RUBÉN DARÍO BUSTILLOS RÁVAGO |
El texto legislativo
conciliado y aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado
norteamericano, que contempla las sanciones dirigidas a promover la defensa de
los derechos humanos en Venezuela, espera ahora por la firma del presidente
estadounidense, Barack Obama, para ser sancionado como ley y entrada en vigor.
Pero a pesar de que casi todo el alto gobierno está involucrado en
los actos de violación de los derechos humanos de los manifestantes que
pacíficamente participaron en las jornadas de protestas iniciadas el pasado día
12 del mes de febrero, solo afecta a más de 200 funcionarios del régimen y no
al pueblo venezolano. De tal manera que aquellos funcionarios civiles o
militares, que no estén de acuerdo con los hechos criminales que causaron la
muerte a más de 50 personas e infringieron heridas graves a más de 800 y la
detención y tortura a más de 3.000 venezolanos, tiene la opción de denunciarlos
y presentar su renuncia del cargo para evitar ser acusados como cómplices.
Lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos demócratas de este
país estamos viendo con buenos ojos que denuncias sobre violaciones de derechos
humanos sean aceptadas, sustanciadas y procesadas en instancias extra
territoriales dado que en nuestro propio patio carecemos de un sistema judicial
confiable como lo establece la Carta Magna venezolana, porque los poderes
encargados de administrarla, conformado por el Poder Judicial y el Poder
Ciudadano, integrado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la
Contraloría General de la Republica, están en manos de miembros del partido
oficialista PSUV que obedecen solo a los intereses del régimen totalitario de
Nicolas Maduro.
En todo caso, no se puede descartar que esas sanciones sean
acogidas por la Unión Europea y aquellos países firmantes de tratados
internacionales con los Estados Unidos, que castigan con diversas penas, a los
violadores de los DD.HH. universales. Por otra parte, los venezolanos no
podemos olvidar la responsabilidad penal de esos criminales quienes, en su
oportunidad, serán juzgados y procesados, de acuerdo a nuestra legislación, en
instancias nacionales y/o internacionales.
Queremos insistir en que es inaceptable lo expresado por el Sr.
Nicolas Maduro y sus adláteres, quienes pretenden confundir a la opinión
pública nacional e internacional, manifestando que los norteamericanos están
castigando y afectando la soberanía venezolana. Nada mas lejos de la verdad;
solamente se están penalizando a los funcionarios responsables de sus acciones
criminales que en ningún caso afectan al país nacional con cuya bandera
pretenden cobijarse.
Rubén Darío Bustillos Rávago
rdbustillos@gmail.com
@rdbustillos,
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