Las decisiones en el ejercicio del poder al pretender
llevarlas a escenarios de interpretación personal, afectan la gestión de los
gobernantes al convertirlas en abuso y arbitrariedad. Las consecuencias de los
atropelllos son incalculables, pero obtienen como respuesta el discurso
manipulador.
La pretensión del actual PROCURADOR del TÁCHIRA en
desconocer las convenciones colectivas y actas convenios de los profesionales
de la docencia adscritos al Ejecutivo Regional, raya en lo absurdo. Las luchas
de la base magisterial y sus sindicatos han sido permanentes para alcanzar
reivindicaciones en lo social y económico. Ningún beneficio ha sido otorgado
por gracia, al contrario, la pelea ha sido sin tregua.
Los planteamientos a los diferentes mandatarios
regionales han tenido la marca del respeto. Los educadores han abrazado la
bandera del reconocimiento y la equidad. La injusticia se ha vencido con
perseverancia, y las conquistas se han celebrado con lágrimas. Desconocer las
reivindicaciones a los profesionales de la docencia es llamarlos a la calle,
buscando con ello la protesta sin retorno.
La injusticia pretendida por el actual PROCURADOR del
Estado, de quitar a los profesionales de la docencia derechos adquiridos desde
hace décadas para efectos de jubilación, es simplemente el desprecio de ese
"servidor público" a quienes ejercen loable labor. Quienes dicen
llamarse amigos de los trabajadores por su condición "ideológica", en
realidad son enemigos escondidos bajo el manto de sus frustraciones, y al tener
en sus manos la responsabilidad de conducir institución alguna ligada al
ejercicio del poder gubernamental (PROCURADOR), actúan de forma irresponsable,
cargados de odio e ignorancia.
No validar las contrataciones colectivas, actas convenios
y demás instrumentos legales, acordados y firmados entre las partes desde hace
DÉCADAS, llámense estos GOBIERNO REGIONAL y SINDICATOS, es desconocer la
autoridad de GOBERNADORES y PROCURADORES que han estado al frente de esos
despachos, de la cuarta y lo que denominan quinta república.
Actualmente se discute una nueva contratación colectiva
entre el Ejecutivo Regional y los Sindicatos, surgen en consecuencia diversas
preguntas ¿Tiene sentido que se avance en tal discusión, si posteriormente
personas como el actual PROCURADOR, van a desconocer lo allí acordado? ¿Qué
opinión tienen el Gobernador y el Director de Educación al ser desconocidos por
el actual PROCURADOR? ¿Los docentes en vías de jubilación van a permitir el
atropello? ¿Los sindicatos se van a quedar de brazos cruzados? ¿Los docentes
que aspiran a jubilarse más adelante van a permitir que dese ya se les
desconozcan sus derechos? ¿Qué va a hacer el PROCURADOR, ordenar se les
descuente a los docentes jubilados las prestaciones canceladas y disminuir los
salarios actuales, y años de servicio prestados en zonas rurales y frontera ?
LA ARBITRARIEDAD TIENE LÍMITE.
Arturo Molina
jarturomolina@gmail.com
@JARTUROMS1
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