PEDRO R GARCÍA, “QUÉ, QUIÉN Y CÓMO”, PUNTO DE QUIEBRE

En la situación política actual de Venezuela pueden distinguirse, al igual que en otros períodos históricos, dos aspectos fundamentales: uno estructural y otro coyuntural. A la vez, en ambos aspectos, las dificultades pueden dividirse en problemas de sistemas y de personas. Por tanto, las “soluciones” han de atender tanto a la estructura y a la coyuntura como a  la organización y funcionamiento de los sistemas y el comportamiento y conducta de las personas.

Estructuralmente, el sistema político, más allá de los abusos de poder y de las arbitrariedades de los diversos momentos históricos, se asienta sobre un presidencialismo absoluto -que “permite” prácticamente plena delegación legislativa- y un “parlamentarismo” al cual solo pueden acceder los partidos y grupos políticos, en función de circunscripciones electorales diseñadas para el acceso al poder y no para atender las necesidades colectivas concretas, sin que los elegidos tengan deberes y obligaciones específicos  relacionados con la satisfacción de esas necesidades.

Coyunturalmente, el país está sometido, a pesar de la voluntad del Pueblo en contrario, expresada en el resultado del referéndum constitucional, a la imposición de un esquema neo- totalitario que anula progresivamente la libertad y hace imposible la igualdad social, ni siquiera en términos de igualdad de oportunidades. Tal imposición tiende a realizarse mediante el ejercicio total del poder total en el Estado, en medio de una absoluta dependencia del precio del petróleo y, paradójica y contradictoriamente,  de un  capitalismo financiero antisocial, en algunos aspectos salvaje como, por ejemplo, en la injusta y regresiva presión fiscal oculta en los precios de los bienes y servicios mediante la aplicación de los derechos de importación, el impuesto al valor agregado a las importaciones y el impuesto al valor agregado en el consumo de bienes y servicio.

La combinación de lo estructural y lo coyuntural ha dado como resultado en el corto plazo el fortalecimiento de un superpresidencialismo; un supercentralismo; un superestatismo y un superpartidocracia cuyos efectos negativos generales podrían ser, a corto y mediano plazo, entre otros:

Disminución grave de la producción petrolera.

Pérdida absoluta de la capacidad de producción no petrolera.

Analfabetismo funcional colectivo para la producción de bienes y servicios para la exportación.

Generalización de la corrupción e ineficiencia al suprimirse la economía de mercado y quedar únicamente el ámbito de los negocios y contrataciones públicas.

Iinflación crónica por aumento de la demanda de todo sin que relativamente haya aumento de la oferta nacional de nada.

Transparencia negativa en un mundo donde la informática permite aplicar mecanismos de control que literalmente pueden acabar con buena parte de la corrupción administrativa en muy poco tiempo.

Riesgos de que la democracia sea destruida por el poder, la sociedad por el Estado y el individuo por la “comunidad”.

Establecimiento de una capa de población miliciana-militarista.

Instauración de una partidocracia –autocracia–grupocracia –

Pretoriana” la cual trata de  controlar a los ciudadanos.

A  ello hay que añadir con estupor el balance de las dos épocas de gigantesco ingresos petroleros (mediados de la década de los 70 del siglo XX y fines de la primera década del 2000), el cual ha sido sorprendentemente injusto e inequitativo para con la gran mayoría de la población y que ha producido resultados, entre otros, como los siguientes:

El Estado endeudado muy por encima de la capacidad de producción nacional;

Devaluación e inflación crónicas y astronómicas desde, por lo menos, 1990;

Cuantiosos capitales venezolanos fuera del país que operan como centrífuga económica y alimento continuo de la inflación;

Más de la mitad de la población en zonas marginales o de barrios;

Impuestos al consumo cuantitativamente injustos y regresivos;

Grave falta de inversión nacional e internacional;

Concentración de la riqueza;

Un dualismo social acentuado que en buena parte causa la inseguridad actual.

Pérdida del sentido ético en la administración del patrimonio público.

Todo ello evidencia, más allá de los errores graves en las políticas públicas, que no se ha comprendido el peso de las inercias coloniales (causa histórica de la desigualdad crónica en términos de propiedad, educación y poder) ni hay consenso político que efectivamente pueda conducir, en el mediano plazo, a una cohesión de la población que cancele definitivamente el dualismo social.

