ALBERTO JIMÉNEZ URE, UN INAUDITO «DIÁLOGO POR LA PAZ» EN TERRITORIO DE TIRANOS, CASO COLOMBIA,

«No ofrezcas cosa distinta a un juicio al guerrillero persuadido que mejor tenerlo como amigo, porque no lo guía un código de conducta civil ni ideales sublimes. No entiende de altruismo ni fraternidad, dos categorías filosóficas para él ridículas. Sus incesantes hostigamientos le garantizan su permanencia en el Paraíso del Terrorismo y el control parcial del territorio donde pretende algún día reinar plena e impunemente»

Obviamente, toda persona sin trastornos mentales anhela vivir en paz: prodigarla, enseñar cómo hacerlo a quienes son sus parientes, a sus cónyuges e hijos, exigirla a los amigos, vecinos y autoridades civiles. A los militares excluyo porque forman parte de una institución que debería ser abolida. Son hostiles, arrogantes, presuntuosos y obtusos. Si fuere cierto que guardan respeto por eso que definen como «Obediencia Debida» nunca arremeterían contra los pueblos que les pagan sus remuneraciones.

Luce inaudito ofrecer a los peores, entre los terroristas del mundo, que podrían ser indultados y reinsertados a una determinada sociedad. Aceptar una plática para acordar la paz entre partes de una contienda a mitad de un territorio sometido por tiranos, donde se practica y exporta la Barbarie Doctrinal de Gobierno, no tiene ninguna justificación lógica. De hecho, esa decisión del Presidente de Colombia fue una especie de anunciado «indulto» a guerrilleros que han cometido toda clase de crímenes a la Humanidad lesivos. Pero, también significó un fortuito «insulto» contra las innumerables víctimas de esos desalmados convertidos en vedettes por la Farándula del Club de Petro-Dictadores del Siglo XXI.

El mandatario colombiano cometió un imperdonable error cuyas nefastas consecuencias están próximas a irrumpir en el escenario político de su república. Desestimó lo que sucede en Venezuela por causas nada disímiles, donde una equivocada población le otorgó el poder a ex convictos que en el ejercicio del mando se apresuraron a destruir la «Institucionalidad del Estado de Derecho». Aparte de confiscar la Tesorería Nacional, producción petrolera, empresas privadas, la Libertad de Pensamiento y demás derechos constitucionales de los ciudadanos.

Las Finanzas del Estado Venezolano son vertidas a una inmensa y secreta partida presupuestaria más destinada a la Transnacional del Crimen Político Organizado, al chantaje masivo y la corrupción de funcionarios e instituciones que a las necesidades de una nación sitiada. Y todo ello ocurre porque alguna vez bromeamos con quienes cometieron gravísimos delitos y hasta sufragamos para darles «un mandato» o responsabilidad administrativa de gobierno. Si los colombianos continúan por el mismo camino que ya transitamos los venezolanos, se pervertirá un frustrado deseo de Simón BOLÍVAR: no formaremos parte de una Gran Colombia ni mucho menos Unión de Naciones Latinoamericanas.

Hace tiempo que los gobiernos legítimos de Colombia pudieron deslastrarse, incluso sin violencia, de los guerrilleros. Habría sido suficiente con destinar recursos financieros a poblaciones de la periferia y legalizar el cultivo de drogas como la marihuana y cocaína, porque ello socavaría las finanzas de los insurgentes aparte de exterminar a las narco-mafias. El gobierno de Uruguay ya lo hizo, exitosamente, con la marihuana. Aceptemos que las prohibiciones nunca impedirán el consumo de esas sustancias. Desde la Antigüedad, el Ser Humano se ha dopado: con fines recreativos o religiosos, poco importa ya.

Alberto Jimenez Ure

jimenezure@hotmail.com

@jurescritor

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