Agradezco a Dios la
vida y la familia que me ha dado así como el haber nacido en mi patria,
Venezuela, a esta junta directiva la distinción de poder dirigir estas palabras
a tan distinguida audiencia en este día tan especial en el que conmemoramos el día del abogado y a los
abogados la confianza depositada al habernos elegido como sus representantes.
Es oportuna la
ocasión para reiterar mi respeto y admiración por mis colegas y el orgullo que
siento de pertenecer a esta Junta Directiva que con determinación y entereza ha
asumido la causa por el restablecimiento de la justicia y la libertad, en
especial nuestra presidente Yvett Lugo y el presidente del Inpreabogado Luis
González apoyados de forma unánime e incondicional por la junta directiva.
La política de destrucción del Estado de
Derecho perpetrada durante estos 16 años y el consecuente exterminio de la
democracia han sido funestas para la gente de lo que fue la
República de Venezuela que hoy clama justicia, la violencia, secuela de la
impunidad provocada, ha sumergido a la sociedad en el miedo, la incertidumbre,
la angustia, la miseria moral y material y la desesperanza.
Según cifras de la
Organización Mundial de la Salud y del Observatorio Venezolano de la Violencia,
informe 2014, nos hemos convertido “en el segundo país con la más alta tasa de
homicidios del mundo”.
No en vano la gente dice en la calle que
“estamos bajo control del hampa”, que ha expandido su reinado de las cárceles a
las “Zonas de Paz”, hoy repartidas entre los colectivos armados y la
delincuencia organizada, los cuales han establecido alianzas para desafiar a
los cuerpos policiales. Esto es la consecuencia lógica de una política de
Estado que alejada de su deber de garantizar la seguridad de la nación,
pareciera tener un acuerdo con los delincuentes para mantener a la gente bajo
un estado de terror, pues a quien sanciona severamente es a los policías cuando
combaten la delincuencia en estas zonas, a los cuales ha limitado el armamento,
las balas y los vehículos.
La radiografía que hace el referido informe
sobre la situación de la inseguridad es realmente alarmante, según éste el año
pasado asesinaron a 2 policías por semana en la ciudad de Caracas, las bandas
armadas cada vez cuentan con mayor territorio para agredir y extorsionar a sus
habitantes, el hurto y el robo se han generalización como una forma
de “rebusque” o de complemento del sueldo en parte de la población, el secuestro
mayoritariamente afecta a la clase media y a los trabajadores, Venezuela es una “plataforma privilegiada para el transporte de droga
hacia Europa y Estados Unidos y para el lavado de dinero proveniente del
narcotráfico”, lo cual ha aumentado el número de consumidores de cocaína y
heroína que acuden a los centros de salud. Concluyo aquí con el informe del referido
Observatorio.
Este incremento de la violencia ha degenerado en
crímenes cuya crueldad no tiene precedentes en nuestra historia ni se
corresponden con la idiosincrasia del venezolano que hasta 1999 se caracterizó
por ser pacífico, solidario, generoso, igualitario y unido, cualidades que
permitieron a los extranjeros hacer de esta tierra bendecida por Dios, su
patria.
Hoy es la gente la que vive tras las rejas, con
un sentimiento de opresión y desamparo, imposibilitada de acceder a un clima de
legalidad y de justicia equitativa y oportuna que le brinde protección a su
vida y a sus bienes.
La impunidad, caldo de cultivo de la violencia
no tiene lugar cuando el sistema de justicia actúa con independencia y
autonomía y cuenta con la infraestructura y el personal adecuado para proteger
a las personas, pero esta no es nuestra realidad, lastimosamente por si lo
descrito fuere poco, el ejercicio autónomo, independiente,
libre y ético de la abogacía se ha convertido en una misión heroica, a veces
casi imposible, que exige de nosotros los abogado una gran vocación, convicción
en los valores que soportan el Estado de Derecho y la justicia y una gran
generosidad y solidaridad para la entrega en la defensa de los derechos
civiles, políticos, económicos, de familia, culturales y religiosos de los
venezolanos que hasta hace poco tiempo estuvimos tan solos en esta lucha y hoy
encontramos en el mundo alguna solidaridad y resonancia; a esos personajes que
comparten nuestros valores les damos las gracias por apoyarnos en esta causa
por la justicia y la libertad.
