«[…] ¡Esta es una lucha entre incongruencia y
consonancia, mediocridad y excelencia, miseria y dignidad, centralismo y Libertad! […]» (Carlos PADILLA)
Desde finales del Siglo XX y en el curso del
XXI, la principal causa por la cual haya prosperado la «Justicia Mercenaria» en
Venezuela y el «Terrorismo Doctrinal de Gobierno» se ha debido al explícito
desacato (o alevoso desconocimiento de la «Constitución Nacional Bolivariana de
1999») por parte de quienes ejercieron y los que hoy son sus muy cuestionables
reemplazos en funciones de mando. Aun cuando los redactores debieron excluir el
torpe estilo barroco que abulta su contenido, no es fatuo calificar a ese (en
vigencia) «contrato social» como aceptable Carta Magna. Sin embargo, sostengo
que pudo ser escrita con depurado lenguaje y mayor precisión para que no
requiriese de la maliciosa intermediación de quienes integran la «Sala de
Interpretación» que finalmente de «manipulación de contenidos» instalada en ese
adefesio que llaman Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin dudas, infectado de
cortesanos o bufones.
Empero, si tenemos una aceptable y todavía
púber Constitución, ¿a qué se debe
permitamos sea sistemática y brutalmente violada por quienes ejercen funciones
de gobierno? En la actualidad, mujeres y hombres cuya legitimidad de origen es
paupérrima se apropian de la Institucionalidad de la Justicia para pervertirla
a su antojo y legitimar toda clase de todos los flagrantes actos delictivos que
comente la Hereje y Terrorista Oligarquía Política Venezolana. ¿Por qué un
engendro de bestia que capitanea eso que llamo «Apalea Nacional» se da el tupé
de afirmar «[…] que ni por las buenas ni por las malas su banda de forajidos
jamás entregará el mando […]» a quienes corajudos se oponen a la infamia que
han instaurado en el país La respuesta la tenemos todos los ciudadanos
venezolanos: lo hace por cuanto actúa con soberbio irrespeto a la Constitución
Nacional Bolivariana, máximo «contrato socio-político» mediante el cual se
debería conducir a nuestra república.
¿Por qué, en concierto, las y los principales
funcionari[a]os de importantes organismos del Estado (Tribunal Supremo de
Justicia, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y Consejo
Nacional Electoral) declaran al modo de envalentonados malhechores su adhesión
a un grupo político integrado por mujeres y hombres sin legitimidad en
funciones de gobierno? Igual la respuesta la tenemos todos los ciudadanos
venezolanos. Lo hacen porque defecan encima de la «Carta Magna», goce y
disfrute de impunidad. No hay maneras eufemísticas para describir sus
comportamientos que sean escatológicas.
Es plausible que el Proyecto «Constitución
Nacional de 1999» fuere el más expedito entre los caminos del pugilato
intelectual para conducir a Venezuela. Un lapidario e indiscutible razonamiento
de Carlos PADILLA ilumina la extramuros discusión política-filosófica que
algunos sostenemos positivamente a favor de restituir la majestad del Estado de
Derecho en nuestro territorio: «[…] ¡Esta es una lucha entre incongruencia y
consonancia, mediocridad y excelencia, miseria y dignidad, centralismo y Libertad! […]»
Las y los que ejercen (con explícito
lunfardismo) funciones públicas persisten, mediante suntuosas inversiones de
recursos financieros en la franquicia oficial «que propaga y anda», con la
misión de consagrar los fundamentales
propósitos de gobierno que a continuación inferiré: «enajenar», «socavar el
amor propio de cada individuo o su dignidad», «el contrasentido», «robo»,
«malversación», «la conspiración para derogar la Soberanía Nacional»,
«desabastecer para someter», «exterminar los Derechos Humanos», «frenar la
producción endógena de alimentos» y «socavar nuestras libertades que nunca
podrán abolir» porque quien libre nace tiene al Concepto de Emancipación por
Alma Mater.
Alberto Jimenez Ure
jimenezure@hotmail.com
@jurescritor
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