JOSÉ TORO HARDY, LA VENTA DE CHALMETTE: UNA ESTUPIDEZ SOBERANA

Volvamos hacia atrás las páginas de la historia. Después de la invasión de Saddam Hussein a Kuwait se interrumpió la producción petrolera tanto de Kuwait como  de Irak. Los mercados petroleros, ávidos,  voltearon la mirada hacia Venezuela.

Siempre habíamos sido capaces de aumentar nuestra producción petrolera en momentos de crisis. Pero esa vez no podíamos hacerlo. Nuestro potencial  había mermando. PDVSA requería urgentemente de inversiones, pero no estaba en condiciones de realizarlas porque las prioridades del  Estado eran (con toda razón) la salud, la educación, la justicia, la seguridad y la defensa. Los recursos no alcanzaban. Además, el país cayó  después en una gigantesca crisis financiera.

Existían grandes proyectos en gas y petróleo, pero como la industria se había nacionalizado había limitaciones legales.  Lagoven, una de las filiales de PDVSA, consultó a la Corte Suprema de Justicia. En una enjundiosa Ponencia de Román Duque Corredor, la Corte señaló los mecanismos y las condiciones que permitiesen incorporar capitales privados sin violar el artículo 5 de la Ley de Reversión. Allí nació la Apertura Petrolera.

Entendiendo sin embargo  que el problema era más político que jurídico, PDVSA se dirigió entonces al Congreso Nacional pidiéndole determinar las bases de negociación que permitiesen abrir un proceso de negociaciones con el sector privado.

Ya con las bases aprobadas por el Poder Legislativo y con la bendición del Poder Judicial, PDVSA emprende la negociación de las Asociaciones Estratégicas en la Faja del Orinoco. Uno de los cuatro grandes proyectos contratados fue el de Cerro Negro, en asociación con Exxon.

Exxon se comprometía a desarrollar la tecnología para explotar crudos extrapesados de la Faja del Orinoco y a instalar una enorme planta de mejoramiento en Jose para producir  petróleo sintético cuyo procesamiento final se haría en una refinería en los EEUU que pertenecería en un 50% a PDVSA y un 50% a Exxon.

Esa fue la refinería de Chalmette,  de enorme importancia estratégica. Con capacidad de 190.000 barriles diarios  y estaría dotada de gran flexibilidad para procesar tanto crudos pesados como ligeros y dispondría, además de un  terminal portuario, de poliductos que la comunicaban con el Oleoducto Colonial, parcialmente propiedad de CITGO y le daba fácil salida a sus productos a través de la gigantesca red (más de 14.000) estaciones de servicio CITGO, empresa que a su vez pertenecía en un 100% a PDVSA.

Ya suscrito el contrato de Cerro Negro con Exxon, PDVSA -en un exceso de prudencia- decidió enviarlo para su ratificación final al Congreso Nacional, cumpliéndose exhaustivamente con todos los extremos legales. El proyecto comenzó a desarrollarse con gran ímpetu y éxito.

Pero entonces Chávez ganó las elecciones y decidió pedir a la Corte Suprema de Justicia que anulara todo lo relacionado con la Apertura. Casi dos años después de estar al frente de la Primera Magistratura, la Corte Suprema de Justicia decidió ratificar todas las actuaciones de la Apertura Petrolera en Ponencia de su presidenta Cecilia Sosa.

Un Chávez enfurecido decidió tomar vías diferentes. Optó por cambiar vía habilitante la Ley de Hidrocarburos, con lo cual modificaba las condiciones de los contratos que se habían suscrito. A las empresas signatarias les pidió aceptar todas las nuevas condiciones o marcharse del país. Muchas aceptaron porque los precios del petróleo habían aumentado sustancialmente y además porque las nuevas condiciones les permitían ser propietarias y poner en sus libros el valor de las reservas petroleras del subsuelo que antes pertenecían íntegramente a la nación.

Sin embargo, algunas no aceptaron esas condiciones y entre ellas estuvo Exxon Mobil. Nadie niega el derecho soberano de una nación a modificar sus leyes. Lo que sí debería criticarse es la falta de criterio para cometer soberanas estupideces y eso fue lo que hizo el gobierno venezolano.

El caso pasó a un arbitraje internacional, que finalmente perdimos. Ahora vamos a pagar las consecuencias. Tendremos que pagar a Exxon una indemnización que parece escapar de las posibilidades de PDVSA en las actuales circunstancias. Una de las secuelas es que tuvimos que vender nuestra participación en la refinería de Chalmette .

Pero las secuelas podrían ser mucho peores. Ya excluida de Venezuela, Exxon Mobil comienza a explorar en búsqueda de petróleo en aguas que Venezuela considera parte de su fachada Atlántica. Para ello contó con la bendición implícita del presidente Chávez, quien visitó Georgetown en el 2004 levantando el veto que tradicionalmente Venezuela había establecido a los inversionistas que se arriesgasen a invertir en la Zona en disputa y que había impedido que Exxon explorase las concesiones que allí había recibido desde 1999. Chávez lo hizo por consejo de Fidel Castro buscando el voto de las naciones del Caricom  a fin de elegir un Secretario General de la OEA que resultase favorable a sus proyectos. Fue otra decisión soberana y a la vez otra soberana estupidez cuyas consecuencias hemos pagado duramente.

Exxon consiguió petróleo en esas aguas. ¡Antes no se hubiera atrevido para no arriesgar sus intereses en Venezuela! Perdimos el arbitraje internacional en el CIADI con lo cual tendremos que indemnizar a la Exxon  Mobil. Asfixiados por falta de recursos, tuvimos que vender nuestra participación en la refinería de Chalmette que teníamos en asociación con Exxon Mobil. Y quien sabe que ocurrirá en el diferendo con Guyana.

Estamos hablando de un cúmulo de soberanas estupideces que le están causando un monumental daño a nuestro país. Y todo lo que falta …

Jose Toro Hardy

petoha@gmail.com

@josetorohardy

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