Mientras
el continente se asienta en un próspero crecimiento económico, a excepción de
Cuba y Venezuela, todavía persiste el anacronismo de la existencia de presos políticos
en Argentina y otros países de la región. Se trata de militares injustamente
detenidos por la izquierda que actualmente nos gobierna. Es la vendetta de la
izquierda, el precio que ha habido que pagar por haber derrotado a la
subversión marxista en las décadas de los setenta y ochenta.
En
el caso argentino, no olvidemos que estos militares juzgados fueron, en la
mayor parte de los casos, los hombres que libraron la lucha contra los
Montoneros y otros grupos de carácter insurgente en la década de los setenta,
pero también quienes arriesgaron con sus vidas la defensa del Estado argentino
y evitaron que el país cayera en una experiencia de corte comunista. Derrotaron
militarmente al marxismo en los tiempos de la Guerra Fría.
La
nefasta llegada de los Kirchner al poder, allá por el año 2003, fue el comienzo
de su pesadilla, el regreso de la venganza de la historia por haber hecho
frente a la amenaza comunista en una Argentina que se veía envuelta en una
guerra civil cruenta y salvaje, implacable y despiadada.
Argentina
es, sin embargo, el caso más paradigmático y también el más grave, tanto por la
cantidad de presos políticos detenidos -más de un millar- y también porque se
han violado las más elementales normas jurídicas y casi todas las garantías procesales.
Por
ejemplo, con absoluto descaro se han vuelto a juzgar delitos que ya habían sido
juzgados en la década de los ochenta. Se anularon, contraviniendo la legalidad
vigente y la necesidad de un acuerdo social sobre este asunto, las Leyes de
Obediencia Debida y Punto Final puestas en marcha por el presidente Carlos
Menem.
Además,
en contra de todas las convenciones internacionales y los más elementales
derechos humanos, se condena a ancianos enfermos a largas penas sin apenas
defensa, se incumple la edad máxima para estar en prisión -70 años- en el caso
de este colectivo, se someten a largos controles y rigurosos exámenes
policiales a los presos, que muchas veces pasan largas horas de espera hasta
llegar a los tribunales, y se les destina a prisiones muchas veces situadas a
largas distancias de donde residen sus familiares y amigos. En definitiva, se
trata de un lento y programado plan de exterminio que ya está dando sus frutos:
más de 217 ancianos militares detenidos ya han muerto en presidio. El resto,
seguramente, lo harán en los próximos años.
Mientras
los hombres que libraron a la Argentina del terrorismo y una segura tiranía
siguen en la cárcel, los antiguos terroristas, como el líder montonero Mario
Firmenich, gozan de plena libertad de movimientos, han sido amnistiados e
incluso gozan de cierta popularidad y prestigio entre la muchachada de La
Cámpora. Es la nueva versión del mundo al revés.
Víctimas
de una justicia asimétrica, que premia a los terroristas y condena al
exterminio a los militares, los últimos presos políticos del continente
constituyen un cruel anacronismo de nuestro tiempo. La demostración gráfica del
sadismo de una izquierda que ni olvida ni perdona, pese a lo que pregonan, y
que viven en el espíritu de una venganza permanente que no busca, precisamente,
la reconciliación, sino la vigencia de un odio que mueve sus pérfidas ideas. Y
también la persecución de aquellos que lucharon por la libertad y contra la
satrapía comunista.
Querían
para la Argentina la repetición del modelo cubano, la primera isla-prisión del
mundo, y el tiro les salió por la culata; eso es lo que no perdonan y por lo
que ahora pagan ese puñado de valientes soldados que les combatieron en su
momento. Los militares argentinos, privados de todo reconocimiento y situados
en el epicentro del repudio social, eran sus enemigos a batir. Nunca aceptaron
su derrota y ahora se la cobran.
mariajuliavalencia@gmail.com
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