JUAN PÁEZ ÁVILA, DIÁLOGO Y REPRESIÓN, CASO TACHIRA,

      La farsa de la convocatoria al diálogo por parte de Nicolás Maduro  quedó al descubierto cuando a una pacífica manifestación de los estudiantes de la Universidad de los Andes, en protesta por la inseguridad que viven en las aulas universitarias, donde han sido asaltados por grupos armados, identificados con el gobierno, fue reprimida con violencia criminal

     

La crisis política, económica y social que atraviesa el país requiere que el gobierno ponga en práctica un diálogo sincero, porque la represión policial y la intervención de los grupos paramilitares afectos al régimen, fotografiados por miles de los jóvenes que asisten a las marchas y por los organismos de inteligencia civiles y militares, no puede conducir a una solución a corto plazo, y si se prolonga las consecuencias son impredecibles, pero de ninguna manera convenientes para la estabilidad del régimen.

     La aprobación de varios decretos leyes  por el Presidente de la República, por su contenido constituye una provocación a los sectores democráticos del país con la finalidad de crear un peligroso desconcierto que los pueda inclinar a una reacción violenta y a olvidarse de su política pacífica y democrática.

      Todo gobernante de espíritu o tendencia autocrático y personalista puede iniciar su gestión con un aparente apego a la legalidad del país que le ha  otorgado democráticamente el derecho  a ejercer  funciones de gobierno, pero en la medida en que considera que puede perder esas facultades, comienza a restringir los derechos de la oposición y generalmente termina persiguiendo a quienes le apoyaron para ascender al poder, si tratan de disentir de algunas de sus decisiones unilaterales.

         La represión en el ejercicio del poder  rompe las reglas que caracterizan a un régimen democrático, de una forma abrupta y violenta o con aprobación de una legislación especial que le permita gobernar sin impedimento alguno, sin descartar la violación de la legislación vigente.       En una época como la actual, en la que las naciones democráticas han creado organizaciones multinacionales y han hecho aprobar una legislación respetuosa de los derechos humanos y de las instituciones y poderes públicos independientes, el camino hacia la tiranía se dificulta y obliga a los autócratas a preservar cierta apariencia de legalidad. Se aprueban leyes que facilitan la discriminación y posterior persecución de los sectores  que se oponen al mandato ejecutivo unipersonal sin controles de otros poderes. Y como en todo régimen autoritario surgen internamente algunas discrepancias, por parte de individualidades democráticas o sectores disconformes con las promesas incumplidas, la represión también recae sobre ellos. Es lo que estamos presenciando a casi un año de gobierno de  Nicolás Maduro. La represión  se extiende a toda disidencia.

         La muerte de varios estudiantes y algunos manifestantes, más los centenares de detenidos, torturados y vejados en general, lo que ha logrado es elevar la ira de los estudiantes y de los sectores de la sociedad civil que se  les han sumado, al extremo que hoy parece incontenible la profundización de la inseguridad y de la crisis en general que afecta a casi toda la población, con la excepción de  los boligurgueses enriquecidos ilícitamente y protegidos por guardaespaldas y camionetas blindadas.

         El repudio a los colectivos armados por el gobierno con armas de guerra,  violando el texto constitucional que establece que las armas de guerra sólo las pueden tener y portar los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, ha colocado la vida de la nación en una seria encrucijada, porque la Ministra del Régimen Penitenciario ha declarado que dichos colectivos son el baluarte que garantiza  la revolución socialista y bolivariana. ¿Quién garantiza la vida de los venezolanos, la soberanía nacional y el orden público nacional, si estos grupos paramilitares son utilizados para reprimir y asesinar a estudiantes y ciudadanos pacíficos que manifiestan contra algunas políticas gubernamentales? La respuesta debería estar en manos o en poder de las autoridades nacionales, pero si el Poder Ejecutivo controla a los demás Poderes Públicos y, además, arma grupos paramilitares represivos y criminales, el pueblo queda indefenso, porque ante la actuación de esos grupos la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional también denominada Bolivariana, se hacen la vista gorda, es decir, no protegen a la población desarmada.

         Crisis mayor por su gravedad y repercusión nacional e internacional no se ha conocido en la historia contemporánea del país. Si no es posible establecer un diálogo sincero, patriótico, de interés venezolano, el futuro es incierto.

 Juan Paez jpaezavila@gmail.com

@jpaezavila

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