Desde poco antes de 1984 nos ocupamos del
tema. Con seriedad y profundidad, ajenas a cualquier interés político,
electoral o personal. Ese año fueron planteadas por mí en la Cámara de
Diputados, las incipientes preocupaciones con relación al tema de las drogas,
derivadas de las informaciones que recibíamos de Colombia.
Se designó una
Comisión Especial para que en plazo de 90 días presentara conclusiones al
respecto. Con la extraordinaria asesoría de unos asesores encabezados
magistralmente por Bayardo Ramírez Monagas y César Naranjo O., presentamos el
proyecto de Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, al poco
tiempo ley de la república (ley anti-drogas).
Allí se indicaban políticas
concretas para la prevención, represión, rehabilitación y lo relativo a la
seguridad ciudadana y salud pública. El debate generó algunas manifestaciones
críticas en aspectos importantes. La mayoría recogidas. Especialmente las
formuladas por Alberto Arteaga Pérez, para entonces decano de la Facultad de
Derecho de la UCV. 30 años después duele reconocer que el problema creció en
proporción geométrica. Los sucesivos gobiernos no le dieron la trascendental
importancia que tiene. Especialmente el actual. En el mundo e internamente,
existen fundadas sospechas de la presencia de los tentáculos del narcotráfico
en todas las áreas importantes de la vida nacional
Civiles y militares son señalados. Nadie
informa. El sector oficial mantiene un silencio cómplice inquietante. Se exigen
formalmente explicaciones que nunca se dan para despejar dudas internas y
externas. Es el caso de la Audiencia Nacional de España, o de autoridades
colombianas, concretos como el de Mackled, entre otros.
Los informes de agencias internacionales,
especialmente en Europa y Estados Unidos, señalan a Venezuela como país de alto
tráfico y lavado de capitales. Ahora también como productor. La nación sigue
ciega, sorda y muda.
Oswaldo Alvarez Paz
oalvarezpaz@gmail.com
@osalpaz
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