El encargado de regir los destinos del país
ha continuado en su empeño de solicitar una habilitante para enfrentar la
corrupción, y, además, oponerse a la “guerra económica”; por lo que deberíamos
concluir que está planteado un esfuerzo titánico de parte del solicitante.
Digamos, por lo pronto, refiriéndonos al
segundo punto, que para enfrentar las dificultades económicas que vive el país
es menester el conocimiento de la materia, pero también la ubicación exacta del
enemigo. Allí es donde el solicitante tiene profundas y severas dificultades:
por un lado, nada sabe de la materia y, por el otro, supone que el enemigo está
en los grupos económicos, en una “derecha apátrida” y tanto lugares como
dictaría un diccionario made in La Habana.
La verdad es que la crisis se fue
construyendo a lo largo de estos 14 años de aplicación de un modelo económico
que fracasó estrepitosamente en todos aquellos países en los que se aplicó,
algunos de los cuales ya ni siquiera existen. En lo que no fracasó el modelo
fue en la edificación de una nueva burguesía que se ha levantado bajo el cobijo
y protección de la oligarquía gobernante. De modo que el solicitante, quien
hereda ese modelo, insiste en mantenerlo aun ante la evidencia empírica de que
su aplicación solo ha contribuido a acabar con el parque industrial venezolano
y a producir el índice inflacionario más alto de Latinoamérica.
De lo que sí sabe el solicitante es sobre la
corrupción. A su lado y ante sus ojos, se han ido amasando grandes fortunas.
Cuando habla de una “burguesía parasitaria” debe estar refiriéndose a aquella
que ha engordado sus cuentas con las importaciones de bienes esenciales que el
país dejó de producir luego de la aplicación de este fracasado modelo
económico.
También, obviamente, a la asignación de contratos de diversa
naturaleza sin que medie licitación alguna. Pero, ¿quién ha otorgado los
dólares para las importaciones? ¿Quiénes son los contratistas acreedores de
obras sin licitación y con quién se relacionan dentro del gobierno?
Se pretende fundamentar una habilitante para
combatir la corrupción con base a las irregularidades de un alcalde, de un
exgobernador como el del estado Guárico o de un funcionario de menor jerarquía
de algún instituto autónomo. Mientras tanto, otros casos de escandalosa
corrupción los han dejado en el olvido o, más bien, gozan de la impunidad y
lenidad del régimen. Qué sentido tiene recordarlo y avergonzarnos por la fetidez
del gobierno de turno.
Es muy posible que el solicitante obtenga un
diputado más –el cacareado diputado 99- y se logré satisfacer la petición para
que el presidente detente poderes para legislar sobre corrupción y sobre
asuntos económicos durante un año. Ahora, nadie dudará que el diputado 99
costará muy caro. ¿Quién lo paga y cuánto cuesta? Lo primero todos lo imaginan
pero lo segundo nadie lo sabe salvo que el diputado 99, al igual que la “mula”
detenida en Bulgaria con una maleta con casi 500 mil euros, tampoco tendrá que
pasar por Cadivi.
En el país no es la primera vez que se
aprueban poderes especiales para que el presidente legisle con amplias
facultades, pero será la primera vez que el otorgamiento de éstos para combatir
la corrupción esté signado por un tufo idéntico a lo que se pretende combatir.
En fin, este es un país que atraviesa por momentos extraños, raros y difíciles:
dispone de un gobierno inescrupuloso que confiesa estar invadido de corruptos y
quien está al frente de las diligencias tiene innumerables acusaciones de
corrupción.
@leomoralesP
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