domingo, 3 de agosto de 2014

FERNANDO OCHOA ANTICH, PRESOS POLÍTICOS

Protesto a nombre de la Venezuela democrática que aspira vivir en una sociedad en donde impere el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Protesto a nombre de la mayoría institucional de la Fuerza Armada que observa con sorpresa la indebida utilización de los medios militares en acciones represivas. Protesto a nombre de los jóvenes estudiantes que, como siempre, están en la vanguardia de la lucha por la libertad y la democracia.  
Es  inaceptable que una comisión de la Dirección de Inteligencia Militar se haya atrevido a realizar una requisa, con funcionarios encapuchados, utilizando la fuerza,  para golpear a Leopoldo López, Enso Scarano, Daniel Ceballo y Salvatore Luchesse. La responsabilidad del director del penal coronel Omero Miranda es indiscutible. Tan reprochable actitud compromete su honor militar.
Es de gran importancia que la opinión pública conozca los detalles  de lo ocurrido para que pueda valorar la realidad que viven estos venezolanos detenidos ilegalmente. 
El 21 de Julio se firmó un acuerdo entre el mencionado coronel Miranda, la directora de Derechos Fundamentales, María Bertely, y  la defensa de los detenidos para lograr que cesara la situación de aislamiento que, desde hace algún tiempo, sufrían los presos políticos, buscando garantizarles un constante contacto entre ellos, acceso a las áreas deportivas, el establecimiento de un  horario, permanente y estable, para la visita de familiares y terceras personas, y el cumplimiento de los reglamentos que prohíben la imposición de penas  y castigos a personas que están sometidas a un proceso  sin haberle sido establecida la correspondiente pena. 
Estoy convencido, que la acción realizada por la comisión de la Dirección de Inteligencia Militar sólo buscaba demostrar ante los presos políticos  que en el penal se  hace exclusivamente lo que ellos establecen, sin tomar en cuenta el contenido del acuerdo firmado y quizás hasta la autoridad del propio coronel Miranda. 
El dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, con toda razón, consideró “que el acuerdo había sido una trampa para demostrar que los presos políticos  no estaban aislados, para inmediatamente después volver a confinarlos en sus celdas”. Lo que causa realmente angustia es haber escuchado a la Fiscal Luisa Ortega Díaz afirmar que Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enzo Scarano y Salvatore Lucchese “no estaban sometidos  a ningún aislamiento pudiendo recibir visitas de sus familiares y de otras personas”
Durante mi desempeño como ministro de la Defensa me correspondió enfrentar los trágicos acontecimientos del 4 de febrero de 1992. Después de la derrota de la insurrección  militar hubo un número de detenidos relativamente importante, que se fue reduciendo  a no más de 50 oficiales, los cuales estaban realmente comprometidos en la asonada militar. A todos se les guardó las consideraciones correspondientes a su grado militar. Hago esta referencia porque entre los detenidos estaba el  mayor general Miguel Rodríguez Torres, actual ministro del Interior. El puede dar fe de esta verdad. Yo, a su vez, tengo que reconocer que  Carlos Andrés Pérez,  en ningún momento me presionó para que  tomara alguna medida en su contra habiendo sido el responsable del  ataque a  La Casona, en donde se encontraban doña Blanca, sus hijas y nietas.
Es inexplicable, que un gobierno que se dice democrático sea capaz de utilizar acciones represivas en contra de un grupo de detenidos políticos. Es verdad, que ese tipo de acciones es una característica de los gobiernos revolucionarios y fascistas. Es imposible dejar de señalar la injusticia cometida durante tantos años con el comisario Iván Simonovis y los demás agentes de la Policía Metropolitana. Los venezolanos saben perfectamente bien que la responsabilidad de los asesinatos del 11 de abril la tuvieron los dirigentes del PSUV que invitaron a sus militantes a tomar las armas para defender un gobierno que había provocado dicha crisis. Otra caso, realmente doloroso es la situación que vive el general en jefe Raúl Isaías Baduel. Todos conocen que su prisión fue una medida judicial impuesta por el régimen chavista al considerarlo responsable de la derrota sufrida en el referendo constitucional de 2007.
Fernando Ochoa Antich
fochoaantich@gmail.com                                                     
@FochoaAntich

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