Comenzó
el 2014. Muchos tenemos razones fundadas para decir: gracias a Dios se terminó
el 2013. Año en que dos contiendas electorales nos tuvieron en vilo y la
situación económica y social en angustia y zozobra. Los últimos días
transcurrieron con los dimes y diretes que se sucitaron luego de la reunion de
los Alcaldes y Gobernadores de la oposición con Nicolás Maduro y parte de su
tren ejecutivo.
Algunos
han hablado que es el comienzo de un diálogo necesario y estratégico para que
tanto gobierno como oposición puedan sobrevivir y superar el estado de
ingobernabilidad que estámos viviendo. Otros piensan que Nicolás busca apoyo
para las medidas económicas que debe tomar su gobierno de forma urgente este
año, y así conseguimos diversas
opiniones.
La realidad es que todos estamos esperando hechos, no palabras. El
país esta fragmentado, polarizado y a punto de quiebre económico y social, es
decir, si todos los venezolanos como propósito de año nuevo no nos planteamos
la urgencia de buscar soluciones a los cánceres que nos consumen como sociedad,
los venezolanos veremos como se alejan aún más las pocas oportunidades que
tenemos de superar esta crisis político- social y económica por lo menos los
próximos 6 años por venir.
El regreso al pleno cumplimiento de la Constitución debe ser el pacto social por el que el gobierno debe transitar junto a la oposición. Las ramificaciones inconstitucionales en cuanto a estructura legal, instituciones, difusión y educación del sistema al que llamaron "socialismo del siglo XXI" que han tratado de imponer, debe ser desmontado.
Nuestra Constitución es muy clara
cuando dice: Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y
social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en
general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político.
Hay
varios puntos que considero imprescindibles deben darse o ejecutarse por parte
del gobierno para que la oposición pueda considerar que realmente hay intención
de iniciar un proceso de transición que
nos pueda devolver el Estado de Derecho en nuestro país, si es que realmente
hay intención de devolverle a los venezolanos la paz, el bienestar y el
progreso que todos merecemos.
Al
momento de entregar este artículo (lunes 23 de Diciembre) Iván Simonovis seguía
preso, sin recibir ninguna medida que le permita tratarse oportuna y
eficazmente de las dolencias que padece.
Los presos políticos seguían presos, aún teniendo el tiempo necesario
para recibir las medidas alternativas por cumplimiento de la pena que les
corresponde por Ley. Los procesados penales por razones políticas seguían en
las mismas circunstancias y los exiliados continuaban lejos de su Patria. Es decir, no se habían otorgado medidas
humanitarias, indultos o una Ley de Amnistía y Reconciliación política que
acabara con la persecución, discriminación y retaliacion que durante 14 años
han dividido a la sociedad venezolana. El cese de la persecución y del discurso
de odio y discriminación contra el otro lado del país que piensa diferente,
debe ser inmediato y asumido por todos los representantes del gobierno.
Como
segundo punto en mi agenda, está el problema de la inseguridad. El gobierno
debe plantearse la inseguridad como asunto de Estado. El desmantelamiento de
los grupos y colectivos armados que funcionan a sus anchas con la venia del
gobierno en todo el país debe ser tratado con prioridad. No pueden existir
fuerzas armadas paralelas en un Estado donde la impunidad supera el 90 % , lo
que hace que tanto estos grupos como el hampa común se sientan a sus anchas
para actuar. La articulación de todas las policías municipales, regionales y
nacionales debe ser para combatir la inseguridad y devolverle a los ciudadanos
los espacios comunes en su ciudad, en el trabajo, en los sitios de
esparcimiento y cultura que no nos atrevemos a usar o disfrutar ni de noche ni
de día por miedo a ser una víctima más de los delincuentes. Secuestradores,
sicarios y homicidas deben ser los verdaderos perseguidos y recibir todo el
peso de la Ley.
La
renovación de los poderes públicos. El poder Legislativo esta en Mora con los
venezolanos. La Elección de los 3 rectores del CNE, del Contralor General de la
República y de los Magistrados que sustituirían a los 10 que ya tienen su cargo
vencido debe ser el comienzo de la apertura hacia la independencia y
reinstitucionalidad de los poderes públicos. Estos cargos deben ser ocupados
por personas probas, no partidistas y de reconocida trayectoria
profesional. Sin independencia de
poderes no hay democracia. Sin Instituciones sólidas que respondan al servicio
de los ciudadanos y no a un partido político, no hay democracia.
Otro
punto álgido en la agenda sería la despolitización de la Fuerza Armada Nacional
y su regreso a la institucionalidad. Es necesario que nuestros oficiales dejen
de hacer política y se dediquen a los objetivos para los cuales fueron
formados. También es muy urgente que se retome la profesionalización de todo el
cuerpo, que se acabe la propaganda política dentro de los cuarteles, que cesen
los lemas con carácter político en los discursos y que los oficiales vuelvan a
los lugares propios de su profesión, comandos, zonas estratégicas de soberanía,
etc, y dejen que los cargos administrativos civiles que tanto ambicionan ahora,
sean llevados por civiles. La FAN debe dejar de ser utilizado como un brazo
político del partido de gobierno y volver a ser la Institución que señala
expresamente la Constitución Nacional.
Para
culminar, y no porque no queden mas puntos, sino porque se me acaba el espacio,
se deben dejar sin efecto leyes
inconstitucionales que menoscaben los derechos de todos los venezolanos,
empezando por el Plan de la Patria que fue convertido en Ley y aquellas que por
ejemplo, cambian la división político territorial, violan la libertad de
conciencia y expresión, cercenan el derecho a la propiedad privada, violan el
derecho a la educación libre y plural, el derecho a estar informados, entre
muchas otras.
El sector productivo del país necesita un marco de seguridad jurídica que le ofrezca los correctivos necesarios para impulsar la inversión y superar el miedo a quedarse o establecerse e invertir. Depende de la voluntad política real de cumplir y hacer cumplir las leyes estrictamente constitucionales. No se le puede pedir al inversor que apueste a Venezuela, con un fusil apuntandole en la sien.
Tamara
Suju
tamarasuju96@gmail.com
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