La
salida de Giordani del gobierno avivó esperanzas de cambio en la conducción de
la política económica. La nefasta mezcla de inflación, desabastecimiento y
caída del salario real clama por una revisión. Y cuando el superministro
Ramírez anuncia que se irá a la unificación cambiaria antes de que culmine el
año, algunos suponen que ello se acompañará de las medidas necesarias para
hacerlo viable. Pero creo que se está leyendo interesadamente el significado de
la defenestración del “monje”. Se razona como si, tirada la manzana podrida del
dogmatismo y del atraso, este gobierno fuese ahora otro, conformado por gente
dispuesta a reconocer sus errores y enderezar entuertos.
Empecemos
por la anhelada unificación cambiaria. Sin el saneamiento de las cuentas
públicas y la reducción de la excesiva liquidez, no hay manera de contener la
inflación y estabilizar el precio del dólar. Y con tasas de interés controladas
y expectativas adversas a la inversión, ¿Qué incentivos existirán para
conservar los ahorros en bolívares? A menos que se levante el punitivo sistema
de controles no habrá confianza para el desarrollo de la actividad productiva y
la estabilización de un cambio único será precaria. Además, si no se rescata
PdVSA persistirá el despilfarro de divisas y, con ello, el desabastecimiento.
Para confundir aun más las cosas, el plenipotenciario Ramírez afirma que el
mercado cambiario seguiría controlado (¡!). ¿Cómo eliminar el mercado paralelo
y la especulación cambiaria si no se libera completamente la compra-venta de
divisas?
Con
relación al saneamiento de las cuentas del Estado, ¿Se atreverá Maduro a
ajustar el precio de la gasolina y de las tarifas de otros servicios públicos?
¿Existen planes para rescatar las empresas del Estado y cerrar el desaguadero
que hoy son? ¿Y la corrupción que devora las arcas públicas? Después está el
problema central de restablecer la confianza en una economía devastada por la
arbitrariedad, el acoso a la iniciativa privada y la ausencia de garantías. ¿Se
seguirá con la excusa estúpida de una “guerra económica” para intentar esquivar
la enorme (ir)responsabilidad en el desastre provocado por 14 años de
petropopulismo chavista y culpar a otros? Finalmente, la devaluación implícita
en la unificación cambiaria mejorará las cuentas del gobierno y de PdVSA, pero
a costa de una importante reducción de la capacidad adquisitiva de los
venezolanos. ¿A qué precio arribará el dólar si no se adoptan medidas
coherentes de apoyo, a dónde llegará la inflación? ¿Podrá el gobierno capear,
débil como está, el tremendo costo político que ello implica?
Además
del justificado escepticismo respecto a las entendederas que pudieran tener
Ramírez y Cía. para acertar en las medidas para sacar al país del foso que
ellos mismos cavaron, uno se pregunta si tienen realmente la disposición de
ello. No puede pasarse por alto que la destrucción del Estado de Derecho devino
en un régimen de expoliación, libre de la mirada contralora de poderes públicos
autónomos, de instituciones del Estado de Derecho y de ciudadanos informados
sobre la marcha de la economía. No en balde el BCV retrasa burdamente la
publicación de las cifras correspondientes. Y no en balde –que es mucho más
grave- el abierto cercenamiento de derechos civiles y políticos.
Los
“revolucionarios” han usufructuado a discreción en estos últimos 15 años unos
$1,2 billones (1.200.000.000.000 dólares) que pasaron por las arcas del Estado.
Altos jerarcas se han dado una gran vida, se ha esparcido dineros públicos por
diversos medios para comprar lealtades y aplacar protestas, fortunas se han
levantado con impunidad, ¿o deberíamos decir complicidad?, todo gracias a la
centralización, en la persona del Presidente, de la toma de decisiones, en
desapego a criterios de racionalidad económica. Este reparto es lo que se ha
vendido como “socialismo”. Cuando los chavo-maduristas esgrimen “tener patria”
y alardean que sus detractores “no volverán”, se refieren a este arreglo; uno
que les ha permitido disfrutar de la renta petrolera sin que medien esfuerzos,
talentos o méritos. Basta la lealtad, real o pretendida, con los encumbrados en
el poder. Se trata de un régimen de expoliación porque este provecho no es a
cambio de aporte alguno a la actividad económica. Y no importa que muchos de
los usufructuarios puedan creerse de verdad la pretensión socialista o que
otros la repiten cínicamente como pasaporte al festín: el resultado es el
mismo, la destrucción de la capacidad productiva del país. Mientras, más de
$200 millardos se han fugado del país por falta de oportunidades de inversión.
Pero los que nos oponemos a esta rapiña representamos un peligro para esta
“patria” de vividores y debemos ser sometidos como sea.
