domingo, 2 de marzo de 2014

SAÚL GODOY GÓMEZ, VIOLACIONES AL DERECHO DE LA INFORMACIÓN,

El derecho a la información es un derecho humano fundamental, limita de manera rotunda la soberanía del Estado al tener que garantizarlo ante la comunidad internacional, por ello no se entiende la actitud del gobierno chavista de hacer pública y notoria su voluntad de ejercer una hegemonía comunicacional en Venezuela, concentrando en el Estado el control y la propiedad de los medios de comunicación, ello inevitablemente trae y traerá graves conflictos de derecho y de intereses, empezando porque es imposible el desarrollo de una sociedad democrática existiendo la inculcación del derecho a la libre expresión debido a los mecanismos autoritarios del control de los medios.
El gobierno chavista pretende disfrazar su intención hegemónica aplicando las denominaciones de medios comunitarios y públicos a una serie de proyectos, empresas y redes que son financiadas en su totalidad por el estado, controladas en su contenido por los ministerios de adscripción, y utilizados para la indoctrinación, propaganda y falsificación de la realidad del país y que solo complacen a los intereses políticos del partido de gobierno, el PSUV, tales medios ni son comunitarios ni son públicos.
No contento con esto mantiene un férreo control sobre las capacidades técnicas y de inversión de los pocos medios privados que existen, manipula sus contenidos por medios de organismos paraestatales y supuestos comités de usuarios, todos controlados políticamente y sin participación de la verdadera sociedad civil, es absolutamente obvio y grosero el grado de injerencia política que se permite en el otorgamiento, renovaciones y limitaciones de las licencias y permisos de operación de empresas y señales extranjeras, al punto que cada vez más se hace usual los conflictos y los cierres de canales que no se pliegan a la línea oficial.
La censura y los mecanismos de autocensura que logra por medio de inspecciones, multas, cierres temporales, procedimientos administrativos, normas restrictivas y simplemente, terrorismo de estado, hacen que los medios radioeléctricos se vean severamente limitados en sus funciones tanto de información como de educación y entretenimiento.
La existencia de las llamadas “cadenas presidenciales” que es la obligación de todos los medios radioeléctricos de transmitir conjuntamente programas y anuncios gubernamentales considerados importantes para la nación, le ha permitido al gobierno en condiciones de crisis sociales, hacer un black-out nacional de información en momentos cuando la sociedad necesita de orientación  e información fidedigna, creando muchas veces situaciones de peligro para los ciudadanos.
A la prensa impresa la controla por un mecanismo de asfixia en el suministro de papel y de injerencias directas de altos funcionarios recomendando que publicar y que no, a los periodistas los somete a una persecución de sus grupos violentos con peligros inminentes y continuos a sus vidas, familiares y bienes, y con su poder en que medios reciben los anuncios gubernamentales (que al fin y al cabo son pagados con dineros públicos), es fácilmente discernible quien se lleva el grueso de la publicidad gubernamental.
No contento con esto ha concentrado en una sola empresa estatal los nódulos de entrada y distribución de las señales radioeléctricas del país, incluyendo las satelitales y por cable, con la posibilidad de cortar el suministro o reducir la capacidad del mismo, de manera selectiva o total, de las señales telefónicas y de internet al país entero, estaría en capacidad de dejar al país ciego, sordo y mudo en un acto de guerra en contra de su propia población.
En una palabra, el gobierno chavista tiene la posibilidad real, y ya ha hecho uso ilegítimo de ella, de dejar, a voluntad, al país en situación de aislamiento comunicacional del mundo hacia Venezuela y dentro del país, lo que representa no solo un abuso de poder sino una flagrante violación de los derechos humanos en cuanto al derecho a la información, que incluye el derecho que tienen los ciudadanos al acceso a documentos públicos, sobre todo a actas y expedientes de carácter penal y cuya revisión oportuna garantiza la debido proceso.
Este ejercicio abusivo de control sobre las comunicaciones en el país viola no solo la Constitución Nacional sino todos los acuerdos internacionales que el país a firmado y se ha comprometido a cumplir, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Políticos de las Naciones Unidas, haciéndose notoria la conflictividad con los organismos veedores de estos tratados. El equilibrio comunicacional en Venezuela está definitivamente roto por causa de esta injerencia ilegal e ilegitima del gobierno chavista en querer, no solo censurar y controlar a todos los medios de comunicación del país, sino en querer limitar severamente el derecho a la opinión y a la libertad de expresión de todos los venezolanos.
Una vez que una sociedad permite que el Estado controle toda la red de comunicaciones, lo hace dueño de sus vidas. El Estado entonces s dedica a buscar información y ya que controla los registros, catastros, censos, sistemas de información geográfica, estadísticas, declaraciones de impuestos, certificados de defunciones, partidas de nacimiento, data electoral, de consumo de viajes… cada permiso o gestión que el ciudadano realiza en su vida diaria deja tras de sí información personal relevante que el Estado hegemónico pudiera coleccionar para usarla en su contra, y si además graba, espia, intercambia información con otros entes o países, en un determinado momento,, imagine usted el caso, pudiera con la cooperación de esos colectivos armados que sustenta y apoya, infiltrar a una urbanización o una residencia y secuestrar a un grupo de personas para pedir rescate, de esta manera, neutralizaría a la comunidad con miedo y desconcierto, beneficiándose a su vez económicamente.
El Estado hegemónico es un peligro, se convierte en un monstruo cuando los ciudadanos se hacen inconvenientes para sus fines totalitarios.  Al Estado hegemónico hay que derrotarlo, y esto empieza por alimentarlo con información basura.
La libertad de información (y de expresión) está indisolublemente ligada al pluralismo político, el que a su vez, constituye uno de los cimientos del funcionamiento del Estado democrático, esos derechos son reiteradamente violados en Venezuela a veces con consecuencias graves para las libertades políticas del pueblo y con daños colaterales a empresas, gobiernos extranjeros e instituciones no gubernamentales que han sido agredidas y hasta expulsadas del país por la intransigencia de un gobierno que ha demostrado su incapacidad de manejarse en democracia.
Lo peor de esta situación es el elemento de “contagio” que han tenido estas políticas hegemónicas sobre los medios de comunicación, que han sido importadas a países vecinos en el continente, creándose una suerte de bloque de países que le están cercenando a sus pueblos estos importantes derechos ante la mirada impávida de la comunidad internacional, y teniendo en cuenta que la libertad de información es la matriz sobre la que descansa todos los otros derechos, no es descabellado deducir que Latinoamérica toda, vive un peligroso viraje hacia el totalitarismo. 

saulgodoy@gmail.com
@godoy_saul

EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, ACTUALIDAD INTERNACIONAL, OPINIÓN, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, REPUBLICANISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA,ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA,CONTENIDO NOTICIOSO,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Comentario: Firmar con su correo electrónico debajo del texto de su comentario para mantener contacto con usted. Los anónimos no serán aceptados. Serán borrados los comentarios que escondan publicidad spam. Los comentarios que no firmen autoría serán borrados.