AUTORES AL FINAL DEL DOCUMENTO A LA NACION Y A LA M.U.D. LA SALIDA CONSTITUYENTE

Frente a la grave situación que vive el país, amplios sectores de la mayoritaria oposición venezolana han planteado la convocatoria a una Asamblea Constituyente por iniciativa popular, de acuerdo con el artículo 347 de la Constitución. En carta enviada recientemente se le formuló esta propuesta a la Mesa de la Unidad Democrática. El rumbo que han tomado los acontecimientos políticos sociales, y económicos en los últimos meses, evidencian y ratifican los sólidos fundamentos sustentados en aquella proposición.

A las puertas de las elecciones municipales del 8D, se acentúan los efectos de una crónica y caótica ingobernabilidad, y la llamada revolución afronta su más difícil momento. El deterioro es de tal magnitud que Nicolás Maduro al presentar el Proyecto de Ley Habilitante acepta el fracaso que constituye la herencia dejada por el Comandante Supremo. Reconoce que nos azota una crisis económica y una grave crisis ética y exige poderes extraordinarios para combatir la corrupción sembrada por ellos mismos. Después de 13 años admite la mengua de la producción nacional. Triste realidad que nos condujo a lo que, en su discurso, ha bautizado como “cadivismo”. Este fenómeno tiene su origen en  la confiscación y quiebra de empresas; en la invasión de  prósperas tierras que constituían núcleos de producción de alimentos y de empleo estable; y en un absurdo control de cambio decretado en la época de mayor ingreso petrolero, sólo con el fin de controlar políticamente la actividad productiva y la vida económica del país. Maduro también ha confesado que el ritmo de consumo aumentó considerablemente sin que aumentara la producción interna capaz de satisfacer la demanda de los bienes requeridos por la población. De esta forma nos convertimos en la república de la inflación y las importaciones, dependiente únicamente del ingreso petrolero destinado a comprar  lo que  dejamos de producir. Esta parálisis de la producción, así como las importaciones masivas, y el control cambiario en manos del gobierno, constituyen un trinomio nefasto que ha contribuido a corromper y distorsionar la actividad económica y la gestión gubernamental. En Cadivi, tal y como lo reconoce el señor Maduro se enquistaron grandes negociados a través de un sistema mafioso que condiciona a la actividad del comercio y de las industrias que aun subsisten en medio de la crisis. Y Obviamente, quien fue Presidente de la Asamblea Nacional, Canciller y Vicepresidente no puede presentarse ante los venezolanos como ajeno a tal desastre.

Como ocurre en todo régimen de prácticas totalitarias se acude a la denuncia de los “enemigos de la patria”, a los que en este caso se señala como responsables de una supuesta guerra económica; y en la Asamblea Nacional Maduro intenta involucrar a la perseguida oposición venezolana en el terrible flagelo de la corrupción. Mientras tanto, a su lado, ese día destacaron las presencias de connotados personajes denunciados ante la opinión pública, la contraloría, la fiscalía y los tribunales por actos de peculado y enriquecimiento ilícito. Si fuese sincero Maduro, sólo tendría que haber activado al CICPC o al SEBIN para durante esa sesión detener a conmilitones suyos allí presentes, responsables del saqueo a la Nación.

El deterioro del gobierno le lleva a radicalizar posiciones y a estrechar aún más la vía democrática, persiguiendo a líderes de oposición, a los medios de comunicación y a cualquier manifestación de disidencia. Por este motivo, al solicitar poderes habilitantes Maduro rechaza lo que llama “el fetichismo jurídico” y anuncia que seguirá pasando por encima de las “formalidades burguesas” que afecten los intereses de la revolución. Afirma que la revolución entra en una nueva etapa y que será implacable en la persecución de los enemigos del proceso. Traduciéndolo, leemos claramente la amenaza al cada vez más raquítico Estado de Derecho, y la decisión de continuar violando los principios democráticos para impedir el derrumbe del régimen. En esa línea de conducta se tomó la decisión de lograr los poderes habilitantes “contra la corrupción”, a través de la compra del “diputado 99”, constituyendo este proceder oficialista una muestra más de la contradictoria moral del régimen.

