SAÚL GODOY GÓMEZ, LA IMPUNIDAD,

Según G.E. Catlin en su obra Un Estudio de los Principios de la Política, se ha discutido con suficiente profundidad sobre el problema de Ley Natural vs. La Ley Normativa, esta última hecha por el hombre y es la que llena las páginas de nuestros códigos, la primera es la que vemos actuando en la selva.

Catlin argumenta que las leyes naturales también son construcciones humanas ya que se trata de la racionalización del mundo físico, no son hechos brutos, sin sentido, el hombre los procesa en una labor intrínsecamente racional con el que le da orden al universo.

En el caso de la Ley Natural tiene una característica muy particular, no se puede infringir, no admite violación y si se hace, deja de ser Ley Natural. Pero la Ley Normativa es diferente, nos explica: `No es verdad que el delincuente viole la ley cuando comete un acto prohibido... el código no dice, no puedes, sino tan solo: No lo harás o sufrirás castigo. Como mandamiento puede ser violado, pero como ley, en su sentido real, solo puede ser violada cuando no se produce la sanción´.

Este punto es clave para entender la naturaleza de la impunidad; en la medida que la ley se cumpla y se ejecuten las sanciones previstas, existirá orden y paz social, la normativa hecha por el hombre tiende a parecerse a la Ley Natural en el sentido, que es ley mientras no admita violación.

La Ley Normativa o Jurídica puede ser transgredida por el delincuente si este no recibe su castigo, y esto ocurre cuando los funcionarios del Estado encargados de administrar la justicia se rehúsan a castigar al reo, con lo que, según Catlin, dichos funcionarios serían igualmente delincuentes, pero con un agravante, no solo violan su mandato de dar justicia, sino que con sus acciones propician las transgresiones a la ley provocando la ruptura de la paz social y la convivencia.

El problema de una justicia politizada y parcializada es precisamente que genera impunidad, cuando ciertos individuos o grupos se les permite violar la ley y no son castigados pero a otros, por ser enemigos de un régimen o porque tienen una forma de pensar diferente a los que sustentan el poder sí reciben todo el peso de la ley, no solo se propicia la injusticia, que diluye el Estado de Derecho, sino que motiva a otros delincuentes a cometer crímenes, violar la ley y esperar salir impunes de sus actos.

La impunidad y la injusticia no se pueden explicar, desde el momento que aparecen atentan contra el pacto social que dispone de una sola ley, conocida por todos, aplicada a todos por igual.

Cuando la impunidad y la injusticia asoman su feo rostro de inmediato debe rodar la cabeza del funcionario que lo permitió, llámese este magistrado de la Corte, juez o fiscal, el precio a pagar si no se toman las medidas, es la disolución social.

 Cuando un gobierno recibe en su sede a un prófugo de la justicia, a un asesino en funciones de representante sindical, cuando le construye monumentos a unos pistoleros que han agredido públicamente el orden social, cuando torturadores son dejados en libertad mientras sus víctimas son presos, cuando los denunciantes temen por sus vidas, cuando el terrorismo judicial arrincona a los periodistas por cumplir con su deber de investigar y denunciar injusticias y crímenes, cuando los jueces no pueden dictar justicia por temor a perder sus cargos, cuando políticos de oposición enfrentan juicios promovidos por funcionarios del gobierno por el hecho de ejercer su derecho a la denuncia, cuando las muertes de miles de ciudadanos quedan sin atender y sin culpables entonces esa sociedad va directo al caos social.

La historia nos enseña como algunos gobiernos han utilizado la impunidad como herramienta política, favoreciendo a los suyos y atacando a sus oponentes, cuando han hecho de la justicia un negocio que está en manos de bandas o tribus, el resultado ha sido, invariablemente, la violencia social y el fin de los gobiernos que lo promueven.

La impunidad puede parecer conveniente a unos pocos para sus intereses inmediatos, pero su existencia es un claro indicativo de una degeneración moral y la antesala de una pesadilla social.

El exagerado repunte de la violencia en Venezuela en estos años del gobierno revolucionario no es un fenómeno, como tratan de catalogarlo algunos funcionarios interesados, un fenómeno es algo que sucede y cuyas causas se desconocen, en nuestro caso, las causas están a la vista.

Ya criminalistas y expertos han explicado sus orígenes, organismos internacionales y veedores se han pronunciado sobre lo que se debería hacerse para disminuir este baño de sangre que no solo enluta al país, sino que aleja inversiones  y visitantes, nos hemos convertido en unos de los países más violentos del planeta sin tener una guerra declarada.

Ya al gobierno no le sirve la excusa que se trata de un “fenómeno” mundial, en ninguno de nuestros países vecinos, excepto en El Salvador, las cifras de homicidios y personas heridas por el crimen desatado llegan a una fracción del nuestro, ya no se trata de una sospecha sino de una verdad tan clara como el día, el gobierno de Maduro tiene como política de Estado la promoción del crimen organizado y la impunidad.

La política carcelaria que ha llevado hasta el momento es un completo fracaso, no hay manera de que la Ministro de asuntos penitenciarios pueda mostrar “logros” porque su relación con los llamados “pranes” o gobiernos de los presos dentro de las cárceles es un hecho público y notorio, una relación de socios y hasta de subordinados a ese mundo del crimen, hacen lo que quieren, como quieren, el gobierno los utiliza para sus fines de dominio sobre la población, al punto que cuando alguien incomoda al gobierno, lo desaparecen entre las cifras rojas, que por cierto, los órganos de seguridad del estado ya no publican o las manipulan para reducir su impacto.

Los tribunales están hechos un asco con jueces que son manejados por llamadas de teléfonos celulares, algunas hechas desde el exterior con las sentencias o acciones que deben tomar; el miedo, la “conchupancia”, la cobardía, los negociados, la corrupción son los motores que manejan la justicia en nuestro país, no hay peor infierno para un ciudadano venezolano que caer en las redes de la “justicia”, siempre con la amenaza de ser internado en ese depósito de animales rabiosos en que se han convertido nuestras cárceles.

La Fiscalía y los cuerpos de seguridad del estado están infiltrados por mafias, absolutamente politizados y al servicio del poder de un partido político, ocupados de cuidar sus propios intereses, descuidan su labor hacia el país, se hacen parte de juegos de carteles, grupos subversivos… resuelven en tiempo record lo que les interesa, solo se mueven por ordenes de “arriba”, el pueblo quedó a su suerte…

El país se encuentra en unas condiciones deplorables, los países del mundo les advierten a sus ciudadanos de los peligros que corren si visitan el nuestro, en Venezuela está vigente la Lay de la Selva, la Ley Normativa es una burla, la impunidad reina.

Saul Godoy Gomez

saulgodoy@gmail.com

@godoy_saul

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