Hace un año cuando comenzó la diáspora de
valientes colegas periodistas que prestaban sus servicios en la otrora planta
de noticias Globovisión, avizoramos el oscuro y siniestro espectro que en el
decurso del tiempo comenzaría a penetrar en las entrañas de algunos otros
medios de comunicación – unos adquiridos por el régimen y otros obligados a la
autocensura por temor a represalias de distinta índole, que van desde la
negación de pautas publicitarias, hasta la sanción pecuniaria a través de
Conatel – hechos estos que se han venido sucediendo a la vista de la opinión
pública del país.
Lo más reciente, la abrupta salida de
colaboradores que semanalmente escribían artículos de opinión en el casi decano
de la prensa, El Universal, medio recién adquirido por un grupo empresarial
cuya sede funciona en España y que pese a que su nuevo Presidente manifestara
mantendría el equilibrio informativo y de opinión, a los pocos días comenzaría
a rescindir de la valiosa colaboración de calificados columnistas, muchos de
ellos entregados semanalmente a emitir su opinión desde hace largos años.
Es esta actitud asumida por sus nuevos
propietarios, así como los de Globovisión, lo que pone en entredicho el
verdadero papel que deben cumplirlos medios ante en la sociedad, a la que están
obligados a rendir cuenta como depositarios de sus derechos ciudadanos, pues no
deben olvidar que la vida social, en si misma, es un proceso de comunicación,
por cuanto vivir en sociedad es vivir en comunicación.
Ortega y Gasset decía: “vivir es encontrarnos en un mundo de cosas que nos sirven o que se nos oponen, que nos atraen o que repelemos, que amamos u odiamos, es encontrarnos en un mundo de cosas ocupándonos de ellas. Es entonces cuando comprendemos que frente al interés individual, hay en el fenómeno de la comunicación, un interés colectivo, caracterizado por una suerte de impulso de la sociedad hacia el individuo que la presiona en un determinado sentido, obligándole a actuar de determinada manera e incluso hasta pensar de cierto modo.”
Lo anteriormente indicado es lo que Jean d’
Arcy expresaba: “Nos hallamos así ante la actuación de dos fuerzas: por una
parte, aquella que, para sus existencia misma, empuja al individuo a afirmar su
derecho a la comunicación y formar así, mediante la comunicación establecida
con sus semejantes , una sociedad; por otra parte, aquella que empuja a la
sociedad a elaborar para su
funcionamiento y su expresión misma,
modos de comunicación cada vez más perfeccionados que conducen hacia
estructuras sociales también más desarrolladas. De la tensión que se produce
entre la necesidad del individuo de comunicarse y la necesidad que tiene la
sociedad e establecer sus propios circuitos de comunicación y de expresión, entre
ambos derechos a comunicar – el del individuo y el de la sociedad – nacen los
derechos, deberes y libertades sucesivos”.
Debemos comprender innegablemente que la
comunicación cumple una función de integración, fundamental tanto para la vida
individual como para la vida social, aun cuando los intereses mismos, tanto de
individuos como de colectividades, no son en la práctica tan puros, tan nítidos
o tan claros como pudiera pensarse desde el punto de vista teórico. La “integración” se señala como un objeto a
alcanzar mediante la comunicación, no es
un valor en sí, absoluto, puesto allí como una meta a la que conducirán
fácilmente los caminos elegidos. Los intereses, precisamente, de quienes hacen
uso de la comunicación, sea el individuo o la sociedad, distorsionan esa
realidad, subvierten el proceso y trastocan la orientación tanto de los
objetivos como de los medios.
Visto
desde el punto de vista político, la comunicación deviene en fuerza que impone
ideas y establece control, tal como está ocurriendo en los actuales momentos y
que para nadie es desconocido. Los hechos que se han venido sucediendo con
algunas empresas editoras de diarios nacionales y de provincia, así como las
limitaciones del oficio a los periodistas en sus diferentes fuentes, amén de los
brutales ataques a su humanidad física, constituyen una descarnada muestra de
que la libertad de expresión en nuestro país, es vulnerada por el régimen sin
el menor escrúpulo ni vergüenza. Maduro y con él Cabello y sus segundones hacen
alarde de ello.
La sistemática violación de la Carta Magna,
por quienes están obligados a cumplirla y hacerla cumplir, en materia de la
libertad de expresión ha sido reiterativa, por lo que ha impedido que la
comunicación sea un instrumento de relación e integración de los diversos
componentes de la sociedad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas, de 1966, al referirse a los principios
contenidos en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, de 1948, señala en su artículo 19, numeral 3: “El
ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de
los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o moral pública”.
Lo cierto es que con la supuesta democracia que alientan quienes
se encuentran enquistados en el poder, pretenden redefinirla en términos
marxistas como verdadera o auténtica, o lo que ellos denominan la democracia
popular, propia de los regímenes autoritarios tercermundistas que se
justificaban con caprichosas consignas, que al mismo tiempo desvalorizan el
contexto de lo que prometen, populista y demagógicamente. Devienen en políticos
manipuladores que García Pelayo lo describe así: “Sustituye el pensamiento
crítico por una conciencia sistemática falsa que funciona por frases y por un
sistema de equívocos y de mistificación generalizados”.
Y estos males se han enquistado dolorosamente
en nuestro país en algunos medios de comunicación radioeléctricos e impresos,
por lo que ya la gente comienza a poner en duda el papel que juegan en la vida social, política y económica de la
nación.
Por
eso nos atrevimos a que nuestro artículo llevara el título con el que se
inicia.
Carlos
E. Aguilera A.,
careduagui@yahoo.com
@_toquedediana
Miembro fundador del Colegio Nacional de
Periodistas (CNP-122)
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