LUIS VICENTE LEÓN, ¿ALCALDES REPRESORES? LA ABSURDA SENTENCIA DEL TSJ

El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que ordena a los alcaldes de Baruta y El Hatillo actuar contra las barricadas y las guarimbas que ocurren en sus municipios, igualitas por ciertos a las que están activas en muchísimos otros municipios en todo el país.

Esta decisión luce tan conveniente para el gobierno que se hace evidente la posibilidad de que haya sido dictada por motivaciones políticas antes que constitucionales. Todo con la intención de presionar a esos alcaldes a reprimir las protestas de sus vecinos con armas de fuego —que, debo acotar, es lo único que tienen sus cuerpos de seguridad—; es decir: los obliga legalmente a incorporarse en la violencia represiva, incluso en niveles muy superiores a los que aplican los cuerpos de seguridad antimotines del Estado, entrenados y preparados con los instrumentos adecuados para esa misión como bombas lacrimógenas, unidades antimotines, ballenas y perdigones, elementos que no posee ningún cuerpo de seguridad municipal.

En dos palabras: la sentencia pone a los alcaldes a nivel de los colectivos armados, encargándole a ambos hacer el trabajo sucio.

Como he dicho muchas veces, rechazo las acciones de protesta violentas y considero que las barricadas y las guarimbas son, además, anárquicas, inútiles y masoquistas para la propia oposición.  Lo he dicho ya en este mismo espacio. Pero es una barbaridad ordenar a los alcaldes reprimir, con riesgo de balas y de muertes, a cualquier persona que queme un caucho o tire un colchón o un vestido de novia en la calle para trancar el tránsito.

Se sabe que hay algunos locos de carretera armados en barricadas focalizadas, pero si se refieren a la violencia real, a los disparos y las armas de verdad, quienes parecen  estar metidos hasta el cuello y servir de disparadores reales de las masacres son los angelitos paramilitares armados que vienen desde otros municipios y pasan frente a las fuerzas del orden del Estado, que deberían estar obligadas a actuar pero parecen estár entretenidas reprimiendo estudiantes, acción que les resulta más fácil en términos de órdenes superiores. Si no es así, ¿cómo se explica, por ejemplo, que fueran tan eficientes para evitar que los estudiantes salieran de la UCV a marchar pacíficamente hasta la Defensoría del Pueblo, pero curiosamente se le “escabulleron” los colectivos armados por entre sus piernas para entrar a la universidad a armar la sampablera? O, si es necesario otro ejemplo, ¿por qué actuaron con tanta cancha los vándalos que destruyeron la Torre Británica, si estaban en pleno epicentro de la concentración de los cuerpos antimotines que intentan —infructuosamente— controlar la locura en Altamira?

Esta orden que se le da a los alcaldes de “atacar” sólo puede ser producto de un error o de una estrategia deliberada para destruir los liderazgos opositores municipales, convirtiéndolos en chivos expiatorios de la crisis, comprometiendo y envenenando la relación con sus electores directos y colocándolos en el riesgo de ser inhabilitados o destituidos por desacato al TSJ, algo que luce empíricamente inevitable, ya que sería imposible que, con sus instrumentos disponibles, puedan llevar adelante cualquier acción adicional a dialogar con unos manifestantes que, ciertamente, están radicalizados y sordos.

Estamos hablando de una decisión que, como es usual, encaja perfectamente dentro de los intereses del chavismo, que previamente ya había iniciado una campaña abierta contra los alcaldes de los municipios opositores, acusándolos de fomentar la violencia y de incapacidad para garantizar la paz. Un monumento al caradurismo, viniendo de un gobierno que tiene encendido focos por todo el país sin lograr, ni siquiera con su represión fiera y desenfrenada, algo más que empeorar el problema cada día y contar muertos y culpas por decenas.

El actor entrenado, facultado, instrumentado y legalmente responsable de enfrentar motines y protestas extralimitadas, al parecer, pretende responsabilizar a los alcaldes de controlar y disolver las barricadas con sus exiguas fuerzas policiales que —repito, porque es importante— no están capacitadas ni dotadas para esa tarea. Y la amenaza de acusarlos de asesinos y violadores de derechos humanos casi es otra comiquita política, que daría risa sino fuera por el drama espantoso que el país está viviendo, mientras el gobierno dedica esfuerzos económicos, comunicacionales e institucionales en buscar culpables que le permitan desviar la atención de su propia responsabilidad e incapacidad para atender la crisis y resolver un conflicto, que en el fondo, tiene a su propia incapacidad como raíz.

Esta crisis sólo se resuelve con diálogo, negociación y rectificación. Pero esto es algo que, en efecto, parece mucho más difícil en Venezuela que conseguir un fallo del Tribunal Supremo de Justicia a favor de lo que el presidente quiera.

Ver que el TSJ le ordene a los alcaldes acabar con las guarimbas y las barricadas es exactamente igual a que le ordenen a los bomberos controlar los secuestros o a unos perros mucuchíes a dirigir el tránsito automotor.

Quizás hasta se animan, en un próximo amparo integrado y para ahorrar el papel que está tan escaso, a ordenarle a todos los alcaldes específicamente elegidos en la tarjeta de la MUD (a la que parece que tampoco le queda mucho tiempo) prohibir la inflación, el desabastecimiento, el desempleo, la inseguridad, la prostitución, la bebida, bailar pegado, el dengue y las enfermedades venéreas en todos sus municipios, porque es sospechoso que en las zonas opositoras se vean toda esa clases de problemas y perversiones.

Uno no puede evitar preguntarse si será que, en esa onda tan productiva y expedita del TSJ, deberíamos animarnos a pedir un amparo para que se oficie a los líderes del chavismo y de la oposición (bueno, entendiendo lo peludo que la tendrán los alguaciles para identificar quiénes son) y los encierre con llave en la sede de la Nunciatura Apostólica, con carácter de cónclave. Y que no salgan de ahí hasta que haya humo blanco alrededor de los acuerdos indispensables para rescatar la paz, la calidad de vida, el abastecimiento, la libertad de expresión, la división de poderes, el respeto a las minorías, el estímulo a las inversiones, la propiedad y la empresa privada, el control de la inseguridad, el castigo a la corrupción, la depuración del sistema judicial, la independencia de los jueces y el respeto al equilibrio electoral.

Ahora que estamos en un país donde todo lo que no está prohibido es obligatorio, ordene usted, señora magistrada, que mientras no lleguen a un acuerdo no salgan. Prohíbales, incluso, las visitas conyugales y cualquier merequetén intersectorial en la casa de Dios. Que no haya ni televisión por cable, para que no se amedrenten con la denuncia del espionaje en dos vías, ni whiskey, ni vino ni prosecco. Y que por cada día que pase sin acuerdos les ponga usted una penitencia: que se afeiten el bigote, que se quiten la gorra, que no se monten más en una tanqueta, que no puedan pescuecear más nunca en una tarima ni pedir “la salida”. Cosas así, digamos, que de verdad les duelan.

Aunque sea por desgate, le aseguro que resolvemos este rollo y comenzamos de nuevo a tener un país y no este campo minado donde si no nos mata un secuestrador, lo hace un radical o un policía. O, peor aún, nos termina matando la tristeza de perder, en esta maldición, a cualquiera de nuestros hijos.

Luis Vicente León

luisvicenteleon@gmail.com

@luisvicenteleon

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