EGILDO LUJAN NAVA, LA EMPRESA PRIVADA NO ES UNA SOMBRA, FORMATO DEL FUTURO…

En Venezuela, la empresa privada no es cuento ni es una sombra.

Una parte importante del contingente estructural de la producción primaria, industrial, comercial y financiera que no ha podido ser destruida durante la avanzada que emprendió en contra suya la actual administración hace poco más de diez años, ha podido sobrevivir.

Y, para reconcomio gubernamental, hoy no sólo da la cara para atender, aun con fuerzas menguadas y hasta deficiencias tecnológicas, parte importante de cierta demanda permanentemente creciente de los consumidores. Sino que, además, a partir de una sofisticación gerencial que se mueve entre controles, restricciones, persecuciones, acosos, agresiones, inspecciones, multas y decomisos, entre otros, es capaz de hacer posible que la productividad – en parte- compense la imposibilidad de alcanzar una rentabilidad lícita, honrosa, legítima para evitar cierres, reducciones productivas. 0, además, la necesaria migración hacia países donde la renta, precisamente, no es sinónimo de antipopular pillaje organizado.

Esa sobreviviente empresa privada venezolana, desde luego, es la misma que, por sobre  desmedidas campañas propagandísticas y el efecto de leyes concebidas para debilitarlas paulatinamente, y golpear moralmente a propietarios y gerentes, todavía genera poco más del 70% de las fuentes formales de trabajo en el país;  aporta esfuerzo y riqueza productiva relevante en la estructuración del Producto Interno Bruto. Pero, además, es aquella que, con la participación decidida de los trabajadores que no han aceptado ser convertidos en apéndice sumiso y obediente del objetivo primigenio de la misma fuerza ideológica empeñada en hacer del Estado centro motor del país y esencia nodriza del venezolano, ocupa los primeros lugares de toda encuesta que pregunte en dónde cree usted que está la solución a sus problemas de abastecimiento y  empleo.

A la empresa privada, la sociedad no le atribuye responsabilidad predominante en las causas de la inflación, de la escasez, del desabastecimiento, de la inseguridad, de la violencia, de las deficiencias en los servicios de: electricidad, agua potable, salud y educación pública, comunicaciones básicas. Tampoco en la anarquía reinante en el comportamiento de parte importante de la población que, al amparo del padrinazgo de quienes dicen hacerlo todo en nombre del pueblo y para el pueblo, permiten, justifican, respaldan desde las sombras, toleran, amparan y premian con permisividad e impunidad.

Es verdad, hay una importante expresión individualizada –y también organizada- de un llamado “empresariado patriota” que ha sido convertido, poco a poco, en la vitrina del supuesto avance de la nueva economía venezolana; es decir, de aquella que ha podido construir capital, fortalecer capital, disfrutar de exoneraciones y compensaciones por sus “servicios a la Patria”. Pero, curiosamente, también es sobreviviente a su manera, de entre todos los intentos que se iniciaron –con abundante capital por delante- para desarrollar desde cultivos organopónicos, siembras sobre terrazas de inmuebles urbanos, gallineros verticales, cooperativas, empresas de propiedad de cualquier tipo que no guarde parentesco capitalista, hasta promotoras empresariales en países distintos y liderados por gobiernos “amigos”.

Las otras, las de las expropiaciones, las de las tierras “rescatadas” y convertidas en propiedad gubernamental por motivos de “utilidad social” o “utilidad pública”, las invadidas por la fuerza “popular” o ministerial con “pistola al cinto”, esas, no son precisamente modelo de aquello que, por años, se estuvo mercadeado como un  modelo de lo ideal en el medio de un “socialismo revolucionario”. Ellas, de acuerdo a la opinión de quienes -siendo aún nuevos administradores- insisten en la prédica del porqué ya no son propiedad de sus legítimos propietarios -que, por lo demás, tampoco han recibido el pago que les corresponde por ley- hoy están siendo sujeto y objeto de “intervenciones”; bien porque dejaron de producir en el medio de un festín de millones de bolívares que no resultaron suficientes para semejante proeza, o porque  su propios trabajadores se han percatado que, para ellos, el sueño se convirtió en pesadilla y en un motivo cómodo, fácil, sabroso para el enriquecimiento ilícito de muchos de los ungidos para llevar a cabo la nueva obra, desde posiciones gerenciales enemistadas con la meritocracia.

