Cómo no subrayar el caradurismo de los
jerarcas chavistas cuando, frente a las
medidas soberanas que, gusten o no, adoptó el gobierno norteamericano contra
funcionarios venezolanos que considera violadores de los derechos humanos, lo
acusan de “fomentar la impunidad” en nuestro país.
Canciller y Fiscal hablando de impunidad ¡A
otro perro con ese hueso!
Cinismo mayor no puede encontrarse. ¿Cómo se
les ocurre hablar de impunidad en un país en el que el 90% de los crímenes no
son perseguidos ni sancionados por fiscales y
tribunales? ¿No es acaso la Fiscalía General de la República uno de los
factores fundamentales de este desbarajuste de impunidad nacional?
Y esto sin hablar de la inacción en materia
de corrupción y de las violaciones a los derechos humanos de los detenidos en
las cárceles, torturados, entre otros lugares, en un recinto de horror que se
está haciendo famoso: La Tumba.
La señora Delcy Rodriguez, en declaraciones
que dio conjuntamente con la Fiscal General, señala que hay varias causas que
se siguen en el país que supuestamente no han conseguido respuesta de
autoridades norteamericanas.
Y yo me pregunto cuántas miles de causas
penales en nuestro país no han recibido respuestas de la Fiscalía o de los
tribunales que el gobierno maneja a su antojo.
Según los estudiosos del tema, alrededor del
90% de los homicidios no tiene castigo. Hace un año, de 8.813 denuncias de
violación de los derechos humanos que fueron consignadas en la Fiscalía
General, el 97% fue archivado. De 8.813 denuncias de violación de derechos
humanos que recibió la fiscalía venezolana, el 97% fue archivado. De los 30.000
casos de diversos delitos que recibió la Fiscalía, sólo el 7% finalizó en
acusaciones, según cifras oficiales.
Según Provea, en el primer semestre de 2014,
110 presos resultaron heridos y 150 asesinados en las cárceles del país. Desde
1999 han muerto 6.313 personas y 16. 318 han resultado heridas allí.
Desde el mes de febrero de 2014 hasta la
fecha, afirma el Foro Penal, han sido detenidas arbitrariamente 3.414, entre
ellas, 287 menores de edad, 80% estudiantes. Siguen detenidas 62 de ellas en
cárceles de horror. Se reportan 157 casos de tortura, tratos crueles,
degradantes e inhumanos.
Por otro lado, uno se pregunta por qué el
juicio sobre el asesinato a mansalva de Basil Da Costa en febrero del año
pasado, aun no ha comenzado.
¿Y qué nos dicen del extraño asesinato del ex
gobernador Jesús Aguilarte? ¿Y el del
fiscal Anderson?
Ante este cuadro nacional espeluznante,
vienen ahora de manera desfachatada a hablarnos de impunidad unas funcionarias
cuyas ejecutorias públicas no les acreditan autoridad moral alguna para
reclamar a nadie dentro y fuera del país absolutamente nada.
Antes de reclamar a otros que actúen de una
forma determinada, deberían empezar por cumplir en Venezuela con su deber.
Pero eso sería esperar un imposible de
quienes tienen la maña de atribuir a terceros los males que padecemos y que
ellos mismos han creado y/o ampliado. De quienes perversamente culpan de sus
errores a las propias víctimas, y hasta llegan a destruir los bienes públicos a
cargo de gobernantes de oposición, para que no puedan prestar sus servicios a
la comunidad, como es el caso reciente de la Alcaldía de Sucre, en el que
destruyeron camiones de basura, cuyos antecedentes han sido denunciados, por
cierto, decenas de veces ante la Fiscalía y ésta ni se inmuta.
¿Nos hablan de impunidad ahora?
Impunidad es la que ha caracterizado a 16
años de desgobierno empobrecedor y de tolerado, cuando no, aupado
envalentonamiento de la delincuencia en todas sus facetas.
Emilio
Nouel V.
emilio.nouel@gmail.com
@ENouelV
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