin estas dos condiciones, que la “oposición” o “las oposiciones” deben exigir hasta que sean satisfechas, no habrá (¡Ya No Hay!) garantía de transparencia electoral  y por lo tanto nadie puede aceptar, sin protesto público, a conciencia, participar en unas elecciones manipuladas por el fraude. Pero hay otras condiciones no menos importantes. El gobierno, como tal, sin estar legitimado para ello, participa impunemente en la propaganda electoral, favoreciendo a los candidatos de su partido, del partido de gobierno, mucho antes de que ni siquiera se haya dado inicio al lapso de campaña electoral correspondiente. El Presidente de la República (uno de los que no tiene respaldo para justificar su Cédula de Identidad) actúa como si fuera incluso un candidato y abusa de su poder y de los bienes del Estado, para favorecer a su causa. Esta otra desviación tiene que corregirse. Los medios de comunicación y los recursos públicos, más que la paridad de género o cualquier otra necedad intrascendente, deben operar “paritariamente” en beneficio tanto del gobierno como de la oposición, a los fines de equilibrar fuerzas y garantizar transparencia en el proceso. Lo demás es obligar a los ciudadanos a ser cómplices de un fraude ya en ejecución.

         Muchos amigos, bien intencionados, han escrito y han pedido que, como quiera que es únicamente a través del voto como puede expresarse el Soberano y ordenar el acatamiento de su voluntad, hay que ir, pese a todo, a la mesa de votación y cumplir con esta mínima obligación ciudadana. No importa, dicen, si una y otra vez se haya desconocido la voluntad del electorado y que, casi por “descarte”, esta vez sí están “dadas las condiciones” para triunfar y darle un vuelco monumental a la realidad del país. Los entendemos y creemos que son verdaderos ciudadanos, entrenados para el ejercicio democrático. Pero están lamentablemente equivocados y están favoreciendo a los que conspiran contra la democracia. ¡Llevamos más de Diez años arrastrando esta realidad fraudulenta, proceso tras proceso! Y lo que nosotros proponemos, definitivamente y para concluir, es: exigir que se establezcan, claramente, las condiciones verdaderas para garantizar la transparencia electoral; cuidar de que nuestra exigencia sea cabalmente satisfecha o irnos al otro lado de la paz, sin caer en la guerra, pero sin aceptar impunemente la imposición de un nuevo fraude y un nuevo desconocimiento a la voluntad popular.

Rafael Grooscors

grooscors81@gmail.com

@grooscorscaball   

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