HUMBERTO GARCÍA LARRALDE, EL DOLOROSO AJUSTE DE NICOLÁS MADURO

La salida de Giordani del gobierno avivó esperanzas de cambio en la conducción de la política económica. La nefasta mezcla de inflación, desabastecimiento y caída del salario real clama por una revisión. Y cuando el superministro Ramírez anuncia que se irá a la unificación cambiaria antes de que culmine el año, algunos suponen que ello se acompañará de las medidas necesarias para hacerlo viable. Pero creo que se está leyendo interesadamente el significado de la defenestración del “monje”. Se razona como si, tirada la manzana podrida del dogmatismo y del atraso, este gobierno fuese ahora otro, conformado por gente dispuesta a reconocer sus errores y enderezar entuertos.

Empecemos por la anhelada unificación cambiaria. Sin el saneamiento de las cuentas públicas y la reducción de la excesiva liquidez, no hay manera de contener la inflación y estabilizar el precio del dólar. Y con tasas de interés controladas y expectativas adversas a la inversión, ¿Qué incentivos existirán para conservar los ahorros en bolívares? A menos que se levante el punitivo sistema de controles no habrá confianza para el desarrollo de la actividad productiva y la estabilización de un cambio único será precaria. Además, si no se rescata PdVSA persistirá el despilfarro de divisas y, con ello, el desabastecimiento. Para confundir aun más las cosas, el plenipotenciario Ramírez afirma que el mercado cambiario seguiría controlado (¡!). ¿Cómo eliminar el mercado paralelo y la especulación cambiaria si no se libera completamente la compra-venta de divisas?

Con relación al saneamiento de las cuentas del Estado, ¿Se atreverá Maduro a ajustar el precio de la gasolina y de las tarifas de otros servicios públicos? ¿Existen planes para rescatar las empresas del Estado y cerrar el desaguadero que hoy son? ¿Y la corrupción que devora las arcas públicas? Después está el problema central de restablecer la confianza en una economía devastada por la arbitrariedad, el acoso a la iniciativa privada y la ausencia de garantías. ¿Se seguirá con la excusa estúpida de una “guerra económica” para intentar esquivar la enorme (ir)responsabilidad en el desastre provocado por 14 años de petropopulismo chavista y culpar a otros? Finalmente, la devaluación implícita en la unificación cambiaria mejorará las cuentas del gobierno y de PdVSA, pero a costa de una importante reducción de la capacidad adquisitiva de los venezolanos. ¿A qué precio arribará el dólar si no se adoptan medidas coherentes de apoyo, a dónde llegará la inflación? ¿Podrá el gobierno capear, débil como está, el tremendo costo político que ello implica?

Además del justificado escepticismo respecto a las entendederas que pudieran tener Ramírez y Cía. para acertar en las medidas para sacar al país del foso que ellos mismos cavaron, uno se pregunta si tienen realmente la disposición de ello. No puede pasarse por alto que la destrucción del Estado de Derecho devino en un régimen de expoliación, libre de la mirada contralora de poderes públicos autónomos, de instituciones del Estado de Derecho y de ciudadanos informados sobre la marcha de la economía. No en balde el BCV retrasa burdamente la publicación de las cifras correspondientes. Y no en balde –que es mucho más grave- el abierto cercenamiento de derechos civiles y políticos.

Los “revolucionarios” han usufructuado a discreción en estos últimos 15 años unos $1,2 billones (1.200.000.000.000 dólares) que pasaron por las arcas del Estado. Altos jerarcas se han dado una gran vida, se ha esparcido dineros públicos por diversos medios para comprar lealtades y aplacar protestas, fortunas se han levantado con impunidad, ¿o deberíamos decir complicidad?, todo gracias a la centralización, en la persona del Presidente, de la toma de decisiones, en desapego a criterios de racionalidad económica. Este reparto es lo que se ha vendido como “socialismo”. Cuando los chavo-maduristas esgrimen “tener patria” y alardean que sus detractores “no volverán”, se refieren a este arreglo; uno que les ha permitido disfrutar de la renta petrolera sin que medien esfuerzos, talentos o méritos. Basta la lealtad, real o pretendida, con los encumbrados en el poder. Se trata de un régimen de expoliación porque este provecho no es a cambio de aporte alguno a la actividad económica. Y no importa que muchos de los usufructuarios puedan creerse de verdad la pretensión socialista o que otros la repiten cínicamente como pasaporte al festín: el resultado es el mismo, la destrucción de la capacidad productiva del país. Mientras, más de $200 millardos se han fugado del país por falta de oportunidades de inversión. Pero los que nos oponemos a esta rapiña representamos un peligro para esta “patria” de vividores y debemos ser sometidos como sea.

