Más
allá de la complicidad como otra especie de la participación en el derecho
penal venezolano, definida como quien de manera dolosa colabora o auxilia al
autor de un hecho punible, y en tal sentido lo consagra el artículo 84 del
vigente Código Penal, la realidad política de la Venezuela actual impone que
digamos basta a la evidente cooperación que desarrollan connotados dirigentes
demócratas dentro del proceso de esclavitud que tiene por autor al socialismo
gobernante.
Ello
es así por cuanto quién en su sano juicio, en esta Venezuela de hoy, aceptaría
como válida la propuesta de un diálogo político incondicional con un régimen
que a partir del 11 de abril de 2002
evidenció su propensión a emplearlo como instrumento de distracción pero
jamás como vía de negociación política.
Quienes
se han prestado para la reciente puesta en escena dentro del marco de una mal
llamada "Conferencia de Paz" con el régimen socialista en gobierno,
no hicieron otra cosa que legitimar en primer término a un régimen que es
inconstitucional desde aquel 11 de abril, sostenido sí por la fuerza militar y
el colaboracionismo demócrata, para luego propender a la cesación del proceso
de protestas públicas, pacíficas y no armadas que iniciadas el pasado 12 de febrero lleva por
denominación "La Salida".
Es
indudable que ambos objetivos fueron alcanzados por esa dirigencia demócrata
colaboracionista, pero a un costo muy alto: el pleno descrédito del que gozan
sus personeros en esta lucha por la
liberación nacional. Esgrimir ahora en medio de una temporal suspensión la
necesidad de sentarse a dialogar para evitar así una caracterización de
intransigentes, constituye banalidad tratándose del socialismo en gobierno cuya
impronta siempre ha sido la estafa. ¿Dónde estaríamos hoy si cuando menos
hubiere un discurso valiente de liberación nacional en boca de la totalidad del
movimiento demócrata?
Dicho
esto no existe cortapisa moralmente válida que restrinja nuestro apoyo a
"La Salida" como expresión genuina de nuestra voluntad por la
liberación nacional en contra de la esclavitud socialista, considerando como
fuere la inexistencia fáctica de un Estado Democrático y Social de Derecho y de
Justicia y por ende cualquier tratativa de naturaleza política ante los órganos
del Poder Público hoy secuestrados por el PSUV tienen sólo carácter formal a
objeto de fundamentar los juicios penales y civiles conducentes, una vez restablecida la efectiva
vigencia de la Constitución, sea mediante la renuncia del usurpador Nicolás
Maduro Moros o bien por la Asamblea Nacional Constituyente ¡Prohibido olvidar!
Ora y Labora.
Ronny
Padron
caballeropercivall@gmail.com
@caballeroperci
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