domingo, 27 de abril de 2014

CARLOS PEÑALOZA, LA NACIONALIDAD DE MADURO

             
Cuando la presidenta del CNE Tibisay Lucena anunció los supuestos resultados de la elección del 14 de abril del 2013, dando un ligero margen de ventaja del 1,4% a Nicolás Maduro, su contendor Henrique Capriles impugnó públicamente ese resultado exigiendo auditoría y  reconteo total. Esa noche Maduro accedió públicamente a esos requerimientos. Al día siguiente, luego de recibir instrucciones, se desdijo y no aceptó reconteo. Además planteo una auditoría improcedente que no fue consentida por Capriles. La discusión inicial se centró sobre el tema del conteo a posteriori de los comicios, dejando por fuera el problema de la nacionalidad de Maduro que es un elemento crucial apriori en esa disputa.

         La Constitución Nacional de 1999 establece en su artículo 41 claramente el principio de la nacionalidad aplicada a los altos cargos públicos al especificar que:
         “Solo los venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de Presidente, Vicepresidente, Presidente de la Asamblea Nacional … y Ministros de Despachos relacionados con la seguridad de la nación” (como Canciller por Ej.).
         Adicionalmente el artículo 227 de la Carta Magna indica que:
         “Para ser elegido presidente de la Republica se requiere ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad….”
         Estos requerimientos implican obligaciones y responsabilidades de las autoridades que dirigen los poderes públicos encargados de verificar si los aspirantes cumplen con la ley. Antes de cada elección estos funcionarios deben identificar a los postulantes comprobando el cumplimiento de las exigencias constitucionales. Para asegurar imparcialidad, esa verificación debe realizarla un equipo de expertos compuesto por representantes del régimen la oposición. El objetivo es impedir la postulación de ilegales que de ganar la elección usurparían sus cargos.
         En caso de denuncias sobre posible fraude en la identificación de candidatos, antes o después de las elecciones, el CNE esta obligado a hacer pública la partida de nacimiento presentada por el presunto infractor a los investigadores. De no hacerlo esas autoridades incurren en abuso de autoridad, incumplimiento de sus obligaciones e incluso encubrimiento. De negarse el CNE comete un delito y debe ser denunciado ante el Tribunal Supremo quien está obligado por la Constitución a hacer pública la Partida de Nacimiento para que expertos imparciales determinen su validez. Esa es la ley, pero Venezuela no hay un Estado de Derecho. Los poderes están secuestrados, nuestra patria está dejando de ser una democracia y las autoridades responsables tomaron decisiones ilegales.
         Las violaciones de Maduro a la Constitución Nacional son de larga data, al igual que la negligencia de los funcionarios encargados de verificar su nacionalidad. El inicio es previo al propio Maduro Moros vistas las violaciones cometidas por su padre Nicolás Maduro García planteadas por mí en artículos previos. Esas crónicas dejan claro que Nicolás Maduro calcó el modus operandi de su padre Nicolás Maduro García quien tampoco era venezolano.  Por razones de espacio me limitaré al caso del presidente en ejercicio al cual considero ilegitimo e indocumentado.
         La vergonzosa negligencia en este caso es incomprensible. Nicolás Maduro Moros durante casi una década ocupó elevados cargos en el gobierno nacional llevado de la mano de Hugo Chávez. Al asumir estas posiciones Maduro, sus postulantes y los que verificaron sus presuntas calificaciones para esos altos cargos pecaron por desidia, indolencia o complicidad. Una serie de indicios indican que Maduro Moros no llenaba los requisitos exigidos en la Constitución Nacional para ser miembro de la Asamblea Constituyente, Presidente de la Asamblea Nacional, Canciller, Vicepresidente y menos Presidente de la Republica. Las responsabilidades por estas evidentes violaciones deben establecerse.
         Ante la negligencia de los órganos responsables, la opinión pública reaccionó. El abogado Adolfo Márquez solicitó ante la Sala Electoral del TSJ la nulidad de la postulación y proclamación de Maduro por no haber mostrado su partida de nacimiento. Este es un documento público que los ciudadanos venezolanos tienen pleno derecho a solicitar y revisar. El gobierno ha obstaculizado e impedido el escrutinio de este escrito impidiendo su acceso a los investigadores. Al efecto la Sala Constitucional del TSJ, sin tener autoridad arrebato la demanda de Marquez y se arrogó el monopolio de su análisis. Poco después fallo en contra del demandante alegando una serie de tecnicismos legales orientados a la forma y no al fondo de la demanda. Esta acción de ocultamiento de información abierta para encubrir algo es ilegal. La única razón para esta obstaculización es que el documento no exista o que sea forjado. Esto último sería fácilmente discernible por los expertos. Este es el caso con la partida de nacimiento de Maduro. He visto la copia del documento en poder del CNE y estoy seguro que es ilegal por no cumplir con varios de los requisitos exigidos por la ley.