La explicación a
esta realidad podría encontrarse en que quienes detentan el poder
totalitariamente desprecian la dignidad de los venezolanos y esto ha convertido
a sus defensores en su “enemigo objetivo, evidencia de ello la encontramos en
el ultrajante deterioro de la infraestructura judicial, la arbitrariedad en
ciertos tribunales, registros y notarías, el mal servicio y la escasez de éstos
y del personal adecuado, lo cual redunda en largas colas y el retardo judicial
que niega el derecho humano a la justicia, pero lo más terrible son las
violaciones de las garantías constitucionales a la presunción de inocencia, al
derecho a la defensa, al debido proceso, a ser juzgado por un Juez imparcial,
en fin, a tener un juicio justo, corolario del irrespeto de los mecanismos
establecidos en la Ley para la elección de las máximas autoridades judiciales,
la provisionalidad de la mayoría de los jueces, las purgas efectuadas, las
manifestaciones públicas de fidelidad de las máximas autoridades judiciales al
proceso revolucionario y la penalización a las sentencias contarías a las
instrucciones dadas, como el caso de la Jueza María Lourdes Afiuni, quien lleva
más de 5 años sometida a un juicio injusto; así mismo
la criminalización del libre ejercicio de la profesión de abogado, mediante
actos como el ejecutado dos años atrás por la Ministro de Asuntos
Penitenciarios, quien mediante el chantaje y la calumnia pretendió negarle el
derecho al trabajo a los defensores privados y a la defensa a “los privados de
libertad”, cuando exigió a estos últimos que despidieran a sus defensores
privados, a quienes llamó corruptos, y nombraran defensores públicos si querían
beneficiarse de lo que denominó: “Plan Cayapa Judicial”, también el asesinato
moral, la persecución, la discriminación, amenaza, chantaje, enjuiciamiento y
encarcelamiento injusto de los abogados defensores de personas naturales o
jurídicas incómodas para el régimen. Algunos casos emblemáticos han sido el de
Perla Jaimes, Tamara Zujú, varios miembros del Foro Penal, José Amalio
Graterol, Marcelo Crovato, Tailandia Márquez y Tadeo Arrieche quien lleva 135
días preso injustamente y que hoy, como en los numerosos pronunciamientos y
denuncias ante organismos internacionales de este Ilustre Colegio de Abogados
en defensa de la justicia y el gremio, reiteramos la exigencia de su inmediata
liberación así como la de la Jueza María Lourdes Afiuni, a quien no se le ha
demostrado su culpabilidad en el juicio que se le sigue.
A todos ellos, así
como a los abogados que a pesar de la criminalización del libre ejercicio de
nuestra profesión siguen asesorando y defendiendo a quien lo necesita,
denunciando los abusos de poder arriesgo de su libertad, a los abogados que
están escribiendo la historia del honor, de la integridad, de la justicia y de
la humanidad mi reconocimiento y admiración, ustedes cuentan con nuestro
respeto y nuestro apoyo. En su debido momento la patria los premiará y
demandará a aquellos que han quebrantado su juramento, porque nadie puede
mantener la fundamentación de la injusticia indefinidamente, más temprano que
tarde la justicia prevalecerá y todas las sentencias que han sentado
precedentes injustos serán revisadas.
La consecuencia de
la transformación del sistema de justicia en un instrumento de persecución de quien
detenta el poder político para mantenerlo indefinidamente, ha sido la violación
de los derechos humanos a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la
propiedad, en fin, al derecho a vivir en paz.
Sin temor a exagerar puedo afirmar que no hay
un sector de la sociedad que no haya sido agraviado y en consecuencia no haya
levantado su voz y su protesta, para exigir libertad y justicia. Se han
pronunciado contra la terrible crisis moral y económica imperante la iglesia
Católica, las academias, los gremios profesionales, los periodistas, dueños de
medios de comunicación social, docentes,
estudiantes, médicos, enfermeros, pacientes, trabajadores, sindicalistas,
empresarios, comerciantes, consumidores, buhoneros, motorizados,
transportistas, actores, artistas, electores, madres, esposas, presos,
ciudadanos en general, cuyas voces han pretendido callar mediante la fuerza.
Son innumerables los que por haber ejercido su derecho legítimo a la protesta
pacífica o tratar de informar a la sociedad lo que verdaderamente ocurre son
sancionados con el despojo de sus bienes, su inclusión en listas
discriminatorias, su enjuiciamiento, encarcelamiento, tortura, otros.
