BEATRIZ DE MAJO, PENA CAPITAL EN CHINA,

A pesar de los llamados internacionales para descartar esta práctica, China es el país del mundo que más emplea la pena de muerte para castigar variados tipos de crímenes.

Detrás de China está Irán con las más abultadas cifras de ejecuciones. Pero la distancia que hay entre los números del primero y el segundo se escapa de cualquier explicación razonable. Las estadísticas disponibles para el año 2012 señalan a Irán como el segundo en número de ajusticiamientos anuales, seguido por Irak, Arabia Saudita y los Estados Unidos.

Los reportes sobre China evidentemente no contienen cifras oficiales, ya que las mismas son calificadas como Secreto de Estado. Y los reportes de Amnistía Internacional, organización que dedica grandes esfuerzos a cuantificar esta práctica para poder desarrollar una intensa campaña en su contra, tampoco. La ONG se limita a señalar  que las ejecuciones en China representan un monto superior al de la suma de las ejecuciones de todos los restantes países que la practicaron en el año 2012.

De 58 países en el mundo que tienen a este castigo previsto en su ordenamiento legal, 21 ejecutaron por esta vía a 682 criminales en ese año y reportaron 1722 condenas a muerte legalmente sustentadas. Si el total de ejecuciones en el 2012 fue el señalado por Amistía Internacional, la cifra que le corresponde a China es realmente aterradora.

Otro reporte para 2011 de la organización independiente DuiHua, con sede en San Francisco (California) y dedicada a la defensa de los derechos humanos en China, sostiene que el país ajusticia anualmente un número cercano  a 4.000 personas.

Lo que llama la atención es la categoría de crímenes que hacen merecedor de la muerte a un delincuente. En 2011, China redujo el número de delitos que conllevan la pena de muerte y admitió debatir sobre las ejecuciones, lo que hasta el presente no ha ocurrido. Crímenes como  el tráfico de personas, algunos delitos de guante blanco como fraudes fiscales y casos graves de corrupción política son castigados con la pena máxima. La violación y la disidencia política al igual que la conspiración y la revelación de secretos de estado también pueden ser objeto de la pena capital.  El robo grave, el contrabando de animales raros, el fraude impositivo, la sustracción de fósiles y el tráfico de oro y plata ya no figuran más en la lista, por fortuna.

Los argumentos que sustentan el mantenimiento de la pena capital para delitos calificados de “graves” es que el castigo que representa la terminación de la vida sirve de disuasión para los criminales. Sin embargo,  Amnistía asegura no hay datos que demuestren que la pena de muerte es más disuasoria frente a la delincuencia que las penas privativas de libertad.

En Beijing se asegura que China ha escuchado el llamado internacional a proscribir la pena de muerte por la vía de una reducción sustancial de las ejecuciones de penas capitales, a través del establecimiento en el año 2013 de un procedimiento para que la corte la Corte Suprema del Pueblo revise las condenas máximas antes de que se hagan efectivas, pero resulta imposible determinar si realmente esta disminución ha tenido lugar.

La realidad es que en China, al igual que en países en donde las ejecuciones son numerosas y frecuentes,  la falta de  imparcialidad en su sistema de justicia es lo que suscita la mayor preocupación global. Dentro de su inveterada discrecionalidad, cualquier castigo cabe.

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