Iniciamos con una obviedad que por sabida se
calla (y se descuida): el gobierno democrático se inicia después de las
elecciones ; lo cual equivale a gobernar para el bien común (representar a la
nación como un todo) habida cuenta que más que un gobierno se elige para quién
se gobierna, en un contexto de pluralismo democrático (convivencia de ideas,
creencias y concepciones) que facilite desplegar nuestras capacidades hasta
alcanzar una vida digna en un ambiente de esperanza y alegría apuntalado por un
Estado de Derecho (gobierno de leyes) que garantice la libertad y la justicia
(deberes y derechos, asumiendo como objetivo fundamental enfrentar las
desigualdades sociales y económicas) en aras de la distribución más justa (para
todos) de los beneficios sociales teniendo como norte que los estratos menos
favorecidos superen su condición pero en un ambiente de progreso simultáneo de
todos los estratos.
En el entendido que en la movilidad social es vital el
bienestar (provisión de bienes y servicios) donde el Estado, más allá de la
visión reduccionista referida a la socialización de los medios de producción,
propicie un contexto generador de confianza para el desenvolvimiento económico.
En el caso venezolano (y como requisito para transitar hacia el desarrollo), ha
de cambiar la percepción sobre nuestra condición de país rico en términos per
cápita donde se configura (suponen) un escenario donde el Estado puede asumir
(de forma centralizada) el rol de gran y único benefactor como distribuidor de
la renta petrolera, sin la obligación de procurar las condiciones para impulsar
la riqueza humana y el bienestar ciudadano y aislado de concretos basamentos
sociopolíticos en armonía funcional democrática; colocándose como un actor
principal que actúa impulsado por cuestiones de una ideología política
simplista en el marco de un enfrentamiento entre capitalismo y socialismo.
El militarismo (predominio del elemento
militar en los asuntos de un Estado) que en la actualidad refleja Venezuela,
tiene una especial condición de origen ante su arribo al poder por la vía
electoral (06-12-1998) bajo la premisa (que la mayor minoría aceptó) de (1) la
supuesta incapacidad de los sectores sociales para coordinar un proyecto
político-social, (2) de una decadencia de la clase política y (3) en función de
salvar la democracia (que en honor a la verdad mostraba desde los 80 signos de
agotamiento). A tenor de ello, el nuevo Gobierno concentró desde el inicio
esfuerzos para neutralizar la fuerza opositora nacional mediante una
militarización del sistema político estatal, elevando el estamento militar
sobre el poder civil (con colaboradores civiles); pero al propio tiempo emergió
carente de un concreto proyecto socio-económico y de una necesaria burocracia
(militar, según nuestro enfoque) para adelantar su propuesta de cambio. Tan
sensible falla de origen en materia económica, que en la actualidad se mantiene
(sin modelo y sistema económico), es por cierto aceptada por los propios
conductores del proceso como por ejemplo el presidente de la Comisión
Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico quien afirmó (El Universal,
29-08-2014): “el Estado no está en contra de la empresa privada, más bien está
en la búsqueda y desarrollo de un modelo del socialismo bolivariano del siglo
XXI” (fin de la cita), lo cual se traduce en una mea culpa con 15 años de
atraso; cuyo vacío ha propiciado
múltiples desequilibrios tanto microeconómicos (afecta el hogar y la familia)
como macroeconómicos (afecta el tejido industrial y la producción). Es de
resaltar, que tal perverso desbalance,
no fue referenciado en la cadena nacional Presidencial (02-09-2014) al momento
de anunciar el esperado sacudón, que en realidad se convirtió en una brisa de
cambios para dejar todo igual (salvo el nombramiento de un General de Brigada
como Vicepresidente del Área Económica y ministro de Economía y Finanzas, hasta
completar cinco militares en el Gabinete), y muy por el contrario se afirmó
sobre una radicalización del socialismo territorial (¡!) y la construcción del
Estado Comunal con la consecuente amenaza sobre la demolición del sector
privado de la economía y la potencial desaparición de las Gobernaciones y
Alcaldías; o lo que es lo mismo, se volvió a ofrecer otra utopía huérfana de un sistema de creencias y
de elementos cognitivos ligados a la verdad y la pasión, pero que a esta
revolución le sirve de contrapeso necesario para suplir su ausencia ideológica
que irreversiblemente puede traducirse (como ha sido en otros ensayos militares del Continente), en un
rechazo ciudadano hacia un incierto crecimiento económico que soslaya la
riqueza humana y la libertad en favor de un supuesto orden y eficiencia donde
priva el mandar sobre el gobernar y mantener el poder a cualquier costo,
incluido el ejercicio de la represión ante toda acción calificada como
desestabilizadora. La autocrítica gubernamental y la consecuente inflexión de
rumbo no admite más dilación; teniendo presente que “ser gobernados por la mera
apetencia es esclavitud, mientras que la obediencia a lo que la ley prescribe
para cada uno es libertad” (J.J, Rousseau, El Contrato Social).
Economista
Jesús Alexis González
jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
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