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| RAFAEL NIETO LOAIZA |
El 05 de noviembre las Farc dieron muerte cerca de Toribío, Cauca,
a dos miembros de la guardia de la etnia Nasa que, no sobra recordar, tiene por
únicas armas los bastones de mando. Los indígenas fueron asesinados cuando se
disponían a desmontar unas vallas alusivas al tercer aniversario de la muerte
de Alfonso Cano, entonces máximo líder de las Farc.
Los Nasa lograron capturar a siete de los integrantes de las Farc
y en juicio de un día condenaron a 60 años de cárcel al autor material del
crimen y a 40 a sus acompañantes. A dos menores de edad, parte de la cuadrilla,
los condenaron a latigazos.
Timochenko, actual jefe de las Farc, excusó a los guerrilleros,
dijo que “este tipo de procedimientos repugna al más elemental sentido de
justicia”, sostuvo que la condena era “absurda” y “no es otra cosa que el
reinado absoluto de la arbitrariedad”, y remató con un “si ese es el país al
que piensan reintegrarnos, no hay entonces la menor posibilidad de ello”.
¿Desde dónde escribe el máximo jefe guerrillero, señor Presidente? ¿Cuba,
Nicaragua o Venezuela? ¿Lo hace con su autorización, como los viajes que hizo
recientemente? Como sea, quedamos notificados.
Por su parte, desde el Ministro de Justicia hacia abajo, se ha aplaudido
el juicio indígena y se le destaca como una muestra de “justicia pronta,
cumplida y eficaz”.
Cuatro son los puntos más destacables del episodio. El primero, la
crueldad de los terroristas. Aunque las Farc han dicho que la población no ha
sido ni blanco principal ni blanco secundario de las acciones defensivas u
ofensivas de nuestras estructuras armadas” y “evidentemente nuestras
responsabilidades no son en ningún caso por la comisión de crímenes de guerra o
de lesa humanidad”, nunca han tenido, y desde que están en La Habana tampoco
tienen, ningún reparo en asesinar civiles desarmados, centenares de ellos
indígenas.
Segundo, su cinismo. Son famosos los ajusticiamientos, sin juicio
alguno, por infracciones a la “disciplina” de las Farc o por sospechas de
colaboración con el Estado. Y los “juicios populares”. Que Timochenko se
indigne y la guerrilla pida juicio con garantías cuando nunca han dado una
sola, prueba lo caraduras que son.
Como sea, los hechos los desmienten sin descanso. Y dejan desnudo
al Fiscal General que se ha atrevido a declarar que en Colombia no hay
guerrilleros condenados por crímenes de lesa humanidad. ¿No es el asesinato
generalizado y sistemático de civiles, entre ellos centenares de indígenas, un
crimen de lesa humanidad, doctor Montealegre? ¿No es el reclutamiento de
menores un crimen de guerra? No porque la Fiscalía se niegue a llamarlos por su
nombre, los crímenes internacionales dejan de serlo. La realidad es tozuda.
Tercero, la inoportunidad e inconveniencia de las declaraciones de
Humberto de la Calle, jefe de los negociadores del Gobierno en La Habana, en
que pide que se repiense el concepto de delito político y conexos, porque “se
presentó un vaciamiento de la conexidad que lo ha dejado reducido y muy alejado
de la realidad del conflicto militar”. De la Calle sabe que la jurisprudencia
colombiana ha sostenido que los delitos atroces, los actos de barbarie y el
narcotráfico no pueden ser considerados como delitos políticos o conexos. Lo
que de la Calle sugiere es que sí lo sean. Es decir, pretende que el
narcotráfico y los crímenes internacionales, o al menos algunos de ellos, sean
considerados delitos políticos o conexos y en consecuencia a) puedan ser
indultados o amnistiados y b) sus responsables puedan llegar a cargos de
elección popular. Es evidente que busca abrirle las puertas a los comandantes
de las Farc. Pero con todo respeto, no veo como el asesinato de civiles, como
el de los indígenas, puede ser considerado un delito político o conexo. Ni cual crimen internacional sí pueda serlo.
Cuarto, creo que la justicia sumaria, aunque sea contra
guerrilleros, es una violación a los derechos humanos, estoy convencido de que
todos sin excepción tienen derecho a una defensa profesional y a garantías
procesales, y los castigos corporales me parecen una exabrupto propio de la
edad media. Pero como vivimos la más grave crisis de la justicia colombiana en
su historia, lenta, inoperante, corrupta, llena de impunidad, se explica que
haya quien sostenga que el juicio indígena es una “lección para el estado
colombiano”. No en vano en la última encuesta Gallup el sistema judicial tiene
la más mala imagen en su historia: es la institución más desprestigiada,
incluso diez puntos peor que el Congreso, con un 80% desfavorable, y las más
negativas calificaciones, hasta hoy, de la Fiscalía y la Corte Constitucional,
que por primera vez tienen más calificaciones negativas que positivas. Así
estamos.
Rafael Nieto Loaiza
rafaelnietoloaiza@yahoo.com
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