sábado, 30 de noviembre de 2013

JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ, ESTADO, ECONOMÍA Y COSTO DE OPORTUNIDAD.

Históricas son las discusiones sobre el papel que debe desempeñar el Estado en la economía, desde los que apoyan que ha de controlar toda la actividad económica como los que defienden que no debe tener ninguna participación (a nuestro entender ambos enfoques son inapropiados).

Una tercera visión que lo sitúa como un árbitro regulador de la actividad económica que se desarrolla en el marco de un modelo económico que le facilita cumplir con dos funciones primordiales: (1) corregir las fallas del mercado, y (2) redistribuir la riqueza nacional; manteniendo un rol secundario ante la iniciativa privada e interviniendo sólo en aquellas actividades económicas donde el Estado sea más eficiente, dentro de un marco institucional que garantice una independencia e interrelación adecuada entre los poderes. 

Sea oportuno indicar dos aspectos: (A) un modelo económico es un proceso impulsado por el Gobierno en función de organizar la economía sustentado en un juicio de valor sobre el país que se puede desear (qué debe ser, qué debe hacerse) para lo cual se formulan políticas económicas; y (B) en una economía de mercado (distinto a libre mercado) el Estado suele intervenir (con precario éxito) de varias formas en materia, por una parte, de precios entre ellas la regulación (basada, suponemos, en algún criterio racional compartido y aceptado entre las partes), y la congelación (fijación unilateral por parte del Gobierno); y por otra parte interviene en la fijación del margen de ganancia teniendo como premisa (volvemos a suponer) que dicho margen permita cubrir los costos de operación (gastos y costos de la actividad) y donde la fijación del precio se determine según el costo marginal (costo de la última unidad producida-vendida-) o según el costo medio (costo total dividido por el número de unidades producidas-vendidas-). 

Es claro que estas tres formas de intervención gubernamental deben tener un límite en el tiempo, a menos que se esté aspirando una transición hacia una economía planificada y dirigida (economía socialista) donde la actividad económica está basada en la propiedad social de los medios de producción en procura de alcanzar el comunismo (año 2013 representan el 0,01% del total de países); en actuación contraria a la tendencia mundial donde el Estado no interviene directamente en los mercados ni compite con el sector privado. 

En referencia al costo de oportunidad, lo podemos entender (de forma sencilla) como que escoger implica renunciar, es decir, al hacer una cosa no podemos concurrentemente hacer otra cosa, habida cuenta que no podemos satisfacer simultáneamente todas nuestras necesidades. 

Esta realidad cobra mayor sensibilidad cuando se trata del costo de oportunidad del Estado ya que cuando un Gobierno participa en actividades inherentes al sector privado importador/comerciante) se está desviando de su papel básico en cuanto a la atención de la salud, educación, justicia, seguridad (personal y jurídica), agroindustria (alimentación), infraestructura, y un largo etcétera; con implícita renuncia a propiciar y crear las condiciones para alcanzar el bienestar general de la población observado como renunciar al valor de la mejor opción no realizada: la suprema felicidad.

Mención aparte merece la presencia del Estado-regulador (básicamente del sector privado), ante lo fácil que resulta controlar las empresas que no son propiedad del Estado ya que sus efectos no recaen sobre el Gobierno (ni los gastos), pero subyacentemente puede estimular confrontaciones ideológicas y hostil enfrentamiento entre bloques sociales; escenario distinto a intervenir para corregir fallas del mercado. 

La regulación, materializada como restricciones impuestas por el Gobierno sobre el poder de decisión de las empresas en materia de precios, cantidades, margen de ganancia, limitación de beneficios, y otros, tomadas en ambiente inflacionario (manteniendo los precios congelados y regulados) han de ser revisadas periódicamente ( en razón al incremento en los costos) so pena de desestimular la producción como consecuencia a las expectativas de potenciales pérdidas, lo cual obviamente se traduce en una escasez que tiene efecto multiplicador sobre sí misma. 

La intervención del Estado en el campo económico, se hace deseable cuando se orienta a mejorar la prestación de los servicios públicos y a superar desequilibrios macroeconómicos, impulsar el crecimiento de la economía y fomentar la competencia. A manera de conclusión en relación al costo de oportunidad del Gobierno, vale la pena citar un viejo eslogan: no realizar intervención alguna si dicha solución es más costosa que la falla que se pretende resolver.

Economista Jesús Alexis González
@jessalexis11

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