El ser humano por esencia es inconforme.
Siempre está en rebeldía con el estatus quo. El cambio, la evolución, el
avance, sólo es posible cuando se confronta, cuando se debate, cuando se
reclama, cuando se protesta. La universidad, representación por naturaleza de
los valores trascendentales de la persona, está consubstanciada con la
protesta. La crítica, la rebeldía contra la inercia, es de suyo.
Si bien en alguna época pasada la universidad
se consideró como centro elitista en la
que sólo un pequeño porcentaje de la población tenía acceso a los estudios
superiores, hoy es innegable que ella ha amplificado su recinto, para que buena
parte de la sociedad, a través de las funciones académicas que realiza, se
sienta vinculada a su accionar. Libertad y Universidad es un enlace
indisoluble. En Venezuela,
constitucionalmente hablando, este matrimonio es expreso. El Artículo 3 de la
Carta Magna enuncia los fines del Estado. Allí se preceptúa que entre sus fines
fundamentales están la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su
dignidad, así como la garantía del cumplimiento de los derechos y principios
reconocidos y consagrados en la Constitución. Derecho básico que se postula en
ese texto es la libertad. En el mismo articulado se indica que la educación es
uno de los procesos fundamentales para alcanzar los fines del Estado. Es decir,
la universidad, como institución que conforma el sistema educativo, está
llamada a resguardar la dignidad y la libertad de la persona. Entonces, cuando la dignidad y la libertad
son atropelladas por el Estado, quien es corresponsable en su recta
observancia, la universidad no puede guardar silencio, no puede dar la espalda,
no puede ser indiferente. En su comunidad académica, ante ello, aflora la
reacción, la reprobación, la condena, el grito, la protesta más acérrima.
Este sentido de la universidad no puede ser
comprendido por quienes no son ni han sido universitarios, por quienes no han
pasado por sus aulas, por quienes sólo gobierna en su mente la imposición, el
pensamiento cerrado y el aislamiento. Es que, como asienta José Vasconcelos,
quien fuera Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al
interpretar el espíritu de la Universidad, “sin libertad no hay saber, no hay
progreso, ni hay vida.” Si en una comunidad no se atienden las necesidades
elementales de alimentación ni de salud, si peligra la vida humana a manos de
la delincuencia, si la comunidad empieza a sentirse aislada, si las autoridades
no atienden oportunamente a sus peticiones, la universidad está llamada a
acompañar la protesta social, a darle la mano a los ciudadanos que reclaman con
justicia sus derechos no satisfechos.
El derecho a la protesta no sólo existe, sino
que la propia Constitución y los Tratados Internacionales sobre Derechos
Humanos alientan a su ejercicio cuando la incluyen de manera expresa e
implícita en la libertad de pensamiento y de conciencia, en la libertad de
expresión y opinión, en la libertad de reunión, de manifestación y de
asociación pacífica. Nadie puede sostener juiciosamente que la libertad de
reclamo sólo se reconoce para exteriorizar complacencia. La protesta que se
mantiene dentro de los cauces institucionales no es más que el ejercicio de los
derechos constitucionales y, por ende, nunca puede ser materia de persecución
penal. No puede haber tipicidad delictual en su conducta. En consecuencia, el
ejercicio del derecho de petición a las autoridades, la manifestación pública
que la ejerza, el conglomerado que se reúna para hacerlo, por más que cause
molestias al Estado, debe contar con la actitud solidaria de la universidad. Lo
contrario sería negar su esencia.
isaacvil@yahoo.com
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