martes, 9 de septiembre de 2014

ALBERTO JIMÉNEZ URE, EL PROYECTO «CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1999» SERÍA EL MÁS EXPEDITO ENTRE LOS CAMINOS DEL PUGILATO POLÍTICO-INTELECTUAL

«[…] ¡Esta es una lucha entre incongruencia y consonancia, mediocridad y excelencia, miseria y dignidad, centralismo  y Libertad! […]» (Carlos PADILLA)

Desde finales del Siglo XX y en el curso del XXI, la principal causa por la cual haya prosperado la «Justicia Mercenaria» en Venezuela y el «Terrorismo Doctrinal de Gobierno» se ha debido al explícito desacato (o alevoso desconocimiento de la «Constitución Nacional Bolivariana de 1999») por parte de quienes ejercieron y los que hoy son sus muy cuestionables reemplazos en funciones de mando. Aun cuando los redactores debieron excluir el torpe estilo barroco que abulta su contenido, no es fatuo calificar a ese (en vigencia) «contrato social» como aceptable Carta Magna. Sin embargo, sostengo que pudo ser escrita con depurado lenguaje y mayor precisión para que no requiriese de la maliciosa intermediación de quienes integran la «Sala de Interpretación» que finalmente de «manipulación de contenidos» instalada en ese adefesio que llaman Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin dudas, infectado de cortesanos o bufones.

Empero, si tenemos una aceptable y todavía púber Constitución, ¿a  qué se debe permitamos sea sistemática y brutalmente violada por quienes ejercen funciones de gobierno? En la actualidad, mujeres y hombres cuya legitimidad de origen es paupérrima se apropian de la Institucionalidad de la Justicia para pervertirla a su antojo y legitimar toda clase de todos los flagrantes actos delictivos que comente la Hereje y Terrorista Oligarquía Política Venezolana. ¿Por qué un engendro de bestia que capitanea eso que llamo «Apalea Nacional» se da el tupé de afirmar «[…] que ni por las buenas ni por las malas su banda de forajidos jamás entregará el mando […]» a quienes corajudos se oponen a la infamia que han instaurado en el país La respuesta la tenemos todos los ciudadanos venezolanos: lo hace por cuanto actúa con soberbio irrespeto a la Constitución Nacional Bolivariana, máximo «contrato socio-político» mediante el cual se debería conducir a nuestra república.

¿Por qué, en concierto, las y los principales funcionari[a]os de importantes organismos del Estado (Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y Consejo Nacional Electoral) declaran al modo de envalentonados malhechores su adhesión a un grupo político integrado por mujeres y hombres sin legitimidad en funciones de gobierno? Igual la respuesta la tenemos todos los ciudadanos venezolanos. Lo hacen porque defecan encima de la «Carta Magna», goce y disfrute de impunidad. No hay maneras eufemísticas para describir sus comportamientos que sean escatológicas.
Es plausible que el Proyecto «Constitución Nacional de 1999» fuere el más expedito entre los caminos del pugilato intelectual para conducir a Venezuela. Un lapidario e indiscutible razonamiento de Carlos PADILLA ilumina la extramuros discusión política-filosófica que algunos sostenemos positivamente a favor de restituir la majestad del Estado de Derecho en nuestro territorio: «[…] ¡Esta es una lucha entre incongruencia y consonancia, mediocridad y excelencia, miseria y dignidad, centralismo  y Libertad! […]»

Las y los que ejercen (con explícito lunfardismo) funciones públicas persisten, mediante suntuosas inversiones de recursos financieros en la franquicia oficial «que propaga y anda», con la misión de consagrar  los fundamentales propósitos de gobierno que a continuación inferiré: «enajenar», «socavar el amor propio de cada individuo o su dignidad», «el contrasentido», «robo», «malversación», «la conspiración para derogar la Soberanía Nacional», «desabastecer para someter», «exterminar los Derechos Humanos», «frenar la producción endógena de alimentos» y «socavar nuestras libertades que nunca podrán abolir» porque quien libre nace tiene al Concepto de Emancipación por Alma Mater.

Alberto Jimenez Ure
jimenezure@hotmail.com
@jurescritor


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