EGILDO LUJAN NAVA, LA REBELIÓN DE LOS “BACHAQUEROS”, FORMATO DEL FUTURO…

Pocas veces es ya esgrimida públicamente la cara y el cuerpo de la publicación que registra el contenido de “la mejor Constitución del mundo”.

Si acaso es liberada momentáneamente de la humedad que provoca el sudor de quien la lleva en el bolsillo de alguna indumentaria para la ocasión, para ser empleada como instrumento referencial de lo que debe acatar y cumplir el ciudadano.

Inclusive, para ser agitada en el medio del momento útil, mientras se dice en alta voz que se procede y se actúa con base en su espíritu y articulado, aunque luego publicación y normas vuelvan al sitio de donde fueron extraídas, para pasar otra vez al reposo de siempre, a la ignorancia de todos los días, al incumplimiento que se maquilla de cumplimiento verbal.

Nadie como quienes juraron cumplirla y hacerla cumplir, para que describan con amplitud de detalles porqué no honran su juramento; en dónde es que realmente termina el alcance de esa obligación, y en dónde comienza la subjetiva interpretación que permite desconocerla, para que luego pase a ser el útil soporte de otra concepción de la que emergen fundamentos jurídicos que no son tales, pensamientos que son imperceptibles y bases ilegales que sólo existen la mente interesada del violador de la norma.

Así ha nacido una fundamentación política conocida como socialismo y que fue engendrada entre las sombras, mientras se le atribuyó una paternidad revolucionaria casada con la concepción de la magnificencia del Estado, para sepultar esencia, principios y valores, a cambio de una vida de iguales entre iguales, aunque ocultando que los iguales serían luego los menos.

La habilitación del ejercicio administrativo y de la armazón de disposiciones de orden legal, desde luego, ha servido para escamotear derechos ciudadanos. Pero, además, para cultivar utopías al amparo de la posibilidad de ignorar protagonismos  participativos, y de apartar la valoración cierta de la ética en funciones de conducción, para que sea el proceso punitivo el que determine hasta la somera viabilidad de discrepar.

Venezuela está llena de conductas individuales, grupales y hasta colectivas que ignoran la importancia de acatar y cumplir con las leyes. Sin duda alguna, ha habido un aprendizaje bien cimentado de la ventaja de actuar al margen de la norma, menospreciando la ley. Tanto ha avanzado el país en dicho proceso, que desconocer el principio y espíritu de la norma, es ya lo rutinario; es la nueva costumbre que se expande sin impedimentos, libremente; que, inclusive, se le inyecta vigencia y tolerancia,  en un juego macabro cuyo desenlace no garantiza paz ni justicia.

Las leyes, en el devenir de la convivencia, son inspiración de un legalismo influido por el empuje del llamado pragmatismo político, más interesado en disponer de un recurso “legalmente apropiado” para el accionar circunstancial, que para que las instituciones propias del Estado hagan sentir autoridad, gobernabilidad, civilización, disciplina, respeto. En fin, vencimiento del tribalismo, erradicación del salvajismo propio de las sociedades que insisten en defender derechos  y vivir entre cavernas.

Hoy el Estado de la magnificencia no pasa de ser una caricatura montada en el pedestal de un preocupante deslave gubernamental. La “colectivización”, ese llamado componente imprescindible para que la revolución no fracase, a decir de algún connotado titular de la cuarentena de ministerios, es voz y mando. Y su actuación es un derecho por servicios que se prestan, en el medio del rugir de motores, del libre aprovechamiento del espacio público, sin reparo a lo que es indebido, a lo que no es legal.

La “colectivización”, en fin, es la misma fuerza que le impone a modestos ciudadanos a sentirse obligados a despojarse de vestimentas para llamar la atención de quien no quiere atenderle dentro de los espacios de un ente público. 0 también, es la voz de quien, libremente, sin reparo alguno, y desde cualquier posición gubernamental, descalifica, acusa, señala y destruye moralmente a quien no merece ser destruido. Y  ya, como el colmo del menosprecio por la norma, pero con  el mismo espíritu “colectivista”, se conduce al Parlamento desde la égida  de un dedo inquisidor que, además, castiga, anula el debate y lo reemplaza por la unilateral administración del silencio de representantes populares; todo, en presencia del resto de aquellos que también fueron electos precisamente para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, pero que optan por desentenderse del compromiso moral, mientras incorporan a su verbalización extramuros un acartonado concepto de nueva ética política.

Inquieta, sí, que esa situación en indetenible expansión que ignora participación,  protagonismo ciudadano, consulta en justo reconocimiento al derecho de ser legítimo dueño de la condición de ser venezolano, esté induciendo a una respuesta distinta. A una conducta que, más allá del rechazo frontal y decidida respuesta ante  el atropello, alimenta situaciones  y escenarios que no deberían ser tales, si se admitiera que las diferencias  son superables, cuando la voluntad del y por el entendimiento son ciertas, indistintamente del peso influyente que avivan noche y día los que necesitan seguir medrando  entre la violencia y  la anarquía.

Los trabajadores de la Siderúrgica del 0rinoco en el estado Bolívar, los habitantes de Cariaco en el estado Sucre, y los llamados “Bachaqueros” en el estado Zulia, definitivamente, han alzado su voz  para reclamar derechos laborales, exigir consultas ciudadanas  y dialogar decisiones. Y ningún individuo en ejercicio de sus responsabilidades en cargo público, indistintamente de su importancia y relevancia, puede hoy sentirse plenamente convencido y seguro que llegó para permanecer eternamente en la posición que detenta, mucho menos para presumir de su libertad para actuar al margen de la norma, creyéndose miembro infalible para desestimar los derechos de  quienes tiene ante sí, de los que espera obediencia y acatamiento.

Y tan válido es calibrar la importancia y trascendencia de quienes, en masa, exigen que se les respeten sus derechos. Como la de aquellos que, individualmente, insisten en demandar respuestas a los suyos, tengan o no relación con la solicitud de una divisa para no verse obligados a cerrar sus empresas, o con su reclamo de atención en un hospital público, y en donde para ser atendido se le exige no sólo llevar su problema de salud, sino también cada uno de los bienes o productos imprescindibles para ser salvado, si ese fuera el caso. 0 que en vista de que el abastecimiento de ciertos equipos, reactivos, medicinas y hasta especialistas han dejado de ser prioritarios, por la subvaloración que reciben de las autoridades, es preferible viajar al país vecino más cercano que dispone de toda esa infraestructura, para otra a una posible recuperación y eventual reencuentro con la vida misma.

Egildo Lujan Nava ,

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