Muchos
lectores se preguntarán el por qué del título de la presente columna. Unos
pensarán que es por la cantidad de descendientes sirios que se encuentran
desempeñando tareas en las distintas dependencias: Ministerios, Institutos
Autónomos, empresas del estado, bancos oficiales, gobernaciones, Concejos
Municipales y un sin número de instituciones más, adscritas a los poderes ejecutivo, legislativo
y judicial. y que sobrepasan la cantidad de 278.
Otros,
los más suspicaces pensarán que es por la actitud que últimamente han asumido
quienes se enseñorean en el poder y trasgreden los más elementales derechos
civiles de los venezolanos víctimas de tanta tropelía, abuso de poder,
encarcelamiento de líderes políticos y estudiantes, torturas, brutal represión
con armamento de guerra, amenazas y humillaciones y por último, el inusual uso
diario de los medios de comunicación oficiales (TV, radio e impresos nacionales
y regionales) para denostar, exponer al escarnio público e insultar a quienes
se oponen al régimen.
Los
yihadistas han perpetrado los más brutales crímenes con prisioneros a los que
los han ejecutado extrajudicialmente, y filmado para dar a conocer sus brutales
instintos asesinos, que vienen aplicando desde el año pasado con una
reaccionaria interpretación de la ley islámica, y en nuestro país la rigurosidad que pretende
Maduro imponer en el ejercicio del
poder, lo ha llevado a extremos inauditos en los que la ley y la propia
Constitución Nacional ha sido pisoteadas a su más libre albedrío. ¿Por qué el
símil? Pues sencillamente porque ambos extremos, uno más brutal que otro, son
abominables
La
organización terrorista islámica ha ejecutado a miles de personas, entre ellas
excandidatos a diputados, activistas, intelectuales y miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía, y a todo quien se oponga a su ideario extremista,
En
Venezuela el régimen socialista bolivariano del siglo XXI, viene emprendiendo
desde hace dos años una brutal represión, que el año pasado arrojo 43 inocentes
víctimas, casi todos estudiantes y hace apenas dos semanas a un menor de edad
de 14 años en la ciudad de San Cristóbal, amén de decenas de heridos que suele
ser el saldo de la lucha que a diario libran estudiantes en todas las ciudades
del país y que son reprimidos con armas de guerra, uso de las mismas aprobadas
mediante decreto que ha sido condenado por la Comisión de los Derechos Humanos
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Parlamento Euro peo, Sociedad
Interamericana de la Prensa (SIP) y otras instituciones internacionales.
Es
incomprensible que un gobierno que se precie de ser democrático y pluralista,
mediante un reglamento de CONATEL haga del conocimiento público que el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM), y el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC), tienen instrucciones de detener a los
responsables de divulgar fotos o comentarios que promuevan la violencia o
tergiversen las informaciones que tienen que ver con el estado actual del país,
llamando a la zozobra y desconfianza de los electores y ciudadanos y que
cualquier caso similar será neutralizado de manera inmediata, por lo que
ninguno de los organismos antes señalados permitirán bajo ninguna
circunstancia, intención de alboroto alguno en la República Bolivariana de
Venezuela. Instan igualmente a denunciar cualquier situación irregular que se
observe en las redes sociales: Facebook, Twitter, Whatsapp y otros, para a
través de la División Nacional Contra Delitos Informáticos, proceder de “ipso
facto” a la aprensión de quienes violenten esta normativa.
El
país se desmorona, arde como Roma en la época de Nerón. Y aunque las
comparaciones son algunas veces innecesarias, si es en nuestro caso relevante
lo hagamos, porque no son pocas las ocasiones en las que la falsedad ha
imperado por menos o más tiempo, porque quienes están al frente del poder han
podido evidenciar la verdad, bien para asumir que lo expresado por ellos lo es,
o para demostrar la falacia de los contradictores. No siempre les interesa
hacerlo, porque corren el riesgo de debilitar el poder, haciéndose directamente
vulnerables o desnudando la vulnerabilidad de sus entornos. No debemos olvidar
que responsabilidad por autoría o complicidad es una cosa y otra la de
encubrir, la cual debe ser severamente castigada porque es el caldo de cultivo
de la multiplicación de ilícitos
El
historiador Tácito relata que el fin del imperio de Nerón se produce con su
muerte –aun no cumplía 31 años de edad– apuñalado por un servidor suyo, quizás
por su propia orden, para salvarse de caer preso ante la guardia romana, y su
muerte le dio respiro a los senadores, la nobleza y la clase alta, marginados
por Nerón, pero la lloraron la clase baja, los esclavos y los asiduos del teatro,
que habían sido los beneficiarios de los apoyos y aun de los excesos del
emperador. La mayoría de los de sus entornos, que no llegó a asesinar o
expulsar –porque lo hizo con muchos– luego lo traicionaron.
Sobre
los cristianos, el mismo Tácito escribió que el emperador al no lograr
silenciar el rumor de que la destrucción de Roma, con el incendio que duró
cinco días (julio del 64) había sido su culpa –realmente parecería que un hecho
casual inició el incendio– acusó a los “cristianos” (…) “se empezó por detener
a los que confesaban su fe; acusándolos no tanto del crimen de incendio, cuanto
de odio al género humano. Su ejecución fue acompañada de escarnios…”.
Parece
no tener importancia para el régimen hacer un esfuerzo colectivo y
multiplicador, para alcanzar el diálogo, y de nada han valido hasta la presente
fecha las mediaciones de la iglesia, a través de su Santidad el Papa Francisco
que en días pasados oró por la salud de la patria venezolana
Carlos
Aguilera
careduagi@Yahoo.com
@_toquedediana
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