Aprobar, negar o
revocar una visa constituye un acto administrativo interno a cada país por
medio del cual se dispone sobre el transito o permanencia de aquellos
extranjeros que se considera cumplen con los requisitos legales en base a las disposiciones establecidas por
el Poder Ejecutivo, Judicial, o Legislativo. Se trata de un acto soberano por
lo que la decisión que se adopte por parte de las autoridades –sean buenas o
malas- tiene efectos migratorios
individuales, que no pueden ser determinadas por el país de la persona afectada
y mucho menos por organismos internacionales.
El Congreso de los
Estados Unidos, al igual que otros Parlamentos de América Latina y el
Parlamento Europeo; las Internacionales Políticas (Socialista, Demócrata
Cristiana, Liberal, Conservadora); el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Secretario
General de la OEA –para no mencionar sino algunas instituciones- condenaron la
situación que vivió Venezuela en el año 2014, en el que se produjeron las
trágicas muertes de manifestantes, la detención de miles de estudiantes, las
torturas y el arresto arbitrario de dirigentes políticos entre ello Leopoldo
López y Alcaldes electos.
Tanto la Cámara de
Representantes como el Senado de los Estados Unidos aprobaron una moción que
luego fue ejecutada por el Presidente Obama, en la que decidieron revocarle las
visas a medio centenar de personas por considerarlas no gratas a permanecer en
su país, y al mismo tiempo prohibirles que se puedan beneficiar de los
mecanismos financieros de la banca
americana, por estar incursos en violación de los derechos humanos y en actos
de corrupción, ambos delitos tipificados en la legislación nacional y en
Acuerdos Internacionales. Al aplicarse la sanción se tomo la precaución de no
dar sus nombres.
Ante esa decisión,
Venezuela respondió con su ya habitual “diplomacia del micrófono”
protagonizando otra confrontación con los Estados Unidos, en los que un
tema bilateral trata de convertirlo en
una cruzada fundamentalista contra el “Imperio”. Para ello, el Presidente
Maduro usa argumentos contradictorios: Por una parte, afirma que está deseoso
de dialogar con Washington para normalizar la situación pero al mismo tiempo
usa el alto parlante de denuncias
convocando al Secretario Permanente de UNASUR Ernesto Samper a
Miraflores para denunciar que existe una conspiración para derrocarlo; exhorta a los Cancilleres de UNASUR para que
obliguen a los Norteamericanos a deponer las agresiones contra su
Administración; convoca a los Presidentes del CELAC, al Movimiento de Países No
Alineados, y todo tipo de escenarios internacionales para exigirle a los
Estados Unidos a que “dialoguen” con Venezuela, mientras que desde el inicio el
Departamento de Estado ha reiterado que está dispuesto a tratar las relaciones
por la vía diplomática y que tratándose de un tema bilateral, no aceptará
multilateralizar esa decisión.
El escándalo no es
solo en el plano diplomático ya que el Presidente Maduro propicia que el
Tribunal Supremo de Justicia adopte una sentencia condenado a los Estados
Unidos y que la Fiscal General y la Asamblea Nacional se sumen a la defensa de
verdugos y corruptos alegando que se trata de un atentado contra
Venezuela, queriendo imponerle a otros
cual deba ser su agenda con el mensaje “Con mis visas, no te metas” pero
considerando que Venezuela tiene el derecho de expulsar diplomáticos, revocar
visas y movilizar instituciones internacionales. Son dos pesos y dos medidas.
Milos Alcalay
milosalcalay@yahoo.com
@milosalcalay
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