En
los últimos años, se han hecho varios intentos de acusar al gobierno venezolano
ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, los cuales han fracasado ya
sea porque el Estatuto de Roma no estaba vigente todavía (caso 11 de abril de
2002), porque no se cumplieron los requisitos procedimentales, o porque Chávez
fue lo suficientemente astuto como para llevar a cabo sus acciones de una
manera no tan abierta.
Pero
luego del 12 de febrero de este año, no existe ninguna posibilidad de que
Maduro y sus colaboradores puedan escapar de la justicia internacional. Maduro se ha manejado de una forma tan torpe,
tan desenfrenada, tan evidente, que él mismo rellenó su propia planilla de
confesión ante la Fiscalía de La Haya.
El artículo 7 del Estatuto de Roma establece como crimen de lesa humanidad “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, y seguidamente señala: asesinato, tortura, violación, persecución y detención ilegal, entre otros (http://to.ly/tSvm).
Si
solo se toma en cuenta el caso del estado Táchira, ya se han cometido todos
estos delitos; y se ha hecho de forma generalizada y sistemática contra una
población civil indefensa. Maduro ni siquiera tiene la astucia de esconder las
barbaridades que comete, sino que se jacta de ellas públicamente y hasta las
anuncia por televisión, para que quede bien registrado ante cualquier tribunal
internacional.
Tomemos
por ejemplo estas declaraciones, difundidas a través de YouTube: “Si tengo que
decretar un estado de excepción especial para el Táchira, estoy listo para
crearlo, y meter los tanques, las tropas, la aviación, meter toda la fuerza
militar de la patria, porque el Táchira nosotros vamos a preservarlo… estoy
dispuesto a todo por el Táchira” (http://youtu.be/urw6wgJ7efA). En medio de su
euforia, a Maduro se le olvidó un pequeño detalle: el Táchira no es un teatro
de operaciones de guerra sino una población civil desarmada.
Si
a esto se le suma las violaciones perpetradas en todo el país, cabalmente
documentadas por el Foro Penal Venezolano y demás organizaciones de derechos humanos,
no cabe duda que la Corte Penal Internacional deberá activarse pronto contra
todos aquellos que participaron en estos delitos.
Para
quienes forman parte del Gobierno, éste es el momento de meditar muy bien si
van a acompañar a Maduro hasta la puerta del cementerio, como dice el dicho
popular, o si se van a enterrar con él. Lo mismo aplica a los aliados
internacionales de Maduro, deben reflexionar si van a seguir avalando los
delitos de lesa humanidad que comete el gobierno venezolano, o si van a
proteger sus propios intereses.
Luis
José Semprum,
l.semprum@gmail.com
@LuisSemprumH
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