EDILDO LUJAN NAVA, SEGUNDO CAMPANAZO EN EL RING POPULAR

Luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara públicamente que sería el 6 de diciembre cuando se celebrarán las elecciones parlamentarias, y que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) realizaran elecciones primarias para la escogencia parcial de sus candidatos a dicho proceso comicial, el Gobierno se montó en su ya habitual maquinaria proselitista desde las diferentes instancias públicas para ir a la conquista de seguidores, y los grupos opositores desataron sus diferencias y controversias personales y grupales.

Así se describe la antesala de unos comicios a la venezolana: mientras que el país naufraga entre sus tragedias, el autodenominado liderazgo político contrincante se dedica a lo suyo, es decir, a mantener el poder al costo que sea, en un caso; a desanimar a una parte importante de la población electoral, en el otro. La conclusión será, obviamente, una Asamblea Nacional que, cuando se constituya nuevamente, desde luego, se dedicará a proyectar ese sentimiento de adversidades individuales o grupales; jamás a recuperar la majestad de una institución imprescindible para que haya más y mejor Democracia.

La escogencia, elección o selección de los candidatos, por otra parte no pasó de otra “obviedad”: en ambos casos, sólo una parte de ellos fue convertida en victoriosa a partir de  elecciones libres, populares. Lo demás -la mayor parte- fue sencillamente escogida a DEDO; supuestamente, "por consenso"; sin reparar que, en ningún caso, refleja la transparencia y la equidad de haber sido escogido TODOS los candidatos por la vía de elecciones libres y populares. Se trata, en fin, del primer paso en falso que dan los futuros parlamentarios, sin haber sido electos todavía: ignoraron lo que dice el Artículo 67 de la vigente Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acerca de cómo es que deben darse estas escogencias ciudadanas.

Al analizarse las campañas y los resultados de ambas contiendas internas, no sorprendió que el Partido del Gobierno y sus adláteres, sin rubor alguno, utilizaran los recursos del Estado para hacer su campaña. Es lo que sucede, cuando Partido de Gobierno-Gobierno y Estado  constituyen una expresión monolítica del control y uso abusivo del poder. Y cuando, adicionalmente, desde esas instancias, se vigila, persigue y sanciona con base en “rígidos criterios administrativos electorales” a los que se oponen, difieren y claman por su potestad ciudadana a ejercer  derechos políticos constitucionales. Se dan desequilibrios y desigualdades que, en el fondo, lo que se plantean es impedir el necesario ejercicio ciudadano de la alternabilidad en los cargos de ejercicio gubernamental.

Independientemente de ese desequilibrio que, en principio, debería favorecer a quienes afirman ser opositores, lo que se percibe en cualquier rincón del país, sin embargo, es que el procedimiento partidista para la escogencia de sus candidatos, no goza de toda de toda la simpatía y respaldo de la mayoría de los electores interesados en el hecho comicial. Simplemente, el llamado “pueblo” no está convencido ni ganado a favor de la metodología usada por los dos grupos.

En el caso del factor opositor, que sólo abrió contienda para escoger un poco más de 30 candidatos a  Diputados, contó con un respaldo participativo de poco más de 500.000 votantes. Mientras que en la trilogía Partido-Gobierno-Estado, que eligió sobre 80 candidatos a Diputados y que en las penúltimas elecciones  a cargos similares conquistó el respaldo de poco más de 7 millones de votos, en esta oportunidad reportó que hubo una participación superior a los  3 millones de simpatizantes. Son sus números; los que, prórroga tras prórroga hasta el momento de cierre de las mesas, evidenciaron que hubo un “bajón” de 4 millones de votantes. Son sus cifras; sus incuestionables cifras; sus inauditables cifras. Y como se trata de una cantidad cargada de opacidad, dada la condición de ser el resultado de un evento ajeno para el resto del país, es por lo que algunos observadores o supuestos estudiosos del hecho se permiten afirmar que  la participación no alcanzó a 700.000 votantes.

Al margen  de la autenticidad de las cifras sobre participantes y dadas a conocer por ambos grupos, lo que afirman aquellos votantes ajenos a tales procesos, es que las mesas de votación se vieron inmersas en una gran soledad. Los que debieron haber asistido en masa, sencillamente, se abstuvieron de hacerlo. El pueblo no respondió. Y eso fue un hecho notorio, apreciable, inobjetable, indiscutible. ¿Por qué?. Quizás porque la ciudadanía ya no se presta para nuevos engaños, y prefiere ocuparse de enviar señales de estar cansada y decepcionada de la ausencia de respuestas transparentes para hacerle frente a esa costosa conjunción de irresponsabilidad, inseguridad, escasez, hambre y rabia en la que se vive en Venezuela.

