En reciente entrevista el catedrático
norteamericano Scott Mainwaring, experto en política de América Latina, dijo
que estaba muy pesimista con respecto al futuro de Venezuela, cuyos escenarios
posibles, al parecer del experto, están en manos de las fuerzas armadas. “O
bien el Ejército como un bloque acaba derribando a Maduro como una forma de
intentar salvar la ‘revolución chavista’ o bien una fracción del ejército toma
la decisión de acabar con el actual gobierno”.
A juicio de este observador, no hay otra
perspectiva para Venezuela. Y no es el único que tiene esta percepción. El
chavismo, con Maduro a la cabeza, lleva semanas insistiendo en que las
protestas que se han desbocado por todo el país son un golpe de Estado
continuado (como si los golpes de Estado se produjeran por cuotas y pudieran
ser asestados por civiles que en las calles portan pancartas y lanzan piedras
ala Guardia Nacional y los escuadrones
de la muerte). A esta tesis de la asonada a pedacitos se ha sumado cierta
prensa que en la mañana reseña con timidez las violaciones del régimen a los
derechos humanos y en la tarde intentan justificarlo con remiendos de consignas
gastadas.
El profesor Mainwaring asegura que “la
movilización ciudadana en las calles, por sí misma, no va a provocar que Maduro
renuncie”, pero prevé que “sí puede provocar mayor represión o facilitar algo
el diálogo”. Esto último es la clave del asunto. Cuando comenzó este ciclo de
protestas, el Gobierno actuaba como si fuera una monarquía absolutista, que no
debía dar cuentas a nadie, ni tenía controles ni escrutinios, ni límites para
sus desmanes y francos actos criminales.
La Mesa de la Unidad Democrática se debatía
entre dos posiciones, defendidas respectivamente por Henrique Capriles y
Leopoldo López/María Corina Machado. La primera apuntaba a que debía
desplegarse un trabajo político para configurar una mayoría que garantizara el
cambio de gobierno por la vía institucional; y que era el momento de no
distraer al país, de manera que el Gobierno quedara solo con su fracaso, sin
que nada distrajera las culpas que se le achacarían.
Machado y Leopoldo creían, en cambio, que era
preciso dar cauce al inmenso malestar de esa oposición acallada, humillada y
perseguida; y que, precisamente porque el Gobierno estaría debilitado por la
debacle económica, era el momento de crearle una crisis para obligarlo a
negociar.
Luis Miquilena había declarado, en entrevista
con Roberto Giusti, del 26 de enero de este año, que debía atenderse
“el reclamo popular de una lucha sin cuartel". Los hechos le dieron la
razón. Muy buena parte del país quería manifestar su descontento; y lo ha hecho
de la manera más terca y valiente.
En esas declaraciones, Miquilena previó que
“Cuando hay 100 mil personas levantando banderas reivindicativas puede acudirse,
incluso, al camino del entendimiento y del diálogo”. Y dejó muy claro que no se
refería “al diálogo entre el amo y el siervo, que fue el caso con los alcaldes,
una vergüenza porque no hubo una posición viril y reveladora de la
determinación de lucha que debe animar a la oposición”.
Dos meses después de publicada esa
entrevista, hemos visto cientos de miles de personas levantando las banderas
reivindicativas de las que hablaba Miquilena. También hemos sido testigos de la
oprobiosa represión del régimen, que ya es conocido en el mundo por su talante
sanguinario y torturador. Pero todavía no hemos visto un verdadero diálogo, que
según Luis Miquilena, es el “que se da cuando las fuerzas se pueden parangonar
y van a las conversaciones en ciertas condiciones de igualdad. No con una
debilidad que impide, ni siquiera, pensar en la posibilidad de un acuerdo
porque éste, al final, no serviría para nada”.
Por eso se habla de golpe de Estado. Porque,
pese a su debilidad o quizá debido a ella, el Gobierno apuesta a la represión
como única forma de acabar con las protestas (pese a la evidencia de que más
las estimula). Y habla de diálogo al tiempo que ofende y amenaza. Por eso
Mainwaring dice que “en la actual coyuntura la clave se encuentra en el papel
que cumplan las Fuerzas Armadas”, porque el régimen no acepta interlocutores
sino colaboracionistas.
Se prevé un golpe de Estado porque los Castro
creen que con eso afianzarán su poder sobre Venezuela. Quizá porque han
comprobado que Maduro no sirvió a sus fines y que es un babieca atravesado en
sus objetivos.
Si hubiera una verdadera disposición al
diálogo, que pasa por la liberación de los presos políticos y la apertura al
nombramiento de autoridades confiables en las instituciones, juego no estaría
tan trancado y no se hablaría de golpe de Estado.
Pero la orden es aplastar la cabeza del
oponente venezolano y eso no lo van a poder hacer.
Milagros
Socorro
socorromilagros@gmail.com
@MilagrosSocorro
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