         Hasta ahora el régimen ha logrado impedir, mediante el escamoteo de la partida de nacimiento de Maduro que ese documento público sea examinado y cotejado. Entretanto en el trasfondo unas manos peludas desarrollan un plan B. Terceras personas que se hacen pasar por opositores, exigen a los denunciantes que presenten las “pruebas” que Maduro es colombiano. Estos agentes del gobierno pretenden hacer ver que la carga de la prueba está en los demandantes. La “carga de la prueba” según el principio lógico, que es el aplicable en este caso, corresponde hacerla a quien está en mejor capacidad para probarla.  Si Maduro es señalado de no ser venezolano o de tener doble nacionalidad por buena parte de los ciudadanos de este país, entonces está obligado a presentar públicamente su partida de nacimiento y probar que solo tiene la nacionalidad venezolana. Así lo hicieron los expresidentes Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Barak Obama en los EEUU. Si lo hubiera hecho al comienzo de este “affaire” ya su situación se hubiese aclarado, pero no ha sido así. Esto no ha ocurrido porque no posee ese documento o esa prueba de identidad única, o porque los documentos que entrego al CNE son forjados y la falsificación puede ser detectada. En todo caso si el no prueba ser venezolano no puede ser presidente y debe renunciar.
         Otra endeble defensa, a la cual son afectos algunos voceros de la MUD es alegar que le ciudadanía de un presidente es un asunto “irrelevante”. Es obvio que esta posición es indefensible porque equivale a decir que los artículos 41 y 227 de la constitución nacional carecen de importancia o son un capricho irracional de los constituyentes. Hay razones para sospechar que algunos de los colaboracionistas que hablan de la “irrelevancia” de la nacionalidad probablemente estén incursos en la misma violación a la Constitución que Maduro. Es necesario que se revisen a fondo las identificaciones de personajes prominentes que defienden esta peregrina tesis para determinar si tienen más de dos nacionalidades.
         Finalmente otro enclenque argumento paralelo a este es alegar que hay asuntos más importantes que discutir que la nacionalidad. Este grupo controlado por el régimen arguye que la seguridad, la escasez, la salud, los presos políticos, los derechos humanos, etc. son temas mas importantes y son los que deben ser discutidos y no el irrelevante asunto de la nacionalidad. Todos esos temas son importantes y deben discutirse, pero el de la nacionalidad es crucial. La oposición y la resistencia no deben sentarse a dialogar con el regimen sin antes verificar la nacionalidad de Maduro. Si este individuo se niega a presentar su partida de nacimiento es una prueba clara que no es venezolano y que el documento presentado por la Sra. Lucena es forjado. A los promotores de estas excusas amañadas se les ve el bojote y hay razones para sospechar que los mueven motivaciones bochornosas.
         En todo caso no tiene sentido que si Maduro tiene sus documentos en orden los oculte. Que ganaría?. Dicho esto solo cabe que se cumplan los extremos de ley y que Maduro entregue su partida de nacimiento y pruebas de tener una sola nacionalidad ante la opinión pública para que sea examinada por expertos. De verificarse su contenido, el tema sería superado y pasaríamos a otra etapa de la lucha. De no entregarla debe asumirse que no es venezolano y que es un infiltrado castro comunista. En este caso el indocumentado debe ser destituido y penado. Igualmente sus cómplices y encubridores deben ser sancionados. Sabemos que esto no ocurrirá a menos que ocurra un colapso y el castillo de naipes del régimen se derrumbe. La confabulación y el colaboracionismo con los cubanos es una gangrena que consume al país. Nuestro oro negro ha servido para comprar conciencias al punto que la metástasis moral es tal que pareciera terminal. 
Por fortuna aún quedan venezolanos que sabremos defender la patria y lo haremos.
Carlos Julio Peñaloza
genpenaloza@gmail.com
@GenPenaloza

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