EMILIO NOUEL V., EL “CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS” DE MADURO O DE CÓMO LOS ZAMUROS CUIDARÁN CARNE

Lo lógico, racional y procedente es que un organismo que  va a velar por la vigilancia y respeto de los derechos humanos (ddhh) en un país o desde una organización internacional, tenga un carácter independiente y autónomo de cualquier instancia gubernamental que pudiera mediatizarlo.  De no ser así, sería un disparate, sólo concebible por quienes enarbolan una ideología totalitaria.

Violan los derechos humanos los gobiernos, concretamente, las personas que están investidas de autoridad para ejercer la violencia legítima de conformidad con el ordenamiento jurídico de un Estado determinado, aunque podría incluirse a particulares que cooperen en tales delitos. Cuando un ciudadano del común comete un crimen contra las personas (homicidio, lesiones, etc), la sanción para él está contenida en el Código Penal; en este caso no hay violación de ddhh, es un delito perpetrado por un particular.

Estaríamos en presencia de una violación de tales derechos (los derechos contra el gobierno, como los llama Ronald Dworkin), por ejemplo, cuando un funcionario público que cumple funciones represivas (policías, militares) comete delitos conceptuados como de lesa humanidad (asesinatos, persecuciones, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, desaparición forzada, entre otros) en ejercicio de su cargo.

Es por tal razón, que en un régimen genuinamente democrático los entes del Estado que persigan y sancionen tales crímenes deban gozar de independencia absoluta. Es el principio de la división de los poderes en acción. Fiscales, jueces o cualquier otro órgano contralor no pueden estar sometidos al poder ejecutivo de un país, ellos tienen el encargo de vigilar la actuación de éste. Sería un contrasentido, un absurdo inaceptable, que desnaturalizaría el principio de la vigencia plena de aquellos derechos.

Pero, obviamente, eso sería en un entorno en que la democracia existe, no en un país como la actual Venezuela.

La última aberración del gobierno militar, si es que ya no teníamos suficientes, es la creación de un Consejo Nacional de Derechos Humanos. Lo pudimos leer en Gaceta Oficial (No. 40.386  de fecha 3 de Abril de 2014). Este ente rendirá cuentas y recibirá instrucciones del Presidente de la República.

Obviamente, el origen de ese decreto es el escándalo nacional e internacional generado por la brutal y desmedida represión de los últimos días frente a las protestas. Se quiere lavar la cara el gobierno ante el mundo, manifestando su “preocupación” por el tema. Pero su cinismo e hipocresía han quedado al descubierto.

Queda claro que la creación de un ente como ése, y en los términos del decreto en cuestión, es un exabrupto, cuyo propósito es propagandístico.

Constituye un absurdo que desde el gobierno, es decir, desde la posición del sujeto que deberá ser controlado, se conforme un órgano que, en teoría, impulsará políticas de defensa de los derechos humanos. Los miembros de ese Consejo, entre otros, serán el Vicepresidente Ejecutivo, los Ministerios de Relaciones Interiores, Defensa y Penitenciario, el Tribunal Supremo, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo.  ¡Qué locura!

¿Los que deben ser controlados van a denunciar sus propias violaciones?  ¿En qué cabeza cuerda cabe esto?  ¿Cómo un órgano que esté en relación de subordinación va a acusar a su superior de una violación a los derechos humanos? Esto, sin duda, es una farsa, una burla más del gobierno.

Tal decreto trasluce la visión ideológica que el gobierno venezolano ha querido imponer, avalada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y otras instituciones sumisas a él.  Cuando el TSJ sentencia que la distinción entre el Estado, por un lado, y por otro, la sociedad civil y los ciudadanos, sería “una construcción ideológica liberal, en la cual hay reminiscencias censitarias, de desprecio a las clases populares y de odio al Estado como unidad política que es concebido como una amenaza latente contra la concepción individualista”, y que sólo existe una “totalidad social” que es inescindible (Delgado, Arcadio. Reflexiones sobre el Estado político y el Estado social, www.tsj.gov.ve),  podemos explicarnos sin dificultad el disparate del decreto y su naturaleza totalitaria. Es la misma ideología que subyace a una aberrante sentencia reciente contra la diputada María Corina Machado, en la que se dice cínicamente que estarían dando cumplimiento al “principio de colaboración entre los Poderes” al abogar “por los fines esenciales del Estado trabajando de manera coordinada”, cuando es un hecho evidente que la división de los poderes no existe.

En Venezuela, se ha querido fundir al Estado con una parcialidad política y su visión ideológica y borrar, así, la separación de los poderes públicos, en abierta contravención de nuestra Constitución nacional. La denuncia de la Convención Americana de los Derechos Humanos por el gobierno venezolano ya fue un acto que forma parte de una deriva antidemocrática sostenida, incongruente con instrumentos internacionales firmados por Venezuela (Carta Democrática Interamericana, Protocolos de Ushuaia), que se inscriben en el sistema hemisférico de protección de aquella Convención.

El referido Consejo no es otra cosa que poner zamuros a cuidar carne.

Emilio Nouel V.

emilio.nouel@gmail.com

@ENouelV

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