Si
bien la presente crisis conmina a los jerarcas del gobierno a introducir
cambios –antes de perderlo todo- lo harán a regañadientes. Se desprenderán de
sus prerrogativas sólo en la medida en que se convenzan que no tienen
alternativa. Y mientras sea posible, que se sacrifiquen los rivales en la
contienda interna del PSUVismo, no “los propios”. De ahí lo crucial de la lucha
interna entre los herederos del difunto. Se afianzan las prácticas de nepotismo
–ahora la familia Varela se une a las de Chávez, Flores, Ramírez y otros- en
este reacomodo por quedarse con el pastel. Lejos de un levantamiento decidido
de los controles para racionalizar el quehacer económico –que implicaría
transferir poder y autonomía a empresarios, trabajadores y consumidores-, se
vislumbra el proverbial muddling through de quienes intentan
atrasar los cambios y ceder lo menos posible: el peor de los mundos. El costo
será más oneroso –socialmente hablando- que un ajuste clásico y no habrá
garantías de que resulte en una pronta estabilización de la economía, ni en la
generación de condiciones para reemprender el crecimiento y el empleo
productivo.
El
“ajuste” en marcha podrá ser, entonces, sumamente calamitoso. Entre sus mayores
costos, no tan ocultos, habrá que destacar la represión. En ausencia de un plan
coherente que minimice sus penurias y potencie sus resultados positivos,
arreciarán las protestas, más cuando la credibilidad en las excusas del
gobierno está tan baja. En previsión, se anuncia la creación de “Brigadas
Especiales contra Grupos Generadores de Violencia”; se fabrican intentos de
magnicidio para perseguir a los presuntos implicados; se criminaliza la
protesta pacífica reprimiendo y apresando estudiantes, e inculpando a Leopoldo
López de provocar la violencia; se continúa con el sometimiento de los medios
independientes, incluyendo su compra; el TSJ prácticamente alienta, con su
decisión, a que los militares participen en actos políticos –del PSUV, por
supuesto-; y, last but not least, se arremete de manera destemplada
contra toda manifestación de disidencia interna. Porque lo último con lo que
desea enfrentarse la actual camarilla es la rebelión de sus bases políticas.
Desaparecido
el encantador de serpientes que embelesaba a su audiencia con promesas de
redención, y despalillados los recursos con que se aparentaba tal ilusión, la
conducción del proceso se concentra ahora más que nunca en manos militares. Ya
lo dijo Padrino López, “esta fuerza armada es chavista”. En los actuales
momentos quien controla es el ala abiertamente fascista -Cabello, Rodríguez
Torres, Benavides, Ameliach y Cía. Pero es difícil precisar qué otros grupos se
mueven dentro de las FAN. Bajo este paraguas protector (¿?) pululan intereses
variados, civiles y militares, buscando cómo continuar chupando de las mieles
del poder mientras se invocan los intereses supremos de la patria. Tal caldo es
fecundo, también, para las mafias del narcotráfico y de los saqueadores de las
arcas públicas, como para los hermanos Castro y sus esbirros. Aquí toda
referencia de los jerarcas a una “lucha ideológica” es apenas un pretexto. Pero
los Castro tienen la ventaja de que coinciden con los militares fascistas en el
desprecio del mundo civil y de los derechos humanos, y tienen décadas
perfeccionando formas para asegurar que nadie perturbe su idilio con el mando
absoluto. Más aún, el fasciocomunismo le es de gran ayuda a los que quieren
perpetuarse en el poder, ya que la confusión de sus apetencias personales con
la prosecución del socialismo parece conferirles una justificación “moral” a
sus trapacerías. Les “lava” la conciencia y les permite argumentar que son
fieles al legado del amado difunto.
Sobre
estas corrientes traicioneras pretende navegar Maduro en busca de legitimidad,
de cara al III Congreso del PSUV, sin proyecto, sin brújula, aferrado a la
iconografía de su “padre putativo”. Anuncia un “sacudón” pero trae a un cubano
para que lo asesore en ello. Aun así, en la medida en que se profundiza la
crisis y aumenta la presión de las bases chavistas, como del pueblo venezolano
todo, puede que haya una mayor toma de conciencia de que se les acabó la
manguangua, y veamos un reacomodo que facilite una apertura. Porque la
represión, por sí sola, también tiene un costo político, tanto en el pueblo
venezolano, educado en una cultura democrática, como en el mundo occidental que
ahora está más sensibilizada a las violaciones de derechos humanos en nuestro
país. Pasó el tiempo del gorilismo tradicional, y el de los Castro se le cayó
la careta.
Lo
examinado en estas líneas plantea un enorme reto a las fuerzas democráticas.
¿Qué debe hacerse para propiciar el cambio? ¿Cómo combinar la firmeza de
propósitos, la defensa de las libertades democráticas y la denuncia de las
vagabunderías, con una oferta de proyecto político capaz de “enamorar” a las
bases chavistas? ¿Es lícito tender puentes a aquellos oficialistas que podrían
estar dispuestos a embarcarse en los cambios que la inmensa mayoría desea? Si
en un momento es decisivo el debate abierto, sincero, sobre estas cosas, es
ahora.
Humberto
García Larralde
humgarl@gmail.com
@l_humgarl
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, ACTUALIDAD INTERNACIONAL, OPINIÓN, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, REPUBLICANISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA,ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA,CONTENIDO NOTICIOSO,
