ZENAIR BRITO CABALLERO, EN VENEZUELA HAY AUTORITARISMO Y ABUSO DEL PODER

Con la inicua, ilegal y arbitraria decisión del Sr Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, de suspender de su cargo como Diputada a María Corina Machado, queda demostrado que en Venezuela, por encima del Estado de derecho, está la politiquería, y que no se respeta la Constitución, ni las leyes, ni al pueblo que la eligió en elecciones.

No es democrático, ni justo, ni razonable, que un Estado que decreta la muerte política, a una ciudadana diputada que no ha cometido ningún delito, ni se ha robado un solo bolívar, ni ha sido condenada por ningún juez, no le perdonaron que destapara el cartel de  la corrupción,  que denunciara irregularidades del régimen socialista-comunista, y que luchara en beneficio de los  electores que la llevaron a ser Diputada.

Tienen miedo  que se destapara la olla podrida de la corrupción. Los directivos de la Asamblea Nacional no fueron justos, ni imparciales, solo acatan los fallos de los jueces si les son favorables y los descalifican si les son desfavorables. Hacen lo que les da la gana, priman sus intereses personales y partidistas, a la politiquería q es un porcentaje más alto que la oposición en la Asamblea.

Se impuso el complot al que se presta un periodismo gobiernero sin independencia, sin veracidad y sin objetividad, porque son el brazo ejecutor del régimen socialista-comunista. Violaron la Constitución y la Convención interamericana de Derechos Humanos; y a pesar que la Corte Constitucional, ha establecido en reiterada jurisprudencia, la obligatoriedad de acatar las medidas cautelares de la CIDH; la Asamblea Nacional y el Sr Presidente Maduro las desacatan. Violaron las decisiones populares  de los ciudadanos que votaron y que llevaron a María Corina Machado a ser Diputada a la Asamblea Nacional.

Como buenos leguleyos Psuvistas interpretaron las normas a su conveniencia, para justificar lo injustificable. Se oponen a que la CIDH intervenga en defensa de los derechos de María Corina Machado, pero invocan su apoyo para sacar adelante un espurio proceso de paz; o para que supuestamente no haya impunidad y se imparta justicia a los prisioneros políticos como Simonovis, Henry Vivas, Forero, 8 policías metropolitanos, el General Baduel y tantos otros que llenarían la cuartilla de este artículo, como así lo exigen los abogados defensores a la Corte Penal Internacional. Viven cuestionando al gobierno de otros países por desconocer los  derechos humanos, pero aquí es peor. Esa es la ley del embudo y la doble moral de este régimen socialista-comunista que desgraciadamente desgobierna a nuestra Venezuela.

La institucionalidad democrática debería estar por encima de la institucionalidad jurídica, la primera defiende la voluntad ciudadana, el sentir de la opinión, de las mayorías, la segunda defiende la veleidosa, voluble y caprichosa interpretación de las normas, por funcionarios públicos o abusivos diputados, y sesgados jueces  o magistrados  impedidos para fallar; que lo hacen de acuerdo con sus intereses, con fallos amañados y parcializados.

No puede existir seguridad jurídica en Venezuela, si las leyes, los convenios o los tratados  no se cumplen y solo se les aplica a los disidentes. Lo que impera es la arbitrariedad, el abuso de un inquisidor con poderes omnímodos y dictatoriales, que se considera intocable, al que nadie controla, ni le aplican las leyes por prevaricar, por incurrir en cohecho o en desacato de las decisiones judiciales.

¿Por qué en defensa de los intereses superiores de la patria el presidente viola constantemente la Constitución y las Leyes venezolanas? ¿Por qué solo defiende sus intereses  políticos, los de su partido PSUV y los del régimen comunista de Cuba?. ¿Por qué las autoridades competentes no han actuado con la misma diligencia y severidad, contra miembros del PSUV que están en cargos claves del régimen y vinculados con el Ejecutivo y con los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes? ¿Por qué usa el poder  para defender a sus amigos y acólitos y condenar a quienes  tienen ideas contrarias? En Venezuela no hay democracia, ni institucionalidad jurídica, ni división de poderes, hay autoritarismo, abuso del poder, señorío.

Zenair Brito Caballero

britozenair@gmail.com

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