Resulta muy común asociar el concepto de
Políticas Públicas (P.P.) con las acciones de gobierno al asumir erróneamente
que todo lo público es exclusivo del campo gubernamental; siendo que realmente
no toda acción del Estado y del gobierno es una P.P. ni son los únicos que
pueden definirla y ejecutarlas.
En tal sentido, las P.P. son finalidades del
gobierno en aras de resolver problemas considerados como públicos enmarcados en
programas de gobierno a la luz de un Plan de Desarrollo. Es de resaltar que el
“conjunto de problemas” seleccionado por el gobierno para darle la condición de
P.P. depende fundamentalmente de la naturaleza del régimen político y de la
capacidad de movilización de la sociedad, en el entendido que son el medio que
facilita la interacción orgánica entre el Estado y la sociedad civil.
El desencanto con la democracia está muy
asociado con la calidad de respuesta a las demandas sociales, es decir por una
crisis de P.P. habida cuenta que los Planes de Desarrollo (con sus programas y
proyectos) usualmente sólo contienen lineamientos generales de P.P. aisladas de
un norte planificador, hecho que denota marcada imperfección en las relaciones
entre el Estado y la sociedad ante la evidente falta de coordinación con otros
actores (públicos y privados), lo cual dificulta la fase de formulación e
instrumentación de las decisiones de gobierno en aras de corregir desajustes
sociales al quebrarse los procesos de mediación política y social propiciando
un soslayamiento de la participación ciudadana que se intenta sustituir por un
marco jurídico que genera leyes pretendiendo generar políticas obviando, por
una parte, el carácter público de las políticas (intervención de actores
diferentes al gubernamental) y por la
otra el impulso que confiere la participación ciudadana (formulación de P.P.) a
la consolidación de la democracia.
Compartimos la tesis según la cual la unidad
básica para la materialización de las P.P. son los municipios ya que las pueden ejecutar desde las características
particulares de las problemática que presentan, haciendo posible la generación
de espacios de diálogo para la toma de decisiones de forma más horizontal en el
contexto de una democracia participativa.
En lo especifico de una P.P. económica, su
estructura responde a políticas macro definidas a lo largo del tiempo tales
como la fiscal, monetaria, cambiaria—entre otras—que sólo requieren de ajustes
marginales en un todo de acuerdo con las circunstancias; con una clara separación entre el ámbito
económico y el político distinguiendo “el énfasis técnico-económico de política
económica” y “el énfasis socio-político”, tal y como recuerda la siguiente cita: “(….) no hay
problema técnico de cómo dar fin a la inflación. Los verdaderos obstáculos son
de orden político, no técnico”. De igual modo, la puesta en marcha de un Plan
de Desarrollo implica la existencia de una agenda gubernamental elaborada con
insumos del sistema político con la lógica de P.P. vinculando lo económico, el
desarrollo, la población y la fuerza de trabajo como base de la actividad
económica en función de producir bienes y servicios; en el entendido que el
tamaño de la democracia se corresponde con el tamaño de la participación
ciudadana.
En fin, podemos inferir que los ciudadanos aspiran un gobierno de
resultados obtenidos mediante Políticas Públicas de relevancia propias de un
sistema democrático, no credos ideologizante, ni doctrinarios característicos
de sistemas totalitarios.
@jagp611
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