Si bien la presente crisis conmina a los jerarcas del gobierno a introducir cambios –antes de perderlo todo- lo harán a regañadientes. Se desprenderán de sus prerrogativas sólo en la medida en que se convenzan que no tienen alternativa. Y mientras sea posible, que se sacrifiquen los rivales en la contienda interna del PSUVismo, no “los propios”. De ahí lo crucial de la lucha interna entre los herederos del difunto. Se afianzan las prácticas de nepotismo –ahora la familia Varela se une a las de Chávez, Flores, Ramírez y otros- en este reacomodo por quedarse con el pastel. Lejos de un levantamiento decidido de los controles para racionalizar el quehacer económico –que implicaría transferir poder y autonomía a empresarios, trabajadores y consumidores-, se vislumbra el proverbial muddling through de quienes intentan atrasar los cambios y ceder lo menos posible: el peor de los mundos. El costo será más oneroso –socialmente hablando- que un ajuste clásico y no habrá garantías de que resulte en una pronta estabilización de la economía, ni en la generación de condiciones para reemprender el crecimiento y el empleo productivo.

El “ajuste” en marcha podrá ser, entonces, sumamente calamitoso. Entre sus mayores costos, no tan ocultos, habrá que destacar la represión. En ausencia de un plan coherente que minimice sus penurias y potencie sus resultados positivos, arreciarán las protestas, más cuando la credibilidad en las excusas del gobierno está tan baja. En previsión, se anuncia la creación de “Brigadas Especiales contra Grupos Generadores de Violencia”; se fabrican intentos de magnicidio para perseguir a los presuntos implicados; se criminaliza la protesta pacífica reprimiendo y apresando estudiantes, e inculpando a Leopoldo López de provocar la violencia; se continúa con el sometimiento de los medios independientes, incluyendo su compra; el TSJ prácticamente alienta, con su decisión, a que los militares participen en actos políticos –del PSUV, por supuesto-; y, last but not least, se arremete de manera destemplada contra toda manifestación de disidencia interna. Porque lo último con lo que desea enfrentarse la actual camarilla es la rebelión de sus bases políticas.

Desaparecido el encantador de serpientes que embelesaba a su audiencia con promesas de redención, y despalillados los recursos con que se aparentaba tal ilusión, la conducción del proceso se concentra ahora más que nunca en manos militares. Ya lo dijo Padrino López, “esta fuerza armada es chavista”. En los actuales momentos quien controla es el ala abiertamente fascista -Cabello, Rodríguez Torres, Benavides, Ameliach y Cía. Pero es difícil precisar qué otros grupos se mueven dentro de las FAN. Bajo este paraguas protector (¿?) pululan intereses variados, civiles y militares, buscando cómo continuar chupando de las mieles del poder mientras se invocan los intereses supremos de la patria. Tal caldo es fecundo, también, para las mafias del narcotráfico y de los saqueadores de las arcas públicas, como para los hermanos Castro y sus esbirros. Aquí toda referencia de los jerarcas a una “lucha ideológica” es apenas un pretexto. Pero los Castro tienen la ventaja de que coinciden con los militares fascistas en el desprecio del mundo civil y de los derechos humanos, y tienen décadas perfeccionando formas para asegurar que nadie perturbe su idilio con el mando absoluto. Más aún, el fasciocomunismo le es de gran ayuda a los que quieren perpetuarse en el poder, ya que la confusión de sus apetencias personales con la prosecución del socialismo parece conferirles una justificación “moral” a sus trapacerías. Les “lava” la conciencia y les permite argumentar que son fieles al legado del amado difunto.

Sobre estas corrientes traicioneras pretende navegar Maduro en busca de legitimidad, de cara al III Congreso del PSUV, sin proyecto, sin brújula, aferrado a la iconografía de su “padre putativo”. Anuncia un “sacudón” pero trae a un cubano para que lo asesore en ello. Aun así, en la medida en que se profundiza la crisis y aumenta la presión de las bases chavistas, como del pueblo venezolano todo, puede que haya una mayor toma de conciencia de que se les acabó la manguangua, y veamos un reacomodo que facilite una apertura. Porque la represión, por sí sola, también tiene un costo político, tanto en el pueblo venezolano, educado en una cultura democrática, como en el mundo occidental que ahora está más sensibilizada a las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Pasó el tiempo del gorilismo tradicional, y el de los Castro se le cayó la careta.

Lo examinado en estas líneas plantea un enorme reto a las fuerzas democráticas. ¿Qué debe hacerse para propiciar el cambio? ¿Cómo combinar la firmeza de propósitos, la defensa de las libertades democráticas y la denuncia de las vagabunderías, con una oferta de proyecto político capaz de “enamorar” a las bases chavistas? ¿Es lícito tender puentes a aquellos oficialistas que podrían estar dispuestos a embarcarse en los cambios que la inmensa mayoría desea? Si en un momento es decisivo el debate abierto, sincero, sobre estas cosas, es ahora.

Humberto García Larralde

humgarl@gmail.com

@l_humgarl

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