Allí, por supuesto,  está presente el duro sonido de un segundo campanazo de alerta, ante el cual no debe continuar habiendo indiferencia de parte del liderazgo político.

Por supuesto, en Venezuela, más allá de esos enfoques con alto cargamento de subjetivismo ciudadano, sí hay consenso nacional. Es aquel a favor de la conquista de todo lo necesario para vivir en un ambiente de mayor libertad y bienestar. Es el que se proyecta en contra del odio, de la inseguridad,  de peleas, de colas, de corrupción, de presos políticos, como de tanta diatriba inútil desde las instancias públicas, al igual que desde los espacios a que recurren determinados opositores. También, por supuesto, es el que se traduce en vivir en un ambiente de paz, de confianza entre los venezolanos; por una auténtica y verdadera  calidad de vida.

La historia política del mundo describe una multiplicidad de casos que evidencian que toda sociedad tiene una limitada paciencia y aguante, cuando se trata de abusos, atropellos, y violencia en contra suya. Y en el caso venezolano, hoy angustia, preocupa y mortifica  que en Venezuela se esté convirtiendo en un hecho común -afortunadamente no rutinario-, la aparición de enjuiciamientos en contra de los favorecidos por la impunidad y la degradación de la administración de justicia. Eso, que para muchos es una expresión sintomática de la presencia de “algo que no está bien en el país”, nunca se sabe hasta cuándo puede mantenerse en ese nivel, y no convertirse en una verdadera manifestación de anarquía colectiva en proceso expansivo.

A los radicalismos enfermizos, a aquellos que se nutren de la impaciencia como alternativa más práctica para reconstruir caminos expeditos hacia una supuesta opción de convivencia, no se les debe continuar arengando ni estimulando. Por el contrario, hay que evitarlos y no fortalecerlos; no seguirlos exaltando. Los venezolanos  no quieren ser fracción o bando inclemente capaz de actuar con rabia en detrimento del otro. Tampoco protagonistas de una persecución despiadada en contra del adversario caído. Eso no es lo que ha caracterizado al pueblo venezolano. Por el contrario, siempre ha sido un pueblo cordial, amigo; hermano del que ha llegado de otros países buscando refugio, oportunidades, no queriendo vivir en los sitios donde se les persigue o discrimina.

Definitivamente, los que viven de la política y trabajan para hacer política, tienen que entenderlo, comprenderlo: aquí se aboga es por la unidad, la cordialidad, la colaboración, la libertad y los deseos de trabajar. La iniciativa o primer paso para que eso se convierta en realidad -como ha sido durante los últimos 16 años-  está en manos del Gobierno. En las encuestas profesionales que se realizan en el país, los resultados arrojan que más del 80% de los venezolanos desaprueba la gestión de ese mismo Gobierno, principalmente porque no ha sido capaz de impedir que la ruina y el deterioro del sistema de vida colectiva haya sido su único y apreciable  gran logro.  Ya no hay un solo rincón del país donde ese no sea el sentimiento predominante. Tampoco ya es posible pretender ocultar o minimizar la gravedad que significa no tener posibilidades de satisfacer las necesidades básicas de: alimentación, salud, vivienda y educación, además de gozar libremente del derecho a la vida.

Aunque luzca ingenuo o utópico el planteamiento, lo que cada tía toma mayor fuerza en el ánimo del venezolano es que llegó la hora de bajar la guardia. Y eso comienza por la aceptación del Gobierno de que no lo es sólo de una parte de la población; es de todos los venezolanos. Que está bajo su responsabilidad llamar a la unidad honesta y sincera; no a un proceso de apariencias, para dar paso a un torneo de insultos, de descalificaciones y expresiones ridiculizantes, a amenazas por el simple propósito de amenazar.

La actual situación venezolana es motivo de críticas dentro y fuera del territorio nacional. Pero también sirve de motivos para la formulación de denuncias, como de recomendaciones por parte de la comunidad internacional. Allí lo que más inquieta, es el deterioro social colectivo. Es por eso por lo que consideran que es imperativo un acuerdo nacional basado en la racionalidad y la responsabilidad; jamás a partir del uso de los venezolanos –también en esta fase del proceso político- como conejillos de india, para jugar a la hostilidad bélica con países vecinos. El avance del tiempo no perdona, es irreversible, pero su mal uso y peor aprovechamiento castiga. Más vale convertirlo en premio. ¿Lo entienden así aquellos que tienen a su cargo la gestión rectora del país?.

Egildo Lujan Navas

egildolujan@gmail.com

@egildolujan

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