SAÚL GODOY GÓMEZ, LA NUEVA INDUSTRIA PETROLERA

Creo, en lo más profundo de mi mente, que el estado no debe ser empresario, siendo la principal razón que ya gobernar es una actividad harto compleja y difícil, para distraerse en manejar empresas que no tienen nada que ver con su verdadera misión.  Por lo que me inclino a dejar la actividad petrolera en manos de empresas privadas, nacionales y extranjeras, que pudieran hacerlo de manera más eficiente y productiva.

Tengo un amigo petrolero, maracucho de vieja y noble raza, que me dice: “Si hay algo que sabemos hacer los venezolanos es producir petróleo”, y con base en esa apreciación, que doy por cierta - más de cien años en el negocio no es poca cosa - el plan petrolero del país tendría una especial consideración con los empresarios venezolanos que quieran invertir en el ramo.

Sigue pendiente la principal razón en la que se fundamenta nuestra industria petrolera, ¿Es el petróleo, así como todas las demás riquezas minerales, propiedad del Estado? Y pienso que debemos solventar de una buena vez este asunto que ha creado una maldición, con su consecuente carga de conflictos y ruina. La idea detrás de que el estado sea dueño de las riquezas del subsuelo es una herencia de la colonia española, nada tiene que ver con nosotros; luego, fue aderezada con el ingrediente socialista de que el petróleo es del pueblo y el estado lo administra en su nombre. A partir de ese momento, se les ha dado la impresión a los venezolanos de que todos tenemos derechos sobre este recurso, cuando la verdad es que se trata de una ficción, el petróleo ha sido siempre de los gobiernos de turno, jamás del pueblo y, últimamente, ha sido administrado por un gobierno extranjero para su propio beneficio.

Mi propuesta es que el petróleo siga la suerte de la tierra, de quien sea propietario de su superficie. No es un invento, es la manera como se hace en países desarrollados, lo que pasa es que la utilización de los recursos minerales de esa propiedad (incluyendo el agua) tiene una serie de regulaciones y normas a cumplir, obligaciones y derechos frente al Estado, que velará por que sea explotado correctamente, si la zonificación lo permite; con esto quiero decir que, si se trata de áreas protegidas, o no lo podrán explotar o tendrán más requisitos que cumplir.

El Estado velará porque todas las obligaciones impositivas que corresponden a su explotación - impuestos, regalías, bonificaciones a que tenga derecho - sean debidamente cobradas, pues de eso vive el Estado, de los impuestos, y el petróleo genera suficientes recursos fiscales para sostener al nuevo Estado venezolano, de manera cómoda (en sus modalidades nacional, regional y local).

Si, por casualidad, las tierras donde están las reservas petroleras son del Estado, éste podrá o bien venderlas, darlas en concesiones, alquilarlas o lo que le permita la ley, pero de ninguna manera debe permitirse que el estado sea socio o tenga participación, otra que los impuestos o cánones de arrendamiento, en las empresas petroleras que exploten el recurso.

En cuanto a toda la infraestructura que existe en el país y de la que el Estado es dueño, se iniciará de inmediato un plan de privatización de las mismas, desde refinerías, plantas mejoradoras, de subproductos, oleoductos, gaseoductos, pozos, muelles, etc.

La mayor parte de estas complejas instalaciones necesitan, con suma urgencia, de una reingeniería, para ponerlas al día; algunas de ellas hay que rehacerlas, debido al grado de obsolescencia que presentan, lo que supone la inversión de un monto de dinero importante en el tiempo, que el estado no tiene, por lo que se venderán o se traspasarán a las mismas firmas de ingeniería, para que hagan el trabajo, las acondicionen y, durante un tiempo, les genere el dinero que les costó repararlas; al final de ese período, esos bienes se darán a la venta al sector privado nacional e internacional.

La inversión extranjera se privilegiará, si viene acompañada de inversión nacional privada, se tomará en cuenta para el pago de impuestos el grado de transferencia tecnológica que se quede en el país, así como la contratación de mano de obra nacional.

En lo referente a las zonas mar afuera, a ser explotadas, los territorios submarinos seguirán siendo propiedad del Estado y sus afectaciones reguladas por las leyes ambientales y del derecho del mar; una parte de los dineros, que entren por concepto de explotación de gas y petróleo mar afuera, serán utilizados en el desarrollo de nuestro frente oceánico, en la investigación oceanográfica, climática, en la agricultura submarina y en la extracción de otros minerales estratégicos; en este punto debo agregar que, siendo la industria petrolera una actividad que por su naturaleza es “sucia”, es decir, que conlleva una serie de deshechos, de destrucción del medio ambiente y del uso de productos altamente contaminantes, se aplicará estrictamente en los sitios de producción el principio del menor daño posible al ambiente, y al devolver el espacio explotado, una vez concluidas las actividades, deberá ser retornado en las condiciones más cercanas o similares a su estado original antes de la intervención.

Las reservas probadas de petróleo serán explotadas de manera racional y de acuerdo a las necesidades del país, incluyendo la creación de un fondo de inversión social que será alimentado con un porcentaje de las ganancias por la actividad nacional petrolera, en la misma tónica que los fondos noruegos o los de algunos países árabes, con el fin de afrontar necesidades futuras.

El gobierno promocionará la inversión y la investigación de energías alternas al petróleo, para ir reduciendo progresivamente la dependencia del país en los hidrocarburos. Estoy convencido de que, en algún momento, dejaremos de tener un Ministerio de Energía y Minas, y bastará con el del Ambiente, para hacer contraloría ambiental sobre las empresas que se ocuparán de esas actividades.

Estas son las líneas gruesas de un plan para deslastrar al Estado de su rol de dueño y productor de petróleo, origen de graves distorsiones políticas y sociales, poniendo el aparato estatal a dieta, eliminando el petróleo como nutriente indispensable en su labor. De esta manera, la riqueza petrolera será efectivamente repartida entre diversos sectores del país, generando polos de desarrollo independientes de los planes gubernamentales; lo más importante es que el estado venezolano podrá ocuparse de gobernar como lo mandan las leyes y de promover nuevas fuentes de riqueza.

Saul Godoy Gomez

saulgodoy@gmail.com

@godoy_saul

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