viernes, 24 de octubre de 2014

JOSE DE JESUS VILORIA, ACTUALIDADES, EPICENTRO.

COMO LA GUAYABERA DECISION DE LA ONU.

Los tratados internacionales en derechos humanos tienen  jerarquía constitucional y por lo tanto están al mismo nivel que nuestra Carta Magna nunca por debajo de ella.
Resulta contradictorio como el gobierno nacional habiendo sido favorecido con la votación para ingresar al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas pretenda limpiarse los zapatos con la decisión  del Grupo de Trabajo del Órgano Internacional que busca la verdad en relación con los derechos violados al ex-alcalde de Chacao Leopoldo López.
Existe un conflicto de intereses jurídicos violando  el debido proceso del juicio del dirigente político porque la privación de libertad de manera ilegitima demuestra que el gobierno del Señor Nicolás Maduro  utiliza argumentos errados y desproporcionados para desconocer el dictamen jurídico donde se llevó a cabo una investigación con la participación de la vindicta pública  en igualdad de condiciones aportando argumentos y pruebas que sustentan la decisión que hoy pretenden lanzar a la papelera.
El pronunciamiento de la juez de la causa debe estar ajustado a derecho y por lo tanto acatar el exhorto que hiciera la instancia internacional con la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU.
Sería conveniente que el Presidente de la República se asesore mejor con expertos en la política internacional y no se deje llevar por actitudes irreverentes y caprichosas de los dirigentes políticos del PSUV que demuestran total desconocimiento del orden jurídico internacional. Recordemos la máxima del derecho que dice “La Ignorancia de la ley  no escusa de su cumplimiento”.
OTRA VEZ LOS COLECTIVOS.
Siempre hemos advertido lo peligroso que un Estado permita la organización de otro Estado paralelo donde se corre el riesgo que ese brazo armado se vuelva contra las instituciones legítimas de una nación.
Un grupo armado es una amenaza para cualquier país y sobre todo para aquellas instituciones que tienen el deber y la obligación de salvaguardar la seguridad ciudadana preservando el orden político y social del país.
No se puede justificar la existencia dentro de un Estado de grupos armados paralelos que en algún momento puedan tomar caminos extraviados implantando un régimen donde impere el delito y la extorsión convirtiéndose en una verdadera amenaza para el Estado.
Venezuela está viviendo en los últimos tiempos un proceso político atípico donde los grupos violentos llamados “Colectivos “, para darle una connotación política están creando mucha zozobra en los sectores de clase popular  donde impera la violencia como instrumento para convencer a los ciudadanos que deben estar a favor de las decisiones del gobierno.
Estos grupos fueron creciendo en los barrios al calor del apoyo del gobierno del hoy fallecido Presidente Chávez haciéndose intocables por los favores del oficialismo y con el cuento de la defensa de la revolución  aprovechando de apertrecharse de sofisticado armamento. Ahora cuando se pretende encarrilaros el gobierno se encuentra con poderosas bandas con mucho dinero y armas que desafían el cumplimiento de la ley.
El Estado está en la obligación de poner orden y paz frente a los atropellos de estos grupos armados que dicen llamarse “ Colectivos”, ya basta de tanta violencia en el país, es necesario detener el derramamiento de la sangre de nuestra juventud, es obligatorio recuperar el orden legal. Estamos frente a esa oportunidad Señores del gobierno. Dejarla pasar sería  un crimen a la nación. Venezuela  lo agradecerá.
Jose de Jesus Viloria
drjjviloria@hotmail.com
@epicentro2012

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