ADOLFO R. TAYLHARDAT, ¿POR QUÉ LE TEMEN A LA OBSERVACIÓN ELECTORAL INTERNACIONAL?

La observación o monitorización de elecciones es un mecanismo que goza de aceptación universal. Inicialmente se concentraba en elecciones de países donde la democracia era dudosa o débil, pero hoy día se lleva cabo incluso en países de tradición democrática consolidada.

El único país donde la presencia de observadores electorales suscita miedo es en Venezuela. Hasta le han cambiado el nombre: no es observación, sino “acompañamiento” la función que cumplen los veedores internacionales. El CNE no permite que se hable de observación y llegó al extremo de introducir en el reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales la denominaciones de “acompañamiento” y “acompañantes” simplemente para evitar usar los térmnos “observación” y “observadores”. Esto tiene su origen en la noción exagerada, radical y absurda del la soberanía nacional, que lo lleva al extremo de ver la  presencia en el país de observadores internacionales como una cesión o renuncia a nuestra soberanía cuando en realidad esa presencia contribuiría a consolidar la tan cacareada excelsitud del sistema electoral venezolano. Si, como asegura la presidenta del Consejo Nacional Electoral nuestro sistema comicial es el más perfecto, infalible, seguro del mundo, ¿por que no permite que vengan al país observadores verdaderamente objetivos e imparciales como serían los de la Unión Europea y la OEA, instituciones que cuentan con personal especializado para la delicada tarea de la observación electoral?

En el Reglamento de la LOPRE el papel de los acompañantes internacionales no es diferente del que cumplen los observadores nacionales, también contemplados en ese instrumento. ¿Entonces por qué ese eufemismo de darle otro nombre a la observación internacional? Muy sencillo, porque la escogencia de los acompañantes es monopolio del CNE y del oficialismo y les permite invitar a organizaciones, instituciones y personalidades afines al chavismo. Eso se debe a que en las primeras eleccciones del período chavista los observadores internacionales constataron y denunciaron graves fallas e irregularidades en los procesos comiciales que monitorearon. Comprobaron, casos de abusos de poder, peculado de uso, empleo indebido de recursos del erario nacional, violaciones de normas electorales, amenazas de represalias, guerra sucia, fraudes, ausencia de transparencia, ventajismo, falta de equilibrio en la publicidad del oficialismo frente a la de la oposición, agresiones a candidatos de la oposición, movilizaciones forzadas y/o retribuidas de electores simpatizantes del régimen y muchas otras irregularidades. Algunos observadores advirtieron que el sistema electoral venezolano está concebido para dar ventaja a quien lo administra.

Si las autoridades electorales venezolanas consideran que esas denuncias son infundadas, la mejor manera de desvirtuarlas sería precisamente aceptando la presencia de observadores internacionales o de organizaciones e instituciones de observación electoral serias, imparciales y objetivas. Pero hasta ahora, que se sepa, la única organización internacional que vendrá, invitada por el CNE a “acompañar” las elecciones legislativas, es UNASUR. No es ningún secreto que UNASUR no es una institución imparcial. Fue concebida por Lula da Silva y el fenecido dictador venezolano para servir de colchón protector a sus regímenes y a los de sus incondicionales.

Esto, de por si, genera la sospecha de que algo se trama para las elecciones del 6 de diciembre. El gobierno se vanagloria de que ha ganado 14 elecciones en Venezuela y utiliza esa falacia para presentarse como un régimen democrático, respetuoso de la voluntad popular. Pero todas esas elecciones, con la salvedad quizás de la de 1998, están envueltas en un manto de suspicacia y duda en cuanto a su pulcritud.

Las elecciones de este año tienen ya sobre sí una peligrosísima espada o más bien la afilada hoja de una guillotina que justificaría la presencia en el país de una importante veeduría internacional. El ilegítim ha amenazado con lanzarse a la calle, “junto al pueblo, para defender la revolución” en caso de que la oposición obtenga la mayoría en los comicios de diciembre. Además, para amedrentar al electorado, ha dicho que si gana las elecciones parlamentarias, la oposición acabará con las ayudas sociales (misiones) e incita al pueblo a luchar en las calles para impedirlo“. “Si la oposición gana las elecciones parlamentarias cortarán la   ayuda social”. “Nuestro pueblo no se va a entregar, nuestro pueblo va a luchar en las calles, sea la que sea la circunstancia que nos toque enfrentar. Así lo digo, así lo asumo. Seré el primero en lanzarme en las calles con el pueblo a defender sus derechos sociales”. Todo eso puede ser pura fanfarronería. Pero un personaje inestable como él es capaz de cualquier cosa.

Si eso lo hubiera dicho algún disidente o algún ciudadano común, ya estaría pudriéndose en las mazmorras de la dictadura, acusado de conspirador, de traidor a la patria, condenado sin juicio a la pena máxima. El silencio del CNE frente a esas amenazas es más que una muestra de complicidad. En un país donde funcionen las instituciones quien estaría destituido y preso es el autor de esas amenazas, así sea un jefe de Estado

¿Y la fuerza armada qué? En el caso, ya prácticamente confirmado de que las elecciones las ganará la oposición, ¿se sumaría a una revuelta popular para desconocer el resultado de los comicios, o asumiría patrióticamente el papel que le corresponde de hacer respetar la voluntad del electorado?

De todos modos, haya o no presencia física de observadores internacionales en Venezuela, los ojos del mundo estarán concentrados sobre nuestro país el 6 de diciembre – de hecho ya lo están - y esa será la prueba de fuego para el régimen que se pavonea fingiendo de democrático y para el CNE que alardea con su sistema electoral “blindado” y “pulcro”.

Adolfo Taylhardat

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@taylhardat

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