La dirigencia política opositora no ha sido la
excepción, el colega Osvaldo Álvarez Paz, fue encarcelado por opinar, María
Corina Machado destituida de su diputación por denunciar ante la OEA las
violaciones de los derechos humanos que sufrimos, Leopoldo López encarcelado
por su participación en la protesta, 33 de los 77 Alcaldes de oposición electos
el 08-12-13, tienen abiertos procesos judiciales en su contra según denunció la
sociedad que los agrupa el 23-02-15, de los cuales han tenido mayor notoriedad
las detenciones y destituciones por vía judicial de Daniel Ceballos y Enzo
Scarano, así como la detención y enjuiciamiento del colega Antonio Ledezma,
hechos éstos que escandalizaron a la comunidad nacional e internacional por la
arbitrariedad y el evidente abuso de poder con los que se ejecutaron.
Las violaciones graves a los derechos humanos
en nuestra patria durante estos 15 años han sido sistemáticas. Son innumerables
las condenas que por este motivo han formulado: organizaciones nacionales e
internacionales, ex presidentes, presidentes, congresistas y personalidades de
otros países, quienes además han exigido la liberación de los presos
políticos.
Ha existido gran preocupación nacional e
internacional por la salud de Leopoldo López, Alexander Tirado, Raúl E. Baduel
y Nixon Leal, quienes han mantenido una huelga de hambre tras las rejas, así
como de las decenas de jóvenes que se han sumado a esta protesta por la
libertad de los presos políticos y por la exigencia al CNE para que fije la
fecha de las elecciones parlamentarias. Afortunadamente la fecha se fijó para
el 06-12-2015 y se levantó la huelga de hambre. Cuando hay Estado de Derecho y
la justicia existe no hay que hacer huelgas de hambre para exigir justicia.
Con los venezolanos existe una inmensa deuda
desde el punto de vista de la Ley y la justicia porque los responsables de
velar por la correcta administración de los recursos de la nación venezolana y
combatir la corrupción mediante la vindicta pública han permitido la
distracción y despilfarro de la mayor riqueza de nuestra historia. Hoy los
venezolanos entre los cuales nos incluimos los abogados somos una sociedad
depauperada y convertida en esclavos como consecuencia de la corrupción, la
devaluación de la moneda y la inflación.
Los abogados hemos sido claves a lo largo de la
historia en el establecimiento de la República, en su fundación intervinieron
los colegas Juan Germán Roscio, corredactor del acta de
independencia y de nuestra primera Constitución, Juan Antonio Rodríguez
Domínguez, Francisco Espejo y Francisco Xavier Yanes, Diputados firmantes del
acta, Don Cristóbal Hurtado de Mendoza, primer Presidente constitucional de la
República de Venezuela, en cuyo nombre se celebra nuestro día. Don Miguel José Sanz prócer de la independencia y
uno de los Fundadores de este Ilustre Colegio de Abogados y nuestro Libertador
Simón Bolívar quien recibió el grado de Doctor en Derecho en la Universidad
Mayor de San Marcos de Lima.
Hoy como ayer los
abogados seguimos “en pie de lucha”, sin arrodillarnos a ningún poder, como
dice nuestra presidente Yvett Lugo; hoy, para restablecer la República y la
democracia; el
equilibrio entre los Poderes Públicos; el Estado de Derecho; un sistema
judicial verdaderamente autónomo, imparcial e independiente, en el cual los
jueces, fiscales y abogados tengamos garantizada la libertad para cumplir
nuestra misión, guiados por la ética, la moral y la conciencia, sin
interferencias de ningún tipo, para garantizarle a la gente el derecho a
ejercer plenamente su libertad, a aspirar a un futuro, tener un trabajo que le
proporcione recursos suficientes para mantener a su familia, dar a sus hijos la
educación que anhelan, recrearse, en fin, para vivir en paz y para ser humanos.
Venezuela hoy más que nunca nos necesita y
reclama nuestro compromiso de hacer prevalecer la justicia que es equilibrio,
respeto por el fuero de cada persona, verdad y amor por el prójimo.
Asumamos pues con coraje la responsabilidad
individual de defender los eternos principios de justicia,
libertad e igualdad, con la esperanza que, como expresa nuestro himno del
abogado, “en un mundo de paz, de los símbolos de la ciega diosa caiga la espada
y haya solo en su diestra equidad”.
Gracias Señoras y Señores.
Elinor Montes
elmon35@gmail.com
@elinormontes
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