El
establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas
las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales
e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en
la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los avances de mayor
trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y
espiritual del ser humano. Sin embargo,
no lo han podido disfrutar los pueblos donde la cultura de la violencia ha
predominado, en la conciencia no sólo
de los gobernantes llegados al poder por la fuerza de las armas, sino
también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población.
La
salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos, ha demostrado tener como objetivo dejar sin
protección a los venezolanos víctimas de la recurrente violación de sus
derechos constitucionales por parte de cuerpos represivos del gobierno, como
sucede actualmente contra los estudiantes y miembros de la sociedad civil que
se solidarizan con los objetivos de
libertad y democracia que plantean los
jóvenes para explicar y justificar las protestas cívicas, pacíficas y no
violentas.
Nicolás Maduro hace llamamientos a la paz y al diálogo, para tratar de congraciarse con los países defienden el respeto a los Derechos Humanos, pero ha quedado al descubierto su talante autoritario, incluso para algunos jefes de Estado amigos del extinto Comandante Chávez, cuando visitaron el país y recibieron información de la brutal represión policial, militar y paramilitar contra estudiantes y la sociedad civil, y constataron la injusta prisión de Leopoldo López y de los Alcaldes Daniel Ceballos, de San Cristóbal, Estado Táchira y Enzo Scarano, de San Diego, Estado Carabobo, y la persecución a los principales dirigentes de Voluntad Popular, un Partido Democrático al que pretende ilegalizar y extinguir.
La Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos de la OEA ha recibido varias
denuncias, que prueban centenares
de hechos violentos contra adversarios del régimen o simples disidentes de sus
políticas públicas, que han sido víctimas de la represión policial o de la
acción judicial después de ser imputados de cometer delitos comunes sin que los
fiscales ni los jueces hayan presentado pruebas convincentes y sobre todo
señaladas como tales por las leyes vigentes, lo que ha convencido a muchos,
aunque algunos lo disimulen, de que en Venezuela no hay Estado de Derecho.
La
reacción del heredero del extinto Jefe del Estado y en particular de los
representantes de los Poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano, de
rechazo al informe, y la descalificación a quienes lo elaboraron
a partir de denuncias de familiares o de
las propias víctimas, revela la gravedad de lo que ha pasado en los últimos 14 años y continúa pasando en nuestro
país, cuyos altos funcionarios se niegan a discutir el contenido de dicho
Informe porque se saben culpables de delitos de lesa humanidad, porque ese Informe no tiene sesgo político.
La
visita de los cancilleres de UNASUR servirá por lo menos como
comprobación, sino como testimonio, de la actuación de funcionarios del
gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos, condenada por El
Estatuto de Roma, aprobado y ratificado por Venezuela.
Si por ahora no pueden ser juzgados por sus
delitos de lesa humanidad, éstos no prescriben y su impunidad será transitoria,
y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e
internacionales cuando las circunstancias lo permitan.
En
el mundo contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y
sus cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los
Derechos Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales
integrados por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de
la justicia. De allí que algunos altos
funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas
inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en
el futuro cercano o lejano, ante la justicia internacional
Y
aunque es posible que con la visita UNASUR Nicolás Maduro se vea obligado a
morigerar la represión policial y controlar, si es que puede, a los grupos paramilitares, para cumplir con
disposiciones del tratado integracionista, relativas a las libertades públicas,
es necesario esperar las próximas ejecutorias gubernamentales, aunque la
represión ha continuado en San
Cristóbal, Maracaibo y Maracay, con saldo de 2 muertos más, para un total de
39. Lo que resulta evidente es, que la salida de la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos, tendrá un alto costo político internacional, y si la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) maneja acertadamente la
bravuconada Madurista, el costo político puede ser también nacional y cobrado
por la acción protestaría de los estudiantes y sociedad civil, que se ha sumado
a la lucha contra el autoritarismo del gobierno.
Juan
Paez Avila
jpaezavila@gmail.com
@jpaezavila
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