lunes, 17 de noviembre de 2014

RAFAEL NIETO LOAIZA, LA JUSTICIA INDÍGENA Y LAS FARC, CASO COLOMBIA

RAFAEL NIETO LOAIZA
El 05 de noviembre las Farc dieron muerte cerca de Toribío, Cauca, a dos miembros de la guardia de la etnia Nasa que, no sobra recordar, tiene por únicas armas los bastones de mando. Los indígenas fueron asesinados cuando se disponían a desmontar unas vallas alusivas al tercer aniversario de la muerte de Alfonso Cano, entonces máximo líder de las Farc.

Los Nasa lograron capturar a siete de los integrantes de las Farc y en juicio de un día condenaron a 60 años de cárcel al autor material del crimen y a 40 a sus acompañantes. A dos menores de edad, parte de la cuadrilla, los condenaron a latigazos.

Timochenko, actual jefe de las Farc, excusó a los guerrilleros, dijo que “este tipo de procedimientos repugna al más elemental sentido de justicia”, sostuvo que la condena era “absurda” y “no es otra cosa que el reinado absoluto de la arbitrariedad”, y remató con un “si ese es el país al que piensan reintegrarnos, no hay entonces la menor posibilidad de ello”. ¿Desde dónde escribe el máximo jefe guerrillero, señor Presidente? ¿Cuba, Nicaragua o Venezuela? ¿Lo hace con su autorización, como los viajes que hizo recientemente? Como sea, quedamos notificados.

Por su parte, desde el Ministro de Justicia hacia abajo, se ha aplaudido el juicio indígena y se le destaca como una muestra de “justicia pronta, cumplida y eficaz”.

Cuatro son los puntos más destacables del episodio. El primero, la crueldad de los terroristas. Aunque las Farc han dicho que la población no ha sido ni blanco principal ni blanco secundario de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas” y “evidentemente nuestras responsabilidades no son en ningún caso por la comisión de crímenes de guerra o de lesa humanidad”, nunca han tenido, y desde que están en La Habana tampoco tienen, ningún reparo en asesinar civiles desarmados, centenares de ellos indígenas.

Segundo, su cinismo. Son famosos los ajusticiamientos, sin juicio alguno, por infracciones a la “disciplina” de las Farc o por sospechas de colaboración con el Estado. Y los “juicios populares”. Que Timochenko se indigne y la guerrilla pida juicio con garantías cuando nunca han dado una sola, prueba lo caraduras que son.

Como sea, los hechos los desmienten sin descanso. Y dejan desnudo al Fiscal General que se ha atrevido a declarar que en Colombia no hay guerrilleros condenados por crímenes de lesa humanidad. ¿No es el asesinato generalizado y sistemático de civiles, entre ellos centenares de indígenas, un crimen de lesa humanidad, doctor Montealegre? ¿No es el reclutamiento de menores un crimen de guerra? No porque la Fiscalía se niegue a llamarlos por su nombre, los crímenes internacionales dejan de serlo. La realidad es tozuda.

Tercero, la inoportunidad e inconveniencia de las declaraciones de Humberto de la Calle, jefe de los negociadores del Gobierno en La Habana, en que pide que se repiense el concepto de delito político y conexos, porque “se presentó un vaciamiento de la conexidad que lo ha dejado reducido y muy alejado de la realidad del conflicto militar”. De la Calle sabe que la jurisprudencia colombiana ha sostenido que los delitos atroces, los actos de barbarie y el narcotráfico no pueden ser considerados como delitos políticos o conexos. Lo que de la Calle sugiere es que sí lo sean. Es decir, pretende que el narcotráfico y los crímenes internacionales, o al menos algunos de ellos, sean considerados delitos políticos o conexos y en consecuencia a) puedan ser indultados o amnistiados y b) sus responsables puedan llegar a cargos de elección popular. Es evidente que busca abrirle las puertas a los comandantes de las Farc. Pero con todo respeto, no veo como el asesinato de civiles, como el de los indígenas, puede ser considerado un delito político o conexo.  Ni cual crimen internacional sí pueda serlo.

Cuarto, creo que la justicia sumaria, aunque sea contra guerrilleros, es una violación a los derechos humanos, estoy convencido de que todos sin excepción tienen derecho a una defensa profesional y a garantías procesales, y los castigos corporales me parecen una exabrupto propio de la edad media. Pero como vivimos la más grave crisis de la justicia colombiana en su historia, lenta, inoperante, corrupta, llena de impunidad, se explica que haya quien sostenga que el juicio indígena es una “lección para el estado colombiano”. No en vano en la última encuesta Gallup el sistema judicial tiene la más mala imagen en su historia: es la institución más desprestigiada, incluso diez puntos peor que el Congreso, con un 80% desfavorable, y las más negativas calificaciones, hasta hoy, de la Fiscalía y la Corte Constitucional, que por primera vez tienen más calificaciones negativas que positivas. Así estamos.

Rafael Nieto Loaiza
rafaelnietoloaiza@yahoo.com

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