Pdvsa aplicó sanciones a
178 trabajadores despedidos ilegalmente
a raíz del paro cívico iniciado el 2 de diciembre del 2002, entre ellos 22
damas. Inicialmente el expediente fue levantado por el Auditor Fiscal Raúl Soto, a quien sustituyó Ramón H. Torres C, ambos nombrados a dedo, usurpando un
cargo que debe ser asignado por concurso. En el documento participó el Delegatario Paúl Alvarado Rodríguez, a quien la División contra Robos de la antigua PTJ acusó en el 2001 de un hecho del cual no tenemos mayor información.
Conforme a derecho podemos
alegar que todo lo actuado es nulo, que
los hechos investigados prescribieron y que no se tomaron en cuenta
los alegatos de los sancionados. Sin embargo, en esta ocasión
queremos destacar el contenido del
mamotreto mal llamado expediente. Resalta
que la investigación abarca del 2 de diciembre del 2002 al 31 de marzo
del 2003, lapso que toma en cuenta para establecer el monto de las supuestas
pérdidas de Pdvsa. Estas fueron estimadas
en 8.340 millones de dólares por el crudo que se dejó de exportar, 504 millones
de dólares por el combustible importado y 209 millones de dólares ( antes el
Comisario de Pdvsa había estimado 789 millones ) por daños no especificados. En
total nueve mil cincuenta y tres millones de dólares, equivalentes a 19.463.950.000,00 bolívares fuertes al cambio de
la época.
¿Cómo distribuyeron esta elevada suma entre 178 ciudadanos de
Pdvsa y filiales, que incluyen a 40 presidentes, vicepresidentes y directores,
19 gerentes generales, 55 gerentes, un docente, cuatro periodistas, tres
analistas, nueve asesores, cuatro abogados, 10 capitanes de barcos, cuatro del
área de aviación, un médico, un sindicalista y otros profesionales?
¿Cómo
estimaron las sanciones si unos fueron separados y suspendidos de sus cargos
cuando el entonces presidente de Pdvsa Alí Rodríguez asumió poderes especiales
el 8 de diciembre? ¿Es o no cierto
que Rodríguez llamó a los círculos
paramilitares para que tomaran las puertas de las instalaciones y que el 8 de
diciembre las militarizaron impidiendo el ingreso a quienes consideraban no
afectos a la revolución? ¿Es o no cierto
que entre diciembre y enero se
produjeron la mayoría de los despidos?
No hay ninguna acusación
concreta e incluso no se comprueban inasistencias al trabajo. Los señalamientos
son genéricos “por no haber actuado como el mejor padre de familia” para garantizar las
operaciones, reportajes de prensa sobre el paro, ser fundadores de Gente del
Petróleo o asistencia a una rueda de
prensa a la que muchos de los sancionados no concurrieron. Extraña que se haya sancionado a personas que se mantuvieron trabajando y a
quienes Alí Rodríguez les aprobó la jubilación, así como algunos que
desempeñaban cargos en el exterior o que estaban de vacaciones.
En mi caso me aplicaron la sanción más alta,
124.928.665,16 Bs. F, a pesar de que había entregado mi cargo el 31 de octubre
2002. Ningún petrolero llamó al paro. Una
vez que se produjo lo respaldé con
declaraciones, de lo cual no me arrepiento.
Como en botica: Las
“corazonadas” de Maduro permiten detectar
fallas en aviones. Empresas aéreas le ofrecen trabajo ¡No más
prisioneros políticos, ni exiliados!
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