Sostienen algunos autores (opinión que
compartimos), que no incluir el Estado en la materia de la economía política es
una omisión arbitraria e injustificable a la vez que niega que a partir del año
1920 ha venido afianzando su presencia en la economía a través de variados
instrumentos tales como el presupuesto nacional, gasto público, ingresos fiscales,
endeudamiento, sistema financiero y banco central, tipo de cambio,
transferencias y un largo etcétera. De tal forma, influye en la composición y
el crecimiento de la demanda, la estructura de la producción, la expansión del
mercado interno y muy especialmente en el ritmo y dirección del desarrollo
económico; sin que ello implique la demolición del sector privado en lo
particular ni la injerencia (meter una cosa en otra) en el proceso productivo.
El Gobierno debe intervenir, para contribuir en la creación de demanda
adicional al presentarse una caída del consumo de la comunidad (demanda
efectiva), con la finalidad de mantener el funcionamiento del proceso
productivo. Todo ello, ha de tener como norte el bienestar social (mejor
distribución de la riqueza) al accionar políticas públicas en un escenario de
economía de mercado (moderno y competitivo) con amplia participación del
capital privado en su rol de multiplicador del crecimiento, el empleo y la
recaudación fiscal como fuente financiera (y no el dinero inorgánico) para
instaurar actividades propulsoras de la cohesión social (incluidos los
programas compensatorios); cuyo desenvolvimiento ha de estar vinculado a un sistema económico entendido
como la organización de la actividad económica de una sociedad, apuntalado por
un ordenamiento jurídico impuesto por el Estado.
En diferente basamento ideológico,
encontramos Gobiernos que sostienen, en equivocada interpretación, que no es
posible un ordenamiento jurídico del sistema económico sin causar tensiones
graves a la estructura social (modo de producción y relaciones sociales) habida
cuenta de existir la propiedad privada de los medios de producción. En
realidad, el pensamiento marxista alude a una evolución permanente de las
fuerzas productivas (conjunto de medios de producción) como respuesta a un gran
desarrollo técnico y tecnológico al tiempo de una profunda división del trabajo
que conduce a la expansión industrial y a la especialización de la actividad
productiva hasta alcanzar su límite, a partir del cual se dificulta su
crecimiento y se generan las crisis económicas que alteran las relaciones
sociales de producción (vínculos entre los participantes en el proceso
productivo). Como bien se desprende, tal enfoque no entraña la confiscación de
empresas en aras de destruir el aparato productivo para posteriormente
“refundarlo” en manos de un “poder popular”, causando en la “transición”
hambre, miseria, desabastecimiento y escasez, como un solidario sacrificio del
pueblo en aras de la aparición de un “hombre nuevo”. En tal sentido, vale citar al chino Mo Yan (premio Nobel de
literatura 2012) cuando en marzo 2013 afirmó: “Lo que escribió Marx en El
Manifiesto Comunista es de una belleza magnifica. No obstante, me parece muy
complicado llevar ese sueño a la práctica. Por otro lado, cuando me fijo en el
Estado de bienestar de los países de Europa, me pregunto: ¿son concebibles
estos Estados, estas sociedades, sin Marx? En cierto modo, el marxismo ha
salvado al capitalismo, porque los que realmente se han beneficiado de las
bendiciones de esa ideología son las sociedades occidentales. Los chinos, los
rusos y los europeos, por mucho tiempo, malinterpretamos a Marx”.
Para el caso venezolano, son muchos los
ejemplos referidos a la indeseable injerencia Estatal en la producción, de
ellos solo mencionaremos (por razón de espacio) el recién instrumentado
(12/02/15) Sistema Marginal de Divisas (Simadi), que en apenas 1 mes de
“funcionamiento” la paridad inicial de Bs 170,03/$, que ya era elevada con
relación al tipo de cambio implícito (M2/R) al reflejar una tas de Bs 87,03/$
(02/15), aumentó hasta Bs 187,78/$ (10,44%)
impactando tanto el “paralelo” al convertirse en su paridad piso (¡con
disponibilidad!), como a los precios (¡y la inflación!) al ser utilizado como
una referencia para la reposición de inventarios ante la inexistencia de
precios relativos. En fin, bien puede inferirse que no ha sido el ordenamiento
jurídico capitalista venezolano la causa del estancamiento económico actual,
antes al contrario, han sido algunos “entes revolucionarios” los que han
afectado negativamente el proceso productivo nacional. Nos permitimos concluir
con una cita referida a la crisis económica de Venezuela: “La crisis tiene una
raíz política, tenemos que reconocerla. El cambio viene, pero no va a ser
placentero. La historia a veces es desagradable para una sociedad”. (Ramón
Piñango, El Mundo, 09/03/15).
Jesús
Alexis González
Jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
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