Es evidente que para revertir esta situación estructural-coyuntural es preciso actuar sobre los sistemas y sobre las personas, más todavía si se tiene en cuenta el resultado último  de las elecciones presidenciales. Ello obliga a plantearse un Qué, un Quién y un Cómo en el conjunto de los cursos de acción.

Desde luego, los tres aspectos son indispensables, pero el Qué ha de tener prioridad sobre el Quién y ambos ser potenciados por el Cómo, siendo de notar que el gobierno tiene ya resuelto el Qué, el Quién y el Cómo.

En efecto, no resulta aventurado decir que, hoy por hoy, la así llamada MUD no tiene un Quién que Per se pueda imponerse al Quién del gobierno. De allí que el Quién de la oposición no tenga posibilidades sin un Qué contundente de cambio político, social y económico, y un Cómo eficaz para obtener resultados electorales favorables. 

El Qué significa unas propuestas de acciones de cambio social, económico y político, en algunos aspectos verdaderamente revolucionarias, que puedan ser compartidas por toda la población y, particularmente, por aquellos cuyas necesidades fundamentales están crónicamente insatisfechas.

La determinación de estas necesidades debe ser fundamentalmente ascendente, sin perjuicio, obviamente, de aquellas que, por su carácter general y absoluto, son descendentes (por ejemplo, la energía eléctrica). Para tal determinación, es obvio que debe apelarse a los mecanismos informáticos a fin de que los diversos grupos de población puedan transmitir sus necesidades económicas y sociales.

A título meramente ilustrativo, a continuación una agenda temática para nutrir el  Qué y el Cómo:

Aspecto Político.

A corto plazo:

Titularización individual y comunitaria de la propiedad en los barrios y en las áreas rurales

Organización de la participación ciudadana, siguiendo criterios de organización urbana y de actividades, para que la sociedad pueda promover y defender frente al Estado sus legítimos intereses individuales, asociativos y corporativos.

Conexión concreta-mediante un reglamento ad hoc- entre los elegidos a los cuerpos deliberantes y los electores, en términos de obligaciones y deberes concretos de aquéllos.

A mediano plazo:

Modificación del Presidencialismo absoluto tradicional.

Prohibición de la delegación legislativa.

Aspecto Social.

Proclamación de la cohesión social como prioridad política fundamental del país a fin de romper el dualismo socio-cultural y físico- espacial existentes.

Inversión continúa en los barrios, sin perjuicio de los programas de vivienda; si es necesario, mediante un impuesto ad  hoc.

Creación de un MOP para todos los barrios del país, en coordinación con los organismos estadales y municipales.

Creación de una confederación de los grupos privados de promoción y solidaridad sociales y de un voluntariado gigantesco en este sentido.

Aspecto Económico.

Economía de libre mercado sujeto a regulaciones razonables y a controles implacables.

Equidad social a través de una nueva relación capital-trabajo a tono con las ambiciosas  metas de transformación, crecimiento y desarrollo económicos que deben fijarse.

Aspecto Administrativo.

Revolución administrativa para potenciar la gestión pública en cooperación con el sector privado.

Auditoría permanente de la gestión pública para asegurar su transparencia y eficiencia en el marco de una ética administrativa.

Creación de un cuerpo técnico administrativo al servicio de cualquier Gobierno, absolutamente apolítico.

Con relación al Quién, este será el resultado de un desacuerdo-acuerdo puesto que será el producto de un compromiso de respetar las llamadas alianzas bien sea por consenso o elecciones primarias, pero no de una unión política que, obviamente, sería lo ideal. Pero, en todo caso, vista la situación estructural-coyuntural, el Quién no podrá tener éxito sin un Qué absolutamente compartido, eficaz en su contenido y proyectado a través de un Cómo multifacético, del cual la construcción de un mecanismo de conexión amplia con la sociedad civil es esencial.

Finalmente, si es verdad que Venezuela y los venezolanos deben estar por encima de todo en una Alianza Superior, entonces la oposición y el gobierno, los intelectuales, los grupos de presión e importantes medios como este, deberían recordar que la incapacidad de los partidos y de los grupos políticos para entenderse y llegar a acuerdos ha sido siempre la causa del estancamiento y regresión políticas que ha tenido Venezuela en su historia. (Recuérdense, por ejemplo, las crisis de 1846, 1858, 1892, 1898,1900, 1945, 1998).

Pedro R. Garcia M.

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