La realidad de la situación que vivimos
quedó al desnudo con la comparecencia de la delegación del gobierno nacional el
2 y 3 de junio ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
la ONU, que parcialmente comentamos en la entrega pasada.
Los representantes del oficialismo no
pudieron explicar por qué importamos el 70% de los alimentos, qué ha pasado con
los 3,6 millones de hectáreas de tierra expropiados, por qué hay un
insoportable desabastecimiento alimentario y de medicinas, por qué se
ideologiza la educación con la introducción de supuestos “valores socialistas”
en los currículums escolares, por qué no se han cumplido las metas de la Misión
Vivienda Venezuela, por qué ha crecido la pobreza, por qué Venezuela ocupa el
puesto 168 de 175 países en la calificación de corrupción en el Índice de
Transparencia Internacional, y mintieron descaradamente cuando afirmaron que el
problema de los niños de la calle “fue totalmente eliminado por la revolución
bolivariana” y cuando dijeron que la canasta alimentaria (24.694,21 bolívares)
“está por debajo del ingreso mínimo legal” (algo más de 7.000 bolívares). Con
razón, El Nacional en su editorial del 4
de este mes afirmó que los enviados del gobierno se comportaron como unos
“burócratas embusteros”.
Pero no fue sólo por la debacle que nos
lleva al colapso económico que la ONU cuestionó al régimen, sino que también lo
hizo por la crisis política e institucional que confrontamos. El Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU declaró que “llamamos una vez
más a las autoridades venezolanas a garantizar que todos los detenidos por
ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión y de reunión sean
liberados incondicionalmente y sin demora”. Se reclamó la falta de independencia
de jueces y fiscales y que la gran mayoría de ellos no cuentan con una plaza
fija ganada en oposición.
Esa crisis política e institucional fue
refrendada la semana pasada por la ONG World Justice Project (WJP) que, en su Informe Anual sobre
el Índice del Estado de Derecho, ubica a Venezuela en el último lugar de los
102 países analizados, por detrás incluso de países en conflicto como
Afganistán y Zimbabwe. La inexistencia del Estado de Derecho la padecemos los
venezolanos y la sabe todo el mundo. Maduro se “enfermó” para que, con sutil
diplomacia vaticana, el Papa Francisco
no se la enrostrara.
A estas alturas, a este gobierno nadie le
ofrece ni harapos para vestirse. Seguirá desnudo.
Carlos Canache Mata
canachemata@gmail.com
@CarlosCanacheMa
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