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| LUIS FUENMAYOR TORO |
Las numerosísimas
filas de gente alrededor de abastos, farmacias y otros negocios expendedores de
mercancías de uso corriente, presentes en varias de las grandes ciudades del
país, han desatado la furia del Gobierno empeñado en negar lo que es más que
evidente para todos los venezolanos: la angustiante escasez de muchos productos
básicos, cuya obtención se ha vuelto una pesadilla para el pueblo pobre y menos
pobre de Venezuela. Como para el Gobierno, todo lo malo que ocurre en el país
nunca es culpa suya, sino de la oposición polarizada, Uribe y el gobierno de
Obama, los consumidores demandantes de mercancías de uso cotidiano se
transforman en enemigos y desestabilizadores, agentes del mal, conspiradores y
hasta traidores a la patria. Delincuentes, en una palabra, y como tales están
comenzando a ser tratados.
Como resultado de las
quejas de la gente ante el desabastecimiento y el alto costo de la vida, dos
nuevos “delitos” graves han aparecido en los últimos días: las protestas de
quienes se encuentran en las filas en espera de su turno para comprar, las
cuales se producen en los espacios públicos donde estas esperas se realizan, y
el hecho de tomar fotografías de las multitudes en fila y de las protestas que
se producen en las inmediaciones de los supermercados.
Estos dos nuevos
delitos, que no aparecen en el Código Penal Venezolano ni en ninguna normativa,
ordenanza o reglamento, lo que significa que no son actividades delictivas,
están siendo tratados por las policías con la detención de quienes protestan y
de quienes toman fotos, lo cual es una violación del artículo 44 de la
Constitución, que dice que sólo se puede ser detenido por orden judicial o si
es hallado en situación de flagrancia, es decir, cometiendo el acto delictivo.
La protesta pacífica
no es ningún delito en Venezuela. Tampoco lo es tomar fotografías. Es
inaceptable y condenable que el Gobierno actúe de esta abominable manera. No
sabíamos que a este tipo de acciones policiales se refería el vicepresidente
Arreaza, cuando dijo que en Ramo Verde había suficientes calabozos. Protestar y
tomar fotos, lejos de ser delitos, son ejercicios esenciales de las libertades
de expresión e información en un país de gobierno democrático, por lo que la
represión de estas actividades significa la presencia de conductas
dictatoriales por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, condenables y
denunciables. Se trata de una de las arbitrariedades más peligrosas que le
hemos visto al Ejecutivo Nacional, pues se ejerce contra el pueblo llano y hay
que exigir una inmediata cesación de la misma.
El Gobierno cada vez
se muestra más incoherente, inquieto y temeroso ante los efectos directos de
sus errores y perversiones. Ya no le basta con negar la existencia de la
crisis, ya no le basta con culpar a otros de sus errores, ahora quiere acabar
mediante el terror con la insatisfacción de la gente. Mal sendero…
Luis Fuenmayor Toro
lft3003@gmail.com
@LFuenmayorToro
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