Focalizadas en el nombre y la  identidad pública de algunas de las organizaciones gremiales de mayor trayectoria y prestigio en el país, como es el caso de Fedecámaras, Consecomercio y de Venamcham,  a las empresas y a los empresarios privados hoy se les responsabiliza de ser los financistas, activistas y, por supuesto, agentes dedicados a tiempo completo a liderar una supuesta “guerra económica”, entre cuyos componentes más sobresalientes se identifica a un conjunto de supuestos sabotajes, que incluyen acaparamiento y especulación de bienes de consumo masivo, principalmente alimentos, artículos de limpieza y de higiene personal; curiosamente, de todos los que no pueden producirse, distribuirse y venderse sin el consentimiento estricto  y vigilante del propio Gobierno, ya que desde hace diez años, unos, dos años otros, dependen de un ya obsoleto e infuncional control de precios y de un sistema de “alcabalización” burocratizada.

Pero si curioso es que tales presuntos hechos propios de la llamada “guerra económica” sea dirigida inteligentemente por fabricantes y comercializadores, mucho más lo es que a tales activistas, se les insista en llamar a sumarse a los esfuerzos que el país desea emprender para dejar de ser lo que determina el comportamiento del precio por barril al que se vende el petróleo fuera de la frontera nacional. Porque, a juicio de los que arengan a los interesados –reales o potenciales- hay que salir a la conquista de los mercados internacionales. ¿Cómo?. ¿Cuándo?. Algún día, pero si es pronto, mucho mejor. Es decir, te acuso porque me interesa acusarte; te llamo, porque necesito que me ayudes con lo que no soy capaz de convertir en un bien final competitivo.

En Venezuela, hay vocación por y para el emprendimiento. Lo dicen expertos venezolanos y foráneos. Pero en el país, definitivamente, no hay una cultura gubernamental dirigida a estimular la conversión del sueño emprendedor en una empresa como bien acabado, llamado a ser perfeccionado y exitoso. Tan cierta es esa limitante, que cualquier pretensión emprendedora, amén de la importancia de la participación del capital semilla, como lo destaca el informe Doing Busines del Banco Mundial, debe someterse a un promedio de 144 días de trámites, contra 36 que se dedican en el resto del Continente y apenas 11 en países desarrollados.

Por supuesto, no se puede aspirar a que en Venezuela la tramitología se asemeje a la de un país desarrollado, porque Venezuela no es un país desarrollado. Aunque lo extraño es que sus gobernantes insistan en destruir aquello que fue un sueño de emprendedores en décadas lejanas, y en impedir que nuevos sueños sean la respuesta productiva a la demanda del futuro. ¿Porque es más importante importar?. ¿Porque no conviene que la eficiencia privada continúe desnudando la inoperancia, incompetencia e ineficiencia del llamado Estado empresario?.

Importar no es malo per se. Lo malo es cuando se convierte en un capricho, se acomete como un propósito ideológico, y se le presenta como un acto glorioso, emblema de cierto tipo de soberanía que no entienden propios y extraños.

La presencia y funcionalidad de la empresa privada en el país, sin duda alguna, legitima políticamente a una forma de gobernar que se autodenomina  democrática, que dice creer y respetar el ejercicio del derecho de propiedad.  Es decir, siempre será necesario que, políticamente hablando, existan vestigios de empresa privada, de propiedad particular, de Democracia. Y eso, que es causa permanente de diálogos, debates y hasta de habladurías genéricas entre venezolanos, sin embargo, otros más pragmáticos -¿o románticos?- lo consideran la base sustentadora de una eventual alianza entre las fuerzas productivas del Estado y del sector privado. ¿Ingenuidad en el mar del paroxismo?. Quizás.

En todo caso, lo cierto es que en la Venezuela de finales del 2013, escasa de divisas y huérfana de un entorno jurídico y político confiable, así de como de un basamento definido sobre los objetivos económicos que guarden identidad con los caminos que transitan los países que insisten en prosperar y conquistar espacios en el ámbito de la globalidad, la empresa privada no es cuento ni es una sombra.

Y tan real e inobjetable es dicho reconocimiento y aseveración, que saber que Empresas Polar y Nestlé Venezuela -expresiones de riesgos financieros criollo e internacional- deciden acometer nuevas inversiones y apostar por el futuro de la economía nacional, aviva nuevos sueños de aquellos emprendores que perseveran en sus propuestas de estar dispuestos a actuar. Pero no para resistir y sobrevivir, sino en obediencia a esa convicción de la economía de avanzada en pleno Siglo XXI: los países sólo prosperan, cuando se plantean alcanzarlo a partir del desarrollo de una empresa privada afianzada en principios de libertad, como en su propia capacidad de acometer riesgos financieros, gerenciales y tecnológicos para competir y cumplir con su rol social de satisfacer necesidades de la población consumidora

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