Una serie de
convenios que involucraban al Coltán fueron firmados entre el sector oficial
chino y el venezolano a inicios del año 2012. Por parte de China, actuaba la más grande
empresa financiera estatal y emporio industrial Citic Group y, como
contraparte gubernamental, el Ministerio de petróleo y Minas venezolano.
Grandes
responsabilidades nacionales en el campo minero les fueron otorgadas a los
socios asiáticos, así como la participación en muy lucrativos negocios. Los
documentos rubricados involucraban distintas actividades en el terreno minero: por
un lado la explotación de un yacimiento de oro con la reserva aurífera más
grande del país -Las Cristinas- y por el otro,
la prospección, exploración y certificación geológica de todas las
reservas minerales en Venezuela, lo que involucraba al coltán, bauxita, hierro
y fosfato. Citic y sus empresas
asociadas salieron armadas en esa ocasión de la estratégica y valiosa tarea
de levantar el mapa minero de su socio
venezolano y la protección de tales reservas.
De todo ello, el negocio más rodeado de secretismo
y falta de transparencia hasta la hora actual ha sido el Coltán. Este elemento,
conocido también como el “oro azul”, es un mineral raro, una materia prima de
muy alto precio por su escasez a escala planetaria. El Gigante de Asia
participa muy intensamente en su cadena
de agregación global de valor, desde su extracción y pasando por la refinación y procesamiento, pero además,
resulta ser un actor principal en la industria mundial que se ocupa de convertirlo en piezas y
partes para la fabricación de teléfonos celulares, computadores y otros equipos
electrónicos, además de satélites y misiles.
Ocurre que sus virtudes como materia prima son tantas como los escándalos y crímenes que lo rodean. La explotación en países de África y Central particularmente en el Congo, quien produce el 80% del volumen mundial de este “oro azul”, se da dentro de un ambiente donde prolifera la depredación ambiental, además de crímenes sangrientos y secuestro, la explotación sexual, la trata de blancas, explotación infantil, delitos contra las finanzas estatales y el contrabando, además del oscuro negocio del narcotráfico.
La gravedad de tal
situación ha hecho que Naciones Unidas haya urgido a los países
que importan a este “mineral de conflicto” - como ya se le conoce-, para refinarlo y lo usan para sus procesos
industriales, a exigir una certificación
de que el material no proviene de áreas que son asiento de tales distorsiones sociales.
Los chinos han estado
presentes a través de sus empresas en esos países y, por lo tanto han sido
observadores privilegiados en ese género de explotaciones asociadas con
crímenes contra la humanidad y con violaciones de normas ambientales.
En la geografía venezolana Venezuela, ese tipo de turbias situaciones de explotaciones humanas y de maltratos a individuos, además de delitos como el contrabando y presencia de insurgentes guerrilleros de tierras vecinas ya están comenzando a explicitarse, pero siempre bajo el manto de desinformación propio del régimen que gobierna al país. No es inapropiado decir que una responsabilidad muy sustantiva ante la sociedad venezolana y ante el mundo tienen, no solo los gobiernos, sino igualmente las empresas que se dedican a su explotación.
Ojalá que sea posible
preservar al país venezolano de los dramas que se han producido en África y que
este sector no se convierta, con la participación o con la tolerancia
extranjera, en otro foco mundial de delitos y de horrorosos dramas
humanos.
Beatriz De Majo
bdemajo@gmail.com
@beatrizdemajo
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