El
intento de violación de una estudiante generó protestas reclamando seguridad
para la Universidad del Táchira. Lo que debía ser una alarma para que las
autoridades brindaran protección efectiva a esa casa de estudio y a la ciudad
de San Cristóbal, se convirtió en una masacre que a dos semanas de la primera
manifestación de universitarios lleva un saldo de catorce asesinatos, decenas
de torturados e incontables inocentes imputados por delitos penales mientras
los responsables de esos crímenes continúan haciendo de las suyas.
La
primera respuesta que los estudiantes andinos recibieron fue una andanada de
palos, bombas lacrimógenas, perdigonazos y disparos de la Guardia Nacional. La
policía regional no se quedó atrás. La Fiscalía, que nada hace para resolver la
impunidad de los 25.000 homicidios cometidos en 2013 y de los 200.000 que van
en los últimos 15 años, estuvo presta y diligente para conseguir un juez de
mandado que imputara a los estudiantes, quienes fueron a parar a la cárcel de
Coro bajo la protesta de los mismos pranes que advertían que esos muchachos no
eran delincuentes.
Esta
acción concertada entre policías, guardias nacionales, fiscales y jueces,
concitó el más amplio rechazo del estudiantado universitario que en Mérida,
Valencia, Maracay, Puerto Ordaz y otras ciudades del país repudiaron el
maltrato que los jóvenes tachirenses recibieron y la indiferencia del gobierno
nacional hacia las demandas de seguridad. Bajo esa atmósfera de intranquilidad
e indignación se celebraron los actos del Día de la Juventud el pasado 12 de
febrero. El final en Caracas fue trágico: tres personas muertas de balazos en
la cabeza.
Está
documentado que esos asesinatos fueron cometidos por agentes del Servicio de
Inteligencia del gobierno.
Estos
acontecimientos levantaron protestas a lo largo y ancho del territorio
nacional. Cada día el saldo ha sido desgarrador: muertos, heridos, torturados,
incomunicados y desaparecidos. Un país vapuleado por un gobierno que se
incomoda porque se le reclama seguridad y que no admite manifestaciones que
denuncien la represión que hoy se padece por la acción orquestada de diferentes
organismos del gobierno, a la que se han sumado bandas criminales de
terroristas urbanos autodenominados colectivos.
Estas
bandas han disparado a mansalva, matado, incendiado locales y asaltado
edificios para sembrar terror. Ha quedado en evidencia que se han multiplicado
con apoyo del gobierno y hasta reciben el reconocimiento público de Maduro y de
la alta dirigencia del PSUV. Aparecen al lado de la Guardia Nacional, como
socios en los operativos contra los manifestantes que reclaman seguridad y cese
de la represión. Poseen armamento de guerra en abundancia, camionetas de lujo y
un parque inagotable de motocicletas, credenciales que los acreditan como
policías y relaciones al más alto nivel de gobierno. Para el país son un cuerpo
extraño, bandas de irregulares. Para la Guardia Nacional, la Fiscalía, unos
cuantos jueces y cuerpos policiales, algunos gobernadores y el propio
presidente, son aliados en las acciones que hoy atentan contra la seguridad y
tranquilidad de Venezuela. A los venezolanos de bien nos toca enfrentar esa
nueva sociedad.
@claudioefermin
claudiof@viptel.com
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