JOSE LUIS MENDEZ, INTIMIDACIÓN GUBERNAMENTAL A LA OPOSICIÓN

En el tiempo que lleva el señor Maduro  al frente del gobierno, los venezolanos han venido sufriendo, en una especie de paquete comprimido, todos los padecimientos de las medidas socioeconómicas y políticas que este socialismo del siglo XXI ha venido poniendo en práctica desde 1999.  

Solo que Chávez las fue soltando poco a poco, esparciéndolas durante los últimos catorce años como agua de roció, mientras que Maduro las ha repetido, en una ración muy condensada, en tan solo nueve meses. Todo el catalogo castrista y el arsenal chavista en una sola dosis.

Su última creación, porque hay que darle algo de mérito a la imaginación de este gobierno, es la juramentación, en días pasados, de  la unión-cívico militar para combatir la guerra económica emprendida por la derecha en el país, ¿quién más pudiera ser?. Y como para que no queden dudas, de que se trata de una auténtica batalla, el acto se llevó a cabo en el Campo de Carabobo donde nada más y nada menos se selló la guerra de independencia. Tal puesta en escena, con dos mil asistentes que fueron testigos de semejante acontecimiento, nos hubiese resultado “natural” durante cualquiera de los mandatos de Hugo Chávez, pero en  el gobierno de un presidente que no viene de los cuarteles, que es un civil que se debe a la sociedad civil y que además dice provenir de la clase trabajadora, nos parece un verdadero esperpento.

Que los militares luchen junto a los civiles es algo que seguramente celebraría el ideólogo argentino Norberto Ceresole y que podría tener mayor sentido defendiendo otros propósitos verdaderamente patrióticos, pero en defensa de la economía interna, que el propio gobierno ha pervertido, solo tiene carácter de “show mediático” de acto de utilería proselitista. En verdad, el único juramento que se ha dado aquí, el que se esconde bajo este otro, es el de Maduro con el sector castrense venezolano. Un pacto, por lo demás imprescindible para Maduro, quien se debe sentir, para decirlo en criollo, como “cucaracha entre gallinas” con tanto militar que lo acompaña en el gobierno. Y para muestra de ello, está el reciente aumento salarial al estamento militar, de hasta el 60%, de una sola vez, mientras  otros trabajadores del sector público lo reciben troceado. La justicia salarial no puede tener preferencias. Que los militares resulten favorecidos con aumentos, como acaba de ocurrir, y se les de facilidades para obtener los bienes del “buen  vivir” que a otros se le niegan o dificultan, solo sirve para demostrar el alto grado de demagogia que es capaz de alcanzar el actual gobierno y los verdaderos objetivos que lo mueven.

Pero si el gobierno quiere utilizar a la ejercito en su lucha contra la economía del racionamiento, al mejor estilo cubano, que se ha impuesto en el país, así como contra la corrupción que la corroe y la miseria que nos persigue como un lobo hambriento, por qué no empieza por combatir la venta a precios exorbitantes por parte de la economía informal, de los productos de primera necesidad que como harina de maíz, aceite, leche en polvo o margarina, los supermercados y cadenas de distribución de alimentos tienen la obligación legal de vender a precios regulados. Un fenómeno muy frecuente, sobre todo en estados fronterizos como Táchira o Zulia, que ocurre a la luz del día y en las narices de las autoridades que como la Guardia Nacional, están llamadas a fiscalizar el acaparamiento y la venta irregular de esos productos. Por qué no le hacen la guerra a las mafias que llevan esos alimentos regulados, o la gasolina, más allá de la frontera para venderlos a precios superiores en ciudades como Cúcuta o Maicao, aumentando la escasez local. O porque no combaten el acaparamiento donde debe ser, en lugar de decomisarle a quienes llevan, viajando en autobús desde Caracas, esos mismos productos de primera necesidad para sus familiares en el interior del país, donde no se consiguen o escasean. O porque el “presidente obrero”, como gusta llamarse, no les paga los beneficios que les corresponde a los trabajadores del sector del hierro en el Estado Bolívar, en lugar de amedrentarlos con la Fiscalía como si fuesen delincuentes, o amenazarlos con la toma de Sidor por el pueblo, ¿es que acaso los trabajadores no son pueblo?. ¿De la defensa de cual economía estamos hablando?, porque de la del pueblo ciertamente, no es.

Razón tiene el Senado de los EEUU al hablar en su reciente resolución sobre Venezuela de “intimidación gubernamental contra la oposición en Venezuela”; debiéndose entender por oposición, todo sector que exige sus derechos al gobierno, que no coincide con alguna de sus  políticas o que simplemente dice algo que no le gusta al oficialismo.

Hasta ahora, el carisma de un líder, el populismo de las misiones en los barrios y el  conformismo social, sirvieron de aliados a los catorce años de gobierno de Chávez; pero cuidado, se puede seguir jugando con la ignorancia, pero  no con el hambre de un pueblo.

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