Todos los dichos y actos del gobierno presagian para Venezuela la instauración de un régimen dictatorial que finalmente se despoja de las apariencias democráticas. Para ello, calcando el tradicional modelo socialista totalitario, se anuncia la monopolización en manos del Estado de las importaciones, y la distribución de la producción. La iniciativa privada a sido sustituida por las ya fracasadas empresas socialistas, es decir por los “socialistas parasitarios” que acrecentarán aun más la escasez, la inflación y la corrupción.

Unida a esas decisiones se implementan otras en el plano político-represivo. La creación del Centro Estratégico de Seguridad y Defensa de la Patria (CESPPA), mediante el Decreto 458 del 7-10, invocando “la voluntad de lograr la mayor eficacia revolucionaria, en la construcción del socialismo, y la refundación de la nación venezolana”, consagra un modelo sustentado en la represión militar. En manos de dóciles oficiales de la Fuerza Armada, se constituye un organismo que sistematizará la sanción a quienes informen y opinen en términos que a juicio del régimen, constituyan mentiras subversivas destinadas a desestabilizar. La cárcel es el lugar en el que el gobierno quiere encerrar la verdad. Salvo en Cuba, en ningún otro país, incluyendo a los del ALBA, se ha militarizado el delito de opinión. Esto es parte del “gran salto” que desde hace algún tiempo viene anunciando Nicolás Maduro.

Ante estas realidades, la oposición venezolana tiene que asumir una decisión muy importante: propiciar mediante la convocatoria popular el cambio del régimen que impera en Venezuela.

Consideramos que el liderazgo democrático no puede aceptar un sistema  ilegítimo. Y frente a la propuesta de algunos sectores que han planteado “pasar la página”, estimamos que la continuidad del gobierno de Maduro, consolidará un proceso totalitario del cual no podremos salir.

Pasar la página implica, cuando menos, una ingenua complicidad. Reafirmamos que es el pueblo soberano, en ejercicio de su legítimo derecho constitucional, el llamado a relegitimar los poderes públicos y decidir su destino, a través de una Asamblea Constituyente. Y en la actual situación venezolana no es posible esperar un Referéndum Revocatorio en mitad del período. En ese momento el totalitarismo se habrá consolidado, o la dimensión del caos podría llevarnos a situaciones de  trágicas consecuencias para la existencia de la república.

Ratificamos la petición que han formulado numerosos sectores democráticos a la dirección política de la Unidad, para que junto a la lucha por las victorias municipales, guie el proceso Constituyente que permite la reunificación de la república y el rescate de las libertades.

Si no se logra una salida legal, constitucional y democrática que canalice la crisis, Venezuela sucumbirá en manos de la dictadura y la violencia.  cian la situación del país.

Creemos que ignorar los hechos que están a la vista, y reducirnos a una mentalidad restringida a lo electoral, sería otorgarle de manera imperdonable una ventaja muy importante a quienes, a pesar de sus errores, han tenido éxito en el logro de sus perversos objetivos.

Frente al desastre nacional no podemos quedarnos sin producir respuestas claramente definidas, en el camino a la recuperación democrática. Tenemos que definir ante el país cual será el plan del mayoritario sector democrático para detener la destrucción de Venezuela y reconstruir la armonía y la unidad nacional.

Los resultados de las elecciones municipales son decisivos para la lucha libertaria venezolana. Las semanas que quedan hasta el 8 de diciembre deben ser utilizadas no sólo para la consolidación de la maquinaria organizativa y del eficaz proceso  proselitista. El triunfo en las municipales debe alimentarse con la idea del cambio nacional. Es decir el cambio del gobierno, el cambio de quienes manejan las instituciones, y por sobre todo el cambio de este régimen por uno verdaderamente democrático, descentralizado y participativo.

Con estos principios nos suscribimos ante el país

Oswaldo Álvarez Paz, Abdón Vivas Terán, Juan José Monsant  A.,  Julio Sosa Pietri,  Gehard Cartay,  Luis Barragán,Jorge Villegas, Ezequiel Zamora, Andreína Martínez, Carlos Diez, José Rafael García, Luis Farías, Julio César